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Una veintena de organizaciones sociales y organismos de derechos humanos presentaron ayer un conjunto de ideas tendientes a abrir “un amplio debate en la sociedad” argentina a fin de consensuar un proyecto común que sirva para fijar políticas de Estado en materia de seguridad que se alejen “del actual modelo autoritario” que al procurar “la seguridad de un determinado grupo social lesiona derechos de los sectores sociales más desprotegidos”. Las instituciones, que van desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) hasta la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), pasando por la Red Solidaria y varios centros de estudios de nivel universitario, cuestionaron en un extenso documento las políticas de “mano dura” alentadas desde el Estado por personalidades como el ex gobernador Carlos Ruckauf o por figuras públicas surgidas a partir de haber sufrido en carne propia un hecho de violencia, como es el caso de Juan Carlos Blumberg. Lo que se alienta es la discusión abierta de una serie de políticas públicas que terminen con la simple ecuación que dice: “A mayor violencia, más legislación punitiva y más castigo”.
Uno de los cuestionamientos principales está dirigido al Poder Judicial, que se limita a la “detección y castigo ejemplificador de las conductas delictivas” por ser esa una concepción “profundamente autoritaria”. En la crítica se puso el acento sobre “las desigualdades abismales que existen hoy en el acceso a la Justicia” porque con ello “no se juega solamente un problema de principios, sino también de eficiencia”. Esa desigualdad lleva a que el Poder Judicial se desvista “de su razón de ser en una sociedad democrática: el control de los otros poderes y la protección de los derechos ciudadanos. Por ello, el principal aporte que el Poder Judicial debe hacer en materia de seguridad es modificar sus prioridades”.
El documento fue firmado también por la Asociación de Derechos Humanos, la Asociación El Agora, el Centro Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral, la Conferencia Argentina de Religiosos y Religiosas, la Universidad Nacional de Lanús, el Foro de Derechos Humanos de San Isidro, el Foro para la Justicia Democrática, Poder Ciudadano, el Inecip de Córdoba, el Instituto de Altos Estudios Sociales, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, el Laboratorio de Políticas Públicas, el Programa de Investigación sobre Fuerzas Armadas, Seguridad y Sociedad de la Universidad de Quilmes, la Universidad de Rosario. También lo firman Martha Pelloni, Jorge y Raquel Witis y el rabino Daniel Goldman. Los firmantes toman como punto de partida que “la cuestión de la seguridad ciudadana ha emergido desde la segunda mitad de la década del ’90 como tema central capaz de poner en juego la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones básicas”. El problema “exige políticas responsables y soluciones efectivas para la protección de los derechos de las personas”. Se parte de una premisa que indica que “la inseguridad afecta a la sociedad en su conjunto”, pero en los hechos concretos “la sufren en forma particularmente grave los sectores de menores recursos”.
Para avalar la afirmación se pone como ejemplo que en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde se concentra el 30,7 por ciento de la población total, vive el 60,2 por ciento de los habitantes con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). En ese marco se registró, en 2002, el 36,3 por ciento (62 casos) de los homicidios en la Capital Federal, mientras que en 2003 las cifras llegaron al 35,9 por ciento (51 hechos).
Lo que se recomienda son “políticas de seguridad inclusivas que protejan a los diversos actores” sociales y no que contemplen sólo “los derechos de un determinado sector social” y menos aún que promuevan “la seguridad de un determinado grupo social a costa de los derechos de los demás”. Se alientan políticas contra el delito que no produzcan exclusión social.
Los firmantes parten de la convicción de que “sólo un nuevo enfoque del tema permitirá encarar una política de seguridad inclusiva que amplíe el ejercicio de los derechos en lugar de restringirlos”. Para evitar la restricción hay que “hacerse cargo del reclamo de mayor seguridad de un modo responsable”. Esto significa “otorgarle su real dimensión, resolverlo en un contexto de respeto por los derechos y no limitarlo a una demanda que busca solamente reducir el riesgo de que ciertos delitos ocurran”. Se insiste en que “la negación de las múltiples facetas del problema solo conduce a la restricción y no a la protección de los derechos”.
El trabajo cuestiona tres tipos de planteos que se hacen sobre el tema y que agravan el problema. Uno de ellos es el que promueve “el orden público” y que tiene por objeto “el reforzamiento del orden en las calles” ignorando “derechos y garantías constitucionales”. Un segundo modelo tiene iguales fundamentos, pero para disimular su autoritarismo menciona la necesidad de mantener en pie los derechos aunque utiliza “un concepto tan restringido que vacían de contenido el sistema democrático y el estado de derecho”.
La tercera alternativa que se critica son los discursos “con una noción más amplia de derechos, en los que la cuestión del orden no se impone por sobre los derechos, pero que no logran articular respuestas consistentes en materia de seguridad ciudadana, pues o bien derivan las soluciones a una mejora genérica de las condiciones sociales o bien las limitan exclusivamente al control de las instituciones de seguridad”.
Para las organizaciones que aportan sus ideas al debate, “un enfoque responsable debe tomar en consideración el proceso previo al aumento de la violencia en general y el delito en particular, y de la manera diferencial en que ambos afectan a distintos grupos sociales”.
Esta visión del problema “exige intervenir sobre los sectores de la actividad delictiva más protegidos por su relación con el Estado, que gozan de impunidad y presentan mayores dificultades para ser sancionados”. Piden políticas públicas que vayan más allá de lo social. Se propugna la articulación de políticas no relacionadas únicamente “con la actividad laboral de las personas y políticas de empleo sino también acciones relacionadas con el espacio público, los vínculos sociales y la salud”.
Se alienta la solución pacífica de conflictos, tomando como ejemplo la experiencia piloto de los Foros de Convivencia desarrollados en el marco del programa Comunidades Justas y Seguras de la Universidad de Rosario y la Universidad de Toronto. Este programa se hizo en los barrios de extrema pobreza de la ciudad de Rosario, tomando como base el modelo de seguridad canadiense, que nada tiene que ver con la “tolerancia cero” impuesta en Nueva York y otras ciudades norteamericanas.
Se recomienda, para enfrentar el problema de la violencia real, que se rechace la imagen sobre la existencia de dos fuerzas opuestas: la violencia social y la violencia estatal. Este enfrentamiento determina que “ante el incremento de la violencia delictiva, es necesario incrementar la fuerza estatal”. Sobre este punto se hacen distintas sugerencias:
- Ponerle fin a “la obligación de los agentes de portar armas y de intervenir cuando están fuera de servicio”.
- Revisar la relación de los policías con otras instituciones y poderes, y sus vínculos con la sociedad civil.
- Evitar las interpretaciones “simplistas e ingenuas” porque “es peligroso desconocer que el autoritarismo y las prácticas discriminatorias no son sólo producto del accionar estatal autónomo o aislado, sino modos de articularse entre los ciudadanos y las instituciones”.
- Para eso es necesario “garantizar asemejar la estructura y la cultura policial a la de otras instituciones civiles, profesionales, jerarquizadas, separándolas del modelo y cultura militar”.