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“Acabo de dar instrucciones para que se solicite al gobierno provincial que saque a la jefa del Servicio Penitenciario”, dijo a Página/12 el intendente de Córdoba, Luis Juez, en cuyo distrito aconteció el motín carcelario que dejó según sus informes 9 muertos. La renuncia de Graciela Lucientes Funes debería ir acompañada de una presentación en la Cámara de Diputados del ministro de Seguridad provincial, Carlos Alesandri, para que dé explicaciones sobre “la improvisación y la falta de previsión” que dieron un resultado que “se veía venir”, agregó Juez. El antiguo fiscal había anunciado el “colapso” de la Unidad Penitenciaria del barrio San Martín. Para que se concrete el primero de sus requerimientos habrá que esperar a que a la jefa la renuncie el gobernador José Manuel de la Sota. Para que el ministro comparezca, habrá que aguardar “a que vuelva de sus vacaciones en Europa”.
–¿Cuál es el futuro de la cárcel de San Martín?
–Está claro que no puede seguir funcionando. Pero dentro de esta circunstancia intentamos que los pedidos se ajusten a la realidad, porque actualmente no hay lugar en Córdoba para alojar a 1700 presos. Ya sabemos que el traslado no va a ser inmediato. Si ahora les voy con este reclamo me van a decir “muy bien, ¿y usted cuántos reclusos se puede llevar a su casa?” Pero desde ya que voy a enviar a la gobernación un pedido para la erradicación de la cárcel porque atenta contra la tranquilidad de la ciudad de Córdoba.
–¿Y en lo inmediato?
–Por lo pronto hay que hacer un relevamiento de los daños que quedaron en el edificio. Ayer en un momento adentro del penal hubo cuatro focos de incendio. Pero sobre lo que pasó adentro nadie sabe. La desinformación es alarmante: nadie sabe si hay heridos, la cantidad de armas que tuvieron o tienen los presos, no se sabe qué pasó con la documentación interna ni si hubo evadidos. Porque varios de los internos andaban con la ropa del Servicio Penitenciario.
–¿Desde dónde viene la desinformación?
–Desde el gobierno provincial. Hay un hermetismo bárbaro. Durante la refriega quien haya estado ante la televisión vio imágenes desgarradoras. Cuando varios reclusos quisieron escapar en un camión del Servicio Penitenciario, los efectivos policiales les dispararon a mansalva sin mediar ningún distingo. Ahí iba como escudo humano un guardiacárcel, que se va a saber cómo murió cuando el forense determine de qué lado vino la bala que lo ultimó. Cuando la gobernación construyó la cárcel de Bower había tenido la intención de hacer la unidad más moderna y de absoluta seguridad. A ella tenían que ir los reclusos de barrio San Martín, donde todos tienen condena y por lo general ostentan una pésima conducta, en gran medida propiciada porque 200 están condenados a perpetua. La San Martín es la típica dependencia penitenciaria que aparece en las películas. Se vive en las condiciones más escabrosas, en medio de drogas, prostitución y todo lo que se pueda imaginar. Cuando Bower estuvo lista, hace cuatro años, los reclusos hicieron un fuerte planteo para que no los trasladaran. El gobierno cedió y enviaron a los encausados en vez de a los penados. Por eso la gravedad de la situación actual. Se veía venir que iba a tener esta desembocadura.
–¿Por qué el gobierno accedió a ese reclamo de los presos?
–Porque les tenían pánico. No es fácil negociar cuando no existe una política penitenciaria. El caso de Bower es sólo una muestra del pésimo criterio penitenciario con el que se manejó la provincia hasta ahora. Al tener condenas tan altas, los de San Martín ya sabían que estaban jugados. No les importa nada. Dentro de la cárcel saben quiénes son y se los cobran. El Servicio Penitenciario sabe quién estaba con faca y quién con palo. Y en vez de mandarlos a ellos en su momento al penal de máxima seguridad, mandaron a los encausados, que tienen mejor conducta. Saben que con el juicio todavía tienen posibilidades de zafar. Lo único que nos queda ahora es esperar a que así como después de Cromañón se abrierontantas discusiones, con los sucesos de ayer se revea la situación penitenciaria del país, se tome conciencia sobre las condiciones infrahumanas en las que se encuentran los presos.
–¿Qué medidas institucionales va a tomar?
–Acabo de dar instrucciones para que se saque a la jefa del Servicio Penitenciario provincial. A Graciela Lucientes Funes ya la conozco. Como fiscal anticorrupción, le hice una investigación. Encontramos cosas interesantes, como que mientras los papeles decían que les daban de comer medallones de lomo, los negros no veían un caracú ni a palos. También pedimos que comparezca ante la Cámara de Diputados el ministro de Seguridad, Carlos Alesandri, que ahora está de vacaciones en Europa. Tiene que dar explicaciones sobre la improvisación y la falta de previsiones que hoy tiene el resultado de 9 cordobeses muertos. Esto tiene que ver con la hipocresía de los dirigentes, que con discursos progresistas pero con un accionar claramente fascista manejan este Servicio Penitenciario del que Blumberg dijo que era un ejemplo.

Entrevista: Sebastián Ochoa.