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El ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian está preparando una batería de profundas reformas para producir un fuerte cambio en la estructura de seguridad del conurbano. La liberación de Patricia Nine es un alivio para el equipo del ministro, pero el acento de los planes en estudio está en la prevención. El cambio más inminente es que cada municipio del Gran Buenos Aires tendrá un comisario a cargo de la seguridad y las investigaciones, es decir que el intendente –y los ciudadanos– contarán con un interlocutor directo con el cual tratar todos los temas de seguridad. Esa estructura se llamará Policía Distrital y ya hay acuerdo para implementarla –se arregló el sábado entre los intendentes y el propio Arslanian– en lo que hoy es la Departamental San Isidro, es decir Vicente López, Tigre, San Fernando, Pilar y San Isidro. A mediano plazo, se estudia una medida todavía más audaz: que cada municipio tenga un comisionado de seguridad, votado por los ciudadanos en elecciones separadas de las de cargos legislativos o ejecutivos. Será el gran supervisor civil de seguridad.
El otro plan importante en discusión consiste en disolver los comandos de patrullas, los grupos Marea e incluso lo que hoy es la cabeza policial, las departamentales. Los efectivos que están en esos cuerpos pasarían a las comisarías, con lo cual se duplicará la cantidad de policías en cada comisaría. Estas pasarían a ser el centro de toda la seguridad, con responsabilidad del comisario en cualquier cosa que ocurra en su zona. Si hay muchos robos o secuestros, las miradas apuntarán sobre él. Por último, se evalúan nuevos controles e incluso una tercerización del seguimiento de las horas extras, para evitar el sistema dos-cuatro-diez: el subalterno hace dos horas extras, le pagan por cuatro y firma que hizo diez. La diferencia enorme –la mitad de lo que se paga en horas extras– se la quedan buena parte de los oficiales. En las próximas semanas, Arslanian decidirá cuáles de estas ideas se implementarán.
Efecto Nine
La liberación de Nine afloja un poco la tensión sobre “Investigaciones”, una de las dos grandes ramas de la Bonaerense. A cargo del subsecretario Esteban Marino, esta rama debe esencialmente esclarecer casos que están en marcha o ya se produjeron, no sólo de secuestros sino también de otros delitos. La principal evolución en ese terreno es el mejor trabajo conjunto que hoy tienen la Bonaerense con la SIDE y la Federal, algo que se logró en los últimos meses por presión de casi todos los participantes, incluidos el presidente Néstor Kirchner, el gobernador Felipe Solá y el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Las relaciones siguen siendo tensas y a cada paso aparecen internas que afectan la seguridad, pero todos coinciden en que hubo un buen trabajo de equipo en el caso Nine.
Sin embargo, para la sensación térmica de seguridad de la población el punto clave es que los hechos se produzcan en la menor medida posible. La departamental de la Bonaerense de San Isidro –que abarca esa localidad, Vicente López, San Fernando, Tigre y Pilar– es la zona donde inicialmente puso un pie la gente del Ministerio de Seguridad bonaerense por una razón obvia: en esa enorme zona se producen buena parte de los secuestros, el delito de moda. Después de 60 días de trabajo, el equipo de Arslanian dejará la zona a fin de mes. Después, el equipo de análisis y control de seguridad pondrá sus ojos en San Martín. Sin embargo, a partir de lo estudiado en San Isidro ya se están esbozando algunos cambios de fondo que integran un menú amplio del cual el ministro Arslanian seleccionará las políticas que definitivamente se van a instrumentar.
Policía distrital
A partir de la saturación de efectivos en San Isidro, incluyendo hombres de la Prefectura y la Gendarmería, en las últimas semanas se produjo una especie de desplazamiento de los secuestros extorsivos. Los más resonantes casos se produjeron en Moreno –Nine–, La Matanza –Vladimiro Kosir–, Baradero –Claudia Miranda– y Escobar –Roxana Yevara–, aunque secuestros express sigue habiendo en casi todo el conurbano e incluso en la Capital Federal.
