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La maestra tipo es mujer, tiene entre 25 y 45 años. Cuatro de cada diez son jefas de hogar y la mitad vive por debajo de la línea de pobreza. Hace cuatro años ése fue el perfil docente que dibujó la encuesta realizada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera). Un identikit muy alejado del imaginario tradicional sobre quién es el encargado de formar a las futuras generaciones y muy cercano a la polarización social que fragmentó a la Argentina. A partir de hoy y durante tres semanas, maestros y profesores –excepto los universitarios– de todo el país tendrán que responder las preguntas del Censo Nacional de Docentes y de allí surgirá con precisión qué formación tienen y en qué condiciones trabajan los responsables del aula. El relevamiento anterior se hizo en 1994, cuando la reforma educativa estaba en ciernes; una década después se podrá apreciar cómo impactó ese proceso en los trabajadores de la educación.
El operativo, diseñado por la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa del Palacio Sarmiento, estará en manos de 6500 censistas que recorrerán 46 mil escuelas en todo el país. Irene Oiberman, coordinadora de la Red Federal de Información Educativa, explicó que se imprimieron alrededor de un millón de cédulas censales y el costo del operativo es de aproximadamente nueve millones de pesos. Los censistas cobrarán 500 pesos por tres semanas de trabajo de campo y una de capacitación. En el ’95, convertibilidad mediante, el entonces ministro de Educación, Jorge Rodríguez, prometía en el Boletín Oficial del 11 de abril un pago de 133.903 pesos/dólares para la agencia de publicidad que diseñara el logo del censo cuyos resultados se difundieron en octubre.
Como resultado del Primer Censo Nacional Docente, se constató que en 38.330 establecimientos públicos y privados trabajaban 648.524 maestros y profesores, casi el 70 por ciento eran mujeres, más de siete de cada diez tenía formación pedagógica y el 80 por ciento trabajaba en un solo establecimiento.
Oiberman, quien también estuvo a cargo del censo hace diez años, dijo a Página/12 que “el objetivo es conocer las funciones y actividades que desempeña cada docente, la formación adquirida, la capacitación realizada y las condiciones laborales. También conocer el impacto que produjeron los cambios en la estructura del sistema (de primaria y secundaria a Educación General Básica y Polimodal) y en la currícula (planes de estudio) realizados en la década pasada sobre la enseñanza y la práctica docente. A diez años de la aplicación de la ley, podremos ver cómo es el escenario que tenemos, seguramente podremos detectar áreas en las que faltan docentes y áreas en las que hay cantidad de docentes suficientes para avanzar en determinadas currículas”.
En 1994, el principal gremio docente, Ctera, había rechazado la realización del censo; el secretario general, Hugo Yasky, explica el cambio de actitud: “La Ctera se oponía a la convocatoria al censo de Menem y esa rebelión era una forma de lucha en el marco de la resistencia contra la reforma educativa y los recortes y ajustes que todavía hoy siguen haciendo sentir sus consecuencias. Ahora la situación es distinta, hay plenas garantías de que la información estará encriptada –en aquel momento teníamos derecho a sospechar que fuera usada en contra nuestra–; la sociedad argentina necesita correr algunos velos que todavía hablan de un perfil socioeconómico del docente que no se refleja en la realidad y el censo contribuirá a eso”.
Oiberman explicó que el censo es de carácter obligatorio: “Se pedirá el número de documento porque es lo que permite establecer cuántas personas trabajan como docentes, si trabajan en varios establecimientos y jurisdicciones, es la única clave para decir esta persona tiene estas características, pero el número de DNI se va a borrar y se identificará con otra clave, de forma de asegurar la confidencialidad garantizada por el secreto estadístico según lo establece la ley 17.622/68”. La sinceridad en las respuestas es clave para determinar realmente la carga horaria, sobre todo de los profesores de educación media. Los distintos estatutos establecen un tope en cada jurisdicción, pero el deterioro salarial alimentó un círculo vicioso en el que muchos docentes acumularon horas más allá de ese límite, lo cual repercute en la calidad de la enseñanza.
En marzo estarán los resultados preliminares y en octubre, el procesamiento definitivo del Segundo Censo Nacional Docente. El nuevo identikit permitirá mostrar qué pasó con los maestros y profesores en un sistema donde la provincia de Buenos Aires, que concentra casi la mitad de los alumnos del país –4,5 millones–, dejó caer en el último año 100 mil estudiantes de Polimodal y 74 mil chicos de la EGB, el nivel obligatorio. Una deserción que tendría que alarmar a las autoridades y obligarlas a dar respuestas y no sólo alimentar diagnósticos.