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Cruzaron datos propios con los que llegaron del sindicato de gastronómicos, hicieron las cuentas y le pusieron números a la dimensión desconocida: en la Secretaría de Seguridad porteña estiman que entre tres y cuatro mil locales “no estarían siendo controlados”, por no figurar en los registros del gobierno de la ciudad donde están inscriptos unos siete mil bares y confiterías. Así lo aseguró Juan José Alvarez y anticipó que el trabajo junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) posibilitará “encontrarlos y ponerlos en orden, o clausurarlos”, de verificarse que no cumplen con la normativa. Por otro lado, adelantó que a los doscientos inspectores que hoy recorren las calles porteñas se sumarán en los próximos días unos “sesenta o setenta, además de los que aporte la AFIP”. El funcionario también aseguró que se siente “absolutamente” apoyado tanto por el gobierno comunal como por el nacional (ver aparte).
Además de los locales reconocidos por la comuna porteña, Alvarez señaló en declaraciones radiales que “el sindicato nos dice que por los trabajadores gastronómicos tienen unos nueve mil, pero suponemos que debe haber como once mil: es decir, hay entre 3 y 4 mil locales que no estarían siendo controlados”. Por esa razón, manifestó que “van a continuar los operativos”, y subrayó que “el cruce de nuestra base de datos con la de la AFIP le da una potencia a las inspecciones que hasta ahora no tenían”.
Además, el secretario de Seguridad porteño explicó que “alguien puede estar registrado en la AFIP porque necesita tener un CUIT o un lugar de identificación tributaria pero quizás tiene un negocio que no está habilitado. También puede ser que esté habilitado, trabajando con su personal en negro”. Alvarez también apuntó hacia la normativa que regula las habilitaciones: según consideró, “en algunos aspectos es excesivamente restrictiva, tanto que termina no cumpliéndose”.
Ayer, frente a la avanzada de inspecciones que derivó en clausuras al por mayor, los músicos tangueros de la Orquesta Imperial decidieron salir a tocar en la peatonal Florida “para ganar unos pesos”. Se instalaron frente a un local cerrado y arremetieron con ocho tangos, frente a la alegría de un grupo de turistas amantes del género. Pero allí tampoco tuvieron suerte: una comerciante se quejó por “ruidos molestos” y la policía, al mandarlos con la música a otra parte, debió vérselas con la resistencia del público callejero.
En referencia a las quejas de dueños de locales bailables, que se lamentan por las pérdidas que tienen, Alvarez insistió en que “acá perdimos muchas vidas y hay que empezar a poner las cosas en orden –destacó–. Si cumplen con la normativa, yo soy el primer interesado en que abran en 10 minutos. Ahora, si no tienen las cosas en orden no van a poder abrir y esto no es una posición mía, una actitud, sino que es una cuestión muy concreta: hay una normativa que no la sancioné yo”, señaló.
También salió a aportar su granito de polémica el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Enrique Martínez, quien exigió que sea ese organismo el encargado de chequear si los matafuegos están en condiciones de extinguir incendios, porque “debe ser el Estado quien controle las normas de seguridad”, destacó. Y justificó el pedido basándose en que “el sello IRAM certifica que controló la renovación del material que contiene el matafuegos, pero IRAM no tiene laboratorio alguno y no se certifica la capacidad extintora de ese matafuegos”.