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Por Felipe Yapur y Eduardo Tagliaferro

No hay caso, las diferencias internas en los bloques de senadores y diputados del PJ le impide al Gobierno contar esta semana con la modificación de la ley de quiebras y la derogación de subversión económica y así contentar al Fondo Monetario Internacional, según acordaron los gobernadores y Eduardo Duhalde la semana pasada en el quincho de Olivos. Legisladores oficialistas de ambas cámaras confirmaron a Página/12 que la disparidad de posiciones impiden incluso emitir dictámenes en las comisiones que se reunirán hoy. Con suerte y viento a favor, recién la semana que viene podrían ser tratadas en el recinto. Eso sí, los más oficialistas se preocuparon en aclarar que continúan trabajando.
A última hora de ayer, el Gobierno reconoció las dificultades que tienen sus hombres para lograr consenso en el tratamiento de estas dos polémicas normas. Los puntos que separan las aguas son políticos. Los que se niegan a apoyar las modificaciones lo hacen en base al prurito que les produce sesionar para contentar al FMI. Los que lo apoyan, carecen de ese prurito.
Subversión Económica. La derogación de la norma es el escollo más difícil de sortear para los senadores del PJ que quieren contentar al presidente Eduardo Duhalde. En la bancada crece día a día la idea de no tocar la ley o, en el mejor de los casos, modificarla e incluso agravar las penas. Al menos esto es lo que piensa un grupo que tiene al entrerriano Jorge Busti como cabeza visible. Un fuerte empujón hacia esa posición fue la información que Jorge Yoma recibió de la justicia federal.
El martes, el riojano les entregó a sus compañeros de bloque el listado de las causas que están abiertas bajo la ley 20.840 o de subversión económica como se la llama habitualmente. Boquiabiertos quedaron varios cuando leyeron que en el listado no sólo estaban los hermanos José y Carlos Rohm del Banco General de Negocios, sino que también aparecían el ex ministro del PJ y la Alianza, Domingo Cavallo (causa 3526 de 1997), el ex titular del Banco Central Pedro Pou (causa 11600 de 2001), Rubén Beraja (causa 826 de 2000), el ex secretario de Energía Carlos Bastos (causa 5252 de 1994) y Repsol-YPF (causa 4989 de 2002), entre otros cincuenta expedientes. En silencio, los senadores leyeron además que el Banco Central es el querellante en la mayoría de las causas donde están en juego varios miles de millones de dólares.
Con toda esa información en sus manos, los argumentos jurídicos que esgrimen quienes apoyan la derogación, como los menemistas Miguel Pichetto y Eduardo Menem, no lograron conmover al resto del bloque. La conducción del bloque se dio cuenta de la ausencia de consenso y aspira al menos poder discutir el caso en las comisiones. El salteño Marcelo López Arias lo reconoció y dijo a este diario que “la derogación no quiere decir que se vaya a consagrar la impunidad. Las prioridades del bloque son conseguir consenso y que no recupere la libertad nadie que no la merezca”.
Ayer, Yoma fue un paso más allá al sostener que “de ninguna manera voy a votar una amnistía para los banqueros, mucho menos cuando aún no resolvieron cuándo y cómo les devolverán la plata a los ahorristas afectados por el corralito”. La frase no cayó bien en la bancada del PJ, donde señalaron al riojano como el responsable de que la UCR revisara su decisión de apoyar la derogación. Sin embargo, los radicales habían accedido a la misma información: la encargada de transmitirle los datos a los senadores fue la diputada Margarita Stolbizer. Hubo un dato más que rompió la armonía en los bloques, y fue la reunión que emisarios de ambas bancadas mantuvieron con la jueza María Servini de Cubría. Esta no anduvo con vueltas y les advirtió que “si derogan la ley, yo libero a Carlos Rohm en la puerta del Congreso y ustedes le explican a la gente lo que sucede”.
u Ley de quiebras. “La verdad es que no sé, porque se invirtieron los frentes de conflicto”, aseguró a Página/12 un destacado legislador. La frase venía a cuento de que originariamente en el Congreso se especulaba que la ley de quiebras fuera mucho más conflictiva que la de subversión económica. Sin embargo aunque los reflectores iluminen de manera destacadaa la derogación de la ley que podría beneficiar a varios banqueros argentinos, las discusiones que rodean a la modificación de la ley de quiebras no es un tema menor.
Aunque “quiebras” debería discutirse hoy en comisiones de Diputados, el tema difícilmente será abordado. “El consenso con el radicalismo está plasmado en un proyecto. Esto no impide que el tema sea tratado cuando haya el acuerdo necesario que permita su aprobación”, dijo a este diario el justicialista porteño Miguel Angel Toma.
El consenso al que se refería Toma data de un proyecto anterior al periplo de varios legisladores por los Estados Unidos para mostrar a los funcionarios de los organismos de crédito internacional el “fuerte acuerdo político” que rodean a las decisiones gubernamentales. Uno de los puntos centrales de la discusión es el mecanismo de capitalización forzada, conocido como “cram down”. En sintonía con la legislación norteamericana, sus pares argentinos contemplan que el deudor pueda recuperar el control de la empresa quebrada si es que iguala la oferta realizada por su acreedor. Lejos de esto los hombres del Fondo se muestran partidarios de limitar los derechos del deudor. “El Fondo es un talibán”, dijo a Página/12 un diputado que participa de las discusiones sobre la ley de quiebra. Por esas raras coincidencias que suele mostrar la política en un país en default, el Gobierno coincide en este punto más con las posiciones del FMI que con los legisladores criollos. Pretende que la capitalización se aplique tal como está contemplado en la antigua ley de quiebras que data del año ‘95 cuando Cavallo estaba al frente de Economía. “Ese régimen era muy duro. No contempla la posibilidad de que el deudor equipare ofertas”, comentó a este diario otro legislador del PJ.
Otro de los puntos que divide aguas es la valuación de las empresas. Mientras que los diputados privilegian valuar los activos de las firmas, el proyecto del Ejecutivo, en consonancia con la opinión del FMI, pone la mira en los valores contables. Por cierto que en el caso de empresas quebradas la cotización contable no es precisamente alta. Lo que convierte a muchas firmas en apetecibles presas de acreedores extranjeros con dólares en sus bolsillos. Tal vez por eso, la diputada Elisa Carrió afirmó ayer que “el Fondo sólo quiere impunidad para los banqueros y quiere que el país termine rematando sus tierras y producción a un precio vil”.