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Por Roberto Gargarella *

En el mes en que se cumplen 10 años de la reforma constitucional tiene sentido detenerse a reflexionar sobre lo que la Constitución nos ha ayudado, en todo este tiempo, a ganar (o perder) en términos de libertad personal y autogobierno colectivo. Ello, sobre todo, cuando resulta tan habitual que, algo irresponsablemente, se nos diga que “la Constitución no es el problema, el problema es que no la cumplimos”. Contra lo que frases como aquella sugieren, lo cierto es que la Constitución ha sido y sigue siendo parte de nuestros problemas, por lo que vale la pena que evaluemos a la misma, ante todo, respecto de sus dos propósitos principales, es decir, establecer las mejores reglas de juego para que decidamos cómo vivir nuestra vida en común y fijar claramente los límites que nuestras decisiones colectivas no deben cruzar.
En este sentido, la nueva Constitución argentina enfrentó un test crucial sobre el valor de su contenido durante la crisis del 2001 y el resultado no pudo ser más decepcionante. Por la obstinación de los constituyentes a mantener el carácter hiperconstitucionalista de la vieja Constitución, la nueva se mantuvo tan inflexible como la anterior frente a situaciones de crisis extrema. La Constitución fue, así, incapaz de reaccionar frente a la catástrofe, incapaz de poner frenos a los peores impulsos de algunos e incapaz de abrir puertas laterales cuando el gobierno de turno se derrumbaba. Lo que en otro sistema de gobierno hubiera implicado por caso, el recambio de un primer ministro por otro, aquí se convirtió en una explosión social y política traumática, que dejó civiles muertos y un régimen institucional malherido. El recambio presidencial fue entonces desordenado, violento, con dirigentes que no sabían –ni podían saber– siquiera, si lo que estaban haciendo era, constitucionalmente permisible o no. En definitiva, la Constitución que debía venir en nuestra ayuda sirvió, por el contrario, para introducir confusión y bloquear alternativas de salida, radicalizando las dificultades existentes hasta hacerlas estallar. Pero las cosas son aún más graves. Basta con remontarse a los días de aquella crisis para ver de qué modo la extraordinaria potencia de la intervención cívica, la desprendida vocación mostrada por tantos para discutir con otros, exigir cambios, proponer modestos rumbos futuros, se perdió enredada en una trama institucional preparada para resistir y expulsar, antes que para aprovechar y expandir aquellos impulsos cívicos. Que aun en circunstancias como aquéllas los grupos en el poder pudieran resistir frente a las fuerzas que empujaban el cambio, nos habla menos de las tristes destrezas de algunos que del nivel de las trabas impuestas sobre nosotros por el sistema constitucional.
Como si no hubiéramos tenido tiempo para aprender de los errores pasados, como si no se hubiesen escrito luminosos textos sobre cómo repensar la Constitución, como si todos nuestros problemas dependiera de “hacer política de otro modo” o de crecer económicamente –y no también, y de modo decisivo, de las reglas institucionales vigentes– la nueva Constitución mantuvo viva en sus líneas fundamentales a la anterior. Permitió, así, la supervivencia de un sistema hiperpresidencialista que resulta, sin dudas, el más contrario al ideal de la deliberación democrática; favoreció a la perpetuación de un sistema representativo más sensible a la presión de los grupos de interés que a las demandas de una ciudadanía puesta de pie; protegió a una Legislatura estructuralmente incapaz de reflejar la diversidad de voces existente en la sociedad y mantuvo esencialmente intocado el poder de una elite judicial todavía ampliamente distinguida por su composición sesgada en materia de género, clase social, orientación política o religión (elite que, eso sí, se elige ahora de un modo ineficiente pero más transparente que hace diez años). Por lo demás, la nueva Constitución se mostró básicamente indiferente ante un esquema institucional virtualmente vaciado de foros públicos –un sistema que distribuye la palabra pública de acuerdo con el dinero (o la capacidad para seducir al dinero) que tenga cada uno–. Asimismo, en materia de derechos, la Constitución decidió ser más explícita que antes(explícita hasta la sobreabundancia), pero careció del coraje necesario para afirmar sin eufemismos los derechos más básicos de cada uno –es decir, en esta área, como en otras, la Constitución podría haber hecho mucho más con mucho menos–. Haremos bien, entonces, en festejar este décimo aniversario de la Constitución alejados del dogmatismo, el conformismo o la irracional resistencia al cambio de muchos de quienes trabajaron por ella.

* Profesor titular de Teoría Constitucional. UBA/Di Tella.