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Cada vez que lo rozaba un escándalo de corrupción, Alberto Kohan solía desafiar a quienes lo acusaban para que presentaran las pruebas correspondientes. Caso contrario, los tildaba de mentirosos o cómplices. Para el fiscal federal Gerardo Pollicita las pruebas sobre graves irregularidades en procesos de compra y contrataciones realizadas cuando era secretario general de la Presidencia del menemismo fueron suficientes, y pidió que sea llamado a dar explicaciones en condición de acusado, es decir, que sea indagado por el juez que investiga la causa, Claudio Bonadío. Pollicita detectó el pago de sobreprecios de hasta el 113 por ciento, existencia de empresas fantasma, facturación ilegítima y contrataciones direccionadas, entre otras anomalías. Como botón de muestra, una auditoría interna detectó que se pagaban 25 pesos por paquetes de café que costaban 17, y una gaseosa de dos litros y cuarto, que se facturó a 2,45 pesos podía adquirirse en los supermercados a 1,66. Este es el segundo expediente judicial en el que Kohan se encuentra inculpado.
El nombre del influyente ex funcionario menemista figura en casi todos los grandes casos de corrupción: lavado de dinero, cuentas suizas, venta de armas, IBM-Banco Nación y mafia del oro. Sin embargo, nunca llegó a estar acusado. Esta vez sí aparece como imputado y si Bonadío accede deberá presentarse en Tribunales para ser indagado.
Según la investigación, la Secretaría General de la Presidencia que comandó Kohan se valió de un procedimiento conocido como “legítimo abono”, previsto en el decreto 2662 de 1992, que habría permitido realizar contrataciones irregulares y facturar sobreprecios. Esa norma habilitaba “la tramitación administrativa de un gasto con antelación a la iniciación del ejercicio al que será apropiado, siempre que el respectivo crédito se encuentre previsto en el proyecto de ley”, según informaron en la Justicia.
Sin embargo, los informes de la auditoría interna aclaran que “es significativo para la comprensión del mecanismo” señalar que “el reglamento de contrataciones establece la obligatoriedad de adquirir todos aquellos bienes de uso normal mediante concurso o licitación par asegurar transparencia, competencia, igualdad de oportunidades y adquisición al menor precio”, así como “llevar registros por compras y de los consumos reales”. Los investigadores establecieron que todas esas indicaciones fueron dejadas de lado y se realizaron contratos con empresas que facturaba precios altísimos. Por ejemplo, una caja de té en saquitos por 50 unidades se pagó 1,60 peso cuando costaba 0,75, un pote de yogur diet con cereal 1,05 cuando valía 0,59 y una botella de aceite 0,82, pese a que el valor de mercado era de 0,55.
Por otra parte, Página/12 pudo saber que Kohan sigue imputado de enriquecimiento ilícito, y la investigación estaría a punto de concluir aunque con escasas posibilidades de que el menemista termine procesado.