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Nadie sabe si le gustó la corbata. Pero cuando Alberto Fernández se la obsequió, Juan José Alvarez respiró aliviado. El secretario de Seguridad venía siendo cuestionado desde el círculo más íntimo de Néstor Kirchner por el ímpetu publicitario de sus movimientos. Por eso el gesto del jefe de Gabinete, al recibirlo ayer en su despacho de la Casa Rosada, fue tomado como un apoyo del gobierno nacional a su tarea.
Fernández se tomó el trabajo de elegir la corbata en París, en la reciente gira presidencial. Alvarez estaba particularmente preocupado por la actitud de Kirchner. La última vez que ejerció la función pública, como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la presión del propio Presidente terminó por eyectarlo del cargo.
En esta oportunidad, supo del recelo de Kirchner por un artículo de Página/12. Aquella nota recreaba lo que en el mundillo político es un tema habitual de charlas de café: que Alvarez, archiconocido por su alto perfil y sus vínculos con el macrismo, no es identificado, ni mucho menos, como un hombre de confianza del Presidente.
A la Casa Rosada le había molestado particularmente la foto del funcionario porteño con el líder de la CGT, Hugo Moyano, quien apenas unos días antes había salido con los tapones de punta contra el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra. Se mostraba así como una suerte de “interventor” del distrito. Claro que la nota de este diario, a la vez, consignaba la decisión del primer mandatario, a partir de la envergadura de la tragedia de República Cromañón, de no interferir en la labor del flamante secretario de Seguridad.
Alvarez igualmente quedó preocupado. Imaginó una maraña de operaciones en su contra. Ya no sólo de la Casa Rosada sino también desde el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que lo había adoptado. Tanto ruido generó su vuelta a la primera plana, que hasta el Congreso se involucró decididamente en tema. A través de un escrito, el diputado socialista Ariel Basteiro se preguntó cómo Alvarez había asumido un cargo público sin haber obtenido aún la autorización de la licencia a su banca de diputado. Efectivamente, desde que juró, el Congreso está en receso.
Por eso, recién cuando estuvo cara a cara con Fernández, Alvarez sintió una bocanada de oxígeno. Y no sólo por lograr del Gobierno una nueva pieza para su corbatero, sino también apoyo verbal para un paquete de reformas que se propuso, aunque por ahora no el anhelado traspaso de la policía a la órbita de la ciudad.
Alvarez también confirmó ahí una decisión que desde la última semana tenía en estudio Kirchner: la creación de un fondo fiduciario, a través del Banco Nación, para pagar los costos de acciones legales que quieran iniciar los familiares de las víctimas de Cromañón.
Para no generar sospechas, desde el Ministerio del Interior se emitió un comunicado con algunas aclaraciones. Por ejemplo, que se firmará un convenio donde el Gobierno se compromete a “no instruir a los profesionales que intervengan” y que “los abogados que intervengan podrán imputar a cualquier funcionario público”.
La decisión se hizo pública luego de una reunión entre el titular de la cartera, Aníbal Fernández, y un grupo de 65 familiares. Consultado por Página/12, el ministro se preocupó por dejar en claro que el Estado, “lejos de querer entorpecer el esclarecimiento de los hechos, trabajará para garantizar que todos los afectados tengan las herramientas necesarias para investigar a fondo lo que sucedió en República Cromañón”.