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Los comisarios que integraban la cúpula de la Policía Federal cuando ocurrió la masacre de Plaza de Mayo “fueron eslabones imprescindibles de la cadena que, desde la Casa de Gobierno, el Departamento de Policía y los demás despachos oficiales involucrados, desató sobre el pueblo argentino la represión más directa, feroz y de consecuencias más luctuosas que podamos recordar desde la recuperación de la institucionalidad en 1983”. Así lo expresaron los querellantes en la causa al apelar ante la Cámara Federal la falta de mérito que dictó la jueza María Servini de Cubría a quince jefes policiales. Además, los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers solicitaron que el ex presidente Fernando de la Rúa, el ex ministro del Interior Ramón Mestre y el ex secretario de Seguridad Enrique Mathov fueran sometidos a careos porque en sus indagatorias incurrieron en contradicciones.
De la Rúa había señalado que la implementación del estado de sitio “era tarea del Ministerio del Interior”, mientras que el ex titular de Interior negó que esa tarea correspondiera a su competencia. “Mathov negó categóricamente haber intervenido en la confección del decreto 1682/01 relativo a las 29 detenciones de ciudadanos”, en contra de lo declarado por Mestre, quien aseguró que el proyecto de la norma “le fue acercado personalmente por el entonces secretario de Seguridad”, argumentaron los fiscales. Y opinaron que “ninguno de los tres ex funcionarios dio suficientes explicaciones sobre quien era el encargado ‘político’ de monitorear los acontecimientos del 20 de diciembre”. Comparatore y Evers solicitaron a Servini que le amplíe la indagatoria a De la Rúa y a Mestre por la implementación del estado de sitio y a las órdenes que habrían impartido a la Policía.
Los familiares de Carlos “Petete” Almirón, uno de los cinco manifestantes asesinados el 20 de diciembre, Martín Galli que sobrevivió tras ser herido y otros lesionados apelaron la falta de mérito que la jueza dictó a los comisarios Daniel Fernández, Lucio Tirao, Carlos Alberto Contreras, Daniel Manzini, Alfredo Salomone, Eduardo Orueta, Jorge Palacios, Próspero Trezeguet, Alberto Alfano, René Derecho, Omar Vigliano, Jorge Bortolini, Víctor Hugo Condinanzo, Raúl Andreozzi y Norberto Edgardo Gaudiero. “Nos repugna que se morigeren sus responsabilidades personales con argumentos fundados en doctrinas ideadas para limitar la responsabilidad de los miembros de las agencias represivas estatales como la ‘obediencia debida’ o las teorías de los ‘excesos individuales’, que permiten disipar la culpabilidad hacia arriba o hacia abajo de la cadena de mandos”, argumentaron en el memorial presentado ante los camaristas de la sala I. Y compararon esa estrategia con un “gigantesco juego del Gran Bonete”, en el que los imputados acusan a sus superiores o a sus subordinados. Agregaron que esto “conduce a la irracional y antijurídica conclusión de que nadie es responsable, pues todos tienen un superior en quien ampararse obedientemente y un subordinado a quien endilgarle excesos”. Según ellos, la única forma de establecer legalmente las responsabilidades es a través de la teoría del dominio del hecho, es decir, “analizando la manera en que cada uno contribuyó decisivamente a la producción del resultado común representado por las detenciones, los homicidios y las lesiones”.
Al fundamentar su decisión, la jueza expresó que los jefes policiales recibieron órdenes procedentes de sus superiores, que evaluaron las mismas como “legítimas y ajustadas a derecho”, y que los “excesos” o “actitudes individuales” de los policías que reprimieron en la calle “son intransferibles” a ellos. Los querellantes, representados por los abogados María del Carmen Verdú y Rodolfo Yanzón, consideraron que tratándose de “altos jefes de la Policía Federal no se puede limitar su responsabilidada la del ‘pibe de los mandados’ que lleva y trae sin saber lo que hay en el paquete”. Según los abogados, Norberto Gaudiero, en su carácter de Director General de Operaciones, es uno de los principales responsables de los hechos, lo cual puede probarse “a través de las órdenes escritas donde consta el diseño detallado de los operativos policiales”.