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Hilda Flora Palacios fue secuestrada y llevada al centro clandestino de detención La Perla el 6 de noviembre de 1977. Su cuerpo apareció el 15 de diciembre de ese año en el cruce de Colón y Sagrada Familia, en la ciudad de Córdoba. La historia oficial señalaba que se había “resistido a una requisa”. Su cadáver fue enterrado en forma clandestina en el cementerio de San Vicente y 27 años después fue recuperado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Los restos de Palacios serán entregados hoy a sus hijas.
Palacios, junto con Osvaldo Raúl Cardoso, Humberto Horacio Brandalisis y Carlos Enrique Lajas fueron sacados de La Perla y dejados en la calle simulando que habían muerto en un enfrentamiento después de que no se detuvieran ante una voz de alto en un control vehicular. Palacios había nacido el 8 de octubre de 1951 en Santa Fe. Era docente y cuando fue secuestrada estaba trabajando en Córdoba como empleada. El hallazgo de su cuerpo en la fosa común que se encontró en San Vicente es una nueva confirmación de su secuestro en La Perla y su posterior asesinato.
Los restos de Palacios serán entregados hoy por la mañana a sus hijas. Por la tarde serán enterrados en el Panteón de la Memoria del cementerio de Santa Fe.
Por la desaparición, tortura y asesinato de Palacios, Cardoso, Brandalisis y Lajas están procesados el ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez y otros siete militares. En esta causa, la jueza Cristina Garzón de Lascano avaló la anulación legislativa de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Palacios es la quinta persona que el EAAF logra identificar de la fosa común de San Vicente. Los anteriores fueron Mario Osatinsky, Liliana Barrios, Horacio Pietragalla y Gustavo Olmedo. Para los organismos de derechos humanos de Córdoba, esta nueva recuperación de un cuerpo de un desaparecido es una prueba más e irrefutable de los crímenes del terrorismo de Estado. Por eso, hoy mismo los abogados de la agrupación Hijos (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y Familiares de Desaparecidos presentarán un pronto despacho en el que reclamarán que la Cámara Federal de Córdoba se expida en el plazo de tres días sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos.
Lo que ocurre es que la Cámara está demorando desde hace tres años su resolución en la causa “Menéndez”, el expediente madre sobre la dictadura en la provincia. El 15 de noviembre de 2001, Claudio Orosz y Juan Martín Fresneda adhirieron a los planteos que había realizado la fiscal Graciela López de Filoniuk y solicitaron “celeridad” en el tratamiento del caso, “pues hacía 25 años los familiares esperaban el esclarecimiento” de los crímenes cometidos. “El plazo de espera –agregan ahora– ya llega a los 28 años, sin que se haya tomado una decisión respecto al delicado tema planteado que no hace más que reseñar jurídicamente la necesidad de juicio en la búsqueda de la verdad y castigo a los culpables de delitos aberrantes y contrarios a la humanidad.”