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El 29 de diciembre pasado, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó la Ley de la Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, terminando con la vetusta Ley de Patronato, que seguía en vigencia por un decreto-ley de la dictadura militar. Nuestra provincia era una de las más atrasadas en legislación hacia la infancia, pese a que desde el Ejecutivo y junto con muchos municipios y ONG nos inspira en nuestro trabajo diario la Convención de los Derechos del Niño. La Procuración pidió ante la Suprema Corte de Justicia provincial la suspensión de la nueva ley. Quiero informar que esta medida se encuentra recurrida ante el máximo tribunal de la Justicia bonaerense. Y de ser necesario buscaremos que se cumpla la nueva ley en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Asimismo estamos solicitando la declaración de inconstitucionalidad de la vieja Ley de Patronato, la 10.067, porque es contraria a la Convención de los Derechos del Niño y por ende a la Constitución. Al tiempo que los artilugios legales se vayan cayendo, seguiremos trabajando para evitar que los chicos sufran por un vacío legal. La ley dispone la derogación del Patronato, lo cual implica cambios sustantivos en las relaciones, competencias y atribuciones tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, así como de la sociedad civil con sus ONG y los entes privados de atención. Redefine quién hace qué, bajo qué circunstancias y cómo debe ser la actuación de los distintos poderes del Estado provincial y las organizaciones sociales para lograr la promoción y protección de los derechos de los niños y adolescentes de la provincia.
Al abandonar el Patronato, todos los actores públicos y privados debemos replantear nuestro papel para ir acercándonos en conjunto a la protección integral de los niños y adolescentes bonaerenses. El Estado provincial es el garante del ejercicio y disfrute de los derechos de los niños. Tiene el deber de asegurar con absoluta prioridad la realización de sus derechos sin discriminación alguna en salud, educación, hábitat, esparcimiento o cultura. La nueva ley les otorga un papel importante a entes del sector privado, sean organizaciones de base u organismos no gubernamentales. También a la Iglesia Católica y a otras iglesias que cuenten con instituciones de promoción y protección de la niñez y la familia.
Por un lado deben ser convocadas a conformar un Observatorio Social que tendrá por función el monitoreo y evaluación de las políticas de promoción, la protección de derechos y la elaboración de propuestas de cambio. Esto se verá facilitado porque, al disponer también la creación de la Comisión Interministerial para la Protección de los Derechos del Niño, se estaría conformando un espacio que, dentro del Ejecutivo provincial, coordine la acción de varias áreas de gobierno. Esto nos obligará a generar información en forma agregada, que de otra manera estaría dispersa y sería de difícil monitoreo y evaluación.
Por otro lado, las