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El Ministerio de Seguridad Bonaerense presentó dos denuncias judiciales que involucran a algunos de los 37 hombres de la zona de San Isidro desplazados la semana pasada. En una de las causas, se imputa al oficial principal Jorge Luis Román porque le habría dado cobertura a un prostíbulo de Vicente López en el que se explotaban menores traídos de países vecinos y, además, se vende droga. Román fue uno de los voceros de la protesta de policías del viernes pasado en Victoria. La otra causa judicial tiene como eje al oficial Luis Ricardo Cornejo y la base está en una denuncia aportada por el camarista Fernando Maroto: los cargos son los mismos, darle cobertura a la explotación de prostitución y venta de drogas, pero la diferencia es que en este caso se aportan fotos que se constituyen como pruebas. Comisarios y subcomisarios están protestando por los desplazamientos. En algunos casos argumentan que la medida contra ellos es arbitraria porque no tienen responsabilidad sobre cada uno de sus subalternos sancionados y reclaman que se les explique, persona por persona, cuál es la razón para haberlos dejado fuera de la Bonaerense.
La polémica por los desplazamientos de policías tiene en el caso de la zona de San Isidro un ingrediente adicional: algunos de los foros ciudadanos de seguridad han salido en defensa de varios oficiales desplazados o, al menos, piden una explicación clara de los motivos de su expulsión de la fuerza. El ministro de Seguridad, León Arslanian, cuenta con un instrumento categórico, la Ley de Emergencia Policial, que le permite sacar de la Bonaerense, sin ningún proceso burocrático, a cualquier integrante de esa fuerza. En La Plata juran y perjuran que nadie es echado por capricho y que cada desplazamiento tiene su razón de ser.
En la movilización del viernes pasado, el principal Jorge Román le dijo a Página/12 que “nadie me supo explicar el motivo de mi desplazamiento. No tengo ninguna causa ni sumario administrativo. Este es un capricho de Arslanian”. La respuesta llegó ayer desde La Plata, a partir de un sumario muy reciente, el 7437/1004 (ésta última cifra significa octubre de 2004), traducido ahora en una denuncia penal ante una fiscalía de San Isidro. Lo que se le imputa a Román es que le habría dado protección a un prostíbulo en Vicente López, donde trabajan chicas menores de edad traídas desde Paraguay. En el lugar, además, se vendían drogas.
Otro caso es el del subcomisario Carlos Cosnard. La acusación en su contra es que en su comisaría revistaba Luis Cornejo, a quien se le imputó ante la justicia, sobre la base del sumario 7442/1004, también la presunta protección de prostíbulos y venta de drogas, lo cual aparece probado mediante fotografías que le llegaron al juez Maroto.
En diálogo con este diario, Cosnard, de aspecto muy humilde, sostuvo: “Yo no puedo saber todo lo que hace un subordinado. Si es un delincuente que lo metan preso. Si a mí me prueban que me enriquecí o que tengo algo que ver, que también me metan preso. Pero yo no tengo ni para pagar la cuota del mes que viene de mi casa, que está en un barrio policial. Además, mi comisaría era la de índices delictivos más bajos de la zona. En todo el mes robaron en mi zona apenas cinco autos y hace menos de diez días recibí una felicitación de Arslanian”.
En el Ministerio de Seguridad bonaerense argumentan que Cornejo, acusado ante la justicia de delitos graves, era uno de los 30 efectivos de la comisaría a cargo de Cosnard, y que por lo tanto el jefe no puede haber desconocido las andanzas de su subordinado. El foro de seguridad de San Fernando respalda a Cosnard y pidió un informe de las razones de su desplazamiento.
Otro efectivo que protestó el viernes fue el cabo primero Carlos Santillán, de la comisaría quinta de Vicente López. Santillán aparece en el sumario de Asuntos Internos número 7332/904 y en la causa judicial deSan Isidro número 234.188. Varios comerciantes lo denuncian por cobrar para darles custodia, o sea que Santillán es señalado como recaudador de sus superiores.
En ese sumario y en la causa judicial también fueron imputados los comisarios Miguel Angel Provenzano, Fernando Lentini y José Eduardo Marinelli, para quienes supuestamente cobraba Santillán. A ello se agrega que hay faltantes en lo que se llama Polad, el servicio de policía adicional, que es dinero que pagan clubes o particulares cuando se les suministra una custodia pedida específicamente. En ese caso, en los registros del dinero entrante hay omisiones y, por lo tanto, liquidaciones con faltantes de dinero. Provenzano era el jefe del comando de patrullas y, según el Ministerio de Seguridad, debía controlar lo que ocurría en la zona.
Por último, quien también se constituyó en vocero de la protesta, el comisario inspector Daniel González, figura en el sumario 7163/804, denunciado por cobro de custodias truchas a guarderías náuticas. La auditoría de Asuntos Internos certificó que se le prestaban esas custodias a las guarderías con móviles y personal en servicio, pero cobrando por fuera de la fuerza y, obviamente, llevándose el dinero al bolsillo personal. En el astillero ubicado en Alvear y las vías, por ejemplo, había un patrullero en forma fija y se le cobraba en forma irregular a las empresas.
En La Plata sostienen que han analizado caso por caso, pero algunos de los declarados prescindibles insisten en que se revea su situación. La polémica seguramente continuará hoy al atardecer con una nueva concentración frente a la departamental de San Isidro.