En el equipo de Arslanian, cuyo hombre de control en San Isidro fue el retirado de Gendarmería Enrique Galessio, la idea es fortalecer la presencia policial, pero de acuerdo con un mapa del delito. Por ello, no puede funcionar bien una estructura departamental como la que existe en San Isidro y que va de Vicente López a Pilar, un área enorme. Eso hace que se busque ahora la Policía Distrital, lo que significa que un jefe policial será responsable de una zona limitada a un municipio. De esa manera, el intendente de Vicente López tendrá diálogo con un jefe policial encargado únicamente de esa zona, y los vecinos también tendrán un referente policial preciso ante el cual plantear sus problemas y quejarse. De entrada, a los intendentes no les gustaba demasiado cargar con la responsabilidad en la cuestión seguridad, pero en el fondo ellos saben que la gente igual les echará las cosas en cara si funciona mal. Por ello los jefes comunales aceptaron finalmente una idea que el equipo de Arslanian de entrada no barajaba: que exista una policía por municipio y que el intendente tenga al menos voz en lo que ocurra. El jefe de la Bonaerense de ese distrito o municipio estará a cargo de las medidas de prevención y también de investigaciones, no dependerá del intendente, pero indudablemente el jefe comunal será una autoridad a tener en cuenta.
Todos a las comisarías
De lo visto en San Isidro, surgió una de las conclusiones de máxima importancia: no están claras las responsabilidades. Cuando se produce un hecho delictivo, pueden intervenir los efectivos de la comisaría o también los del comando de patrullas. E incluso ambos. El problema es que eso significa una superposición en la que, al final, no está claro quién tiene responsabilidad sobre lo que pasa. A esto hay que agregar la existencia de los grupos Marea, que tienen muchos efectivos preparados para una intervención rápida, por ejemplo, la irrupción en un barrio. Por último, hay una estructura por encima de comisarías, comandos de patrulla y grupos Marea, la Departamental, en la que también hay numerosos efectivos y, según los especialistas, una burocracia demasiado grande.
En principio, de lo visto en San Isidro se esboza una idea: disolver los comandos de patrullas y los grupos Marea, enviando a todos los efectivos a comisarías. Ello permitiría duplicar la cantidad de policías que hoy hay en cada una de ellas, de manera que se pueda cubrir mejor el control de la jurisdicción correspondiente. Además, quedaría claro que el comisario es el absoluto responsable de lo que pase en su zona, lo que incluye preguntarle, por ejemplo, ¿por qué se roban más autos en su jurisdicción que en la que está acá pegada?, ¿cuál es la razón por la que hay más secuestros?, ¿cómo pudo ocurrir tal hecho delictivo dentro de su zona? Es decir, que el comisario deberá responder por todo lo que ocurra en su área y, por lo tanto, peleará para que no ocurra nada.
La movida de disolver los comandos de patrulla y grupos Marea tiene dificultades que están siendo estudiadas. Por ejemplo, los efectivos de esos cuerpos trabajan menos horas que los de comisaría. Además, hay mucho mayor control sobre los efectivos que están en comisarías que sobre los afectados a los comandos de patrullas, por lo que a estos últimos no les gustará nada el cambio. El otro interrogante es si se disolverá también la Departamental o se mantendrá esa especie de jefatura intermedia.
¿A votar?
Una de las preocupaciones centrales del Ministerio de Seguridad es cómo implementar, en la mayor extensión posible, la participación de la gente en el control de la seguridad. Hoy existen los foros, que en algunas zonas son representativos y en otras son una especie de extensión del poder del intendente o el centro de actividad de quienes quieren hacer carrera política. De todas maneras, los foros son muy valorados en La Plata y la idea es buscar la mayor participación ciudadana en ellos. Sin embargo, lo que se está barajando es algo más ambicioso: la existencia de un comisionado de seguridad –por ahora la terminología es norteamericana– que sea el responsable civil en un determinado condado. En principio, un condado coincidiría con un municipio, pero ése es un aspecto a resolver.
El comisionado de seguridad sería elegido en votación general de todos los vecinos, sin mezclar esa elección con las de presidente, diputados, senadores, intendentes o concejales. El sistema existe en Estados Unidos y la perspectiva sería que el comisionado ocupe el lugar de arriba en un triángulo, donde abajo estarían de un lado, el responsable policial de seguridad del condado, y del otro un fiscal o autoridad judicial de la zona. Ese triángulo sería el receptor de todos los problemas de seguridad y allí se buscarían las soluciones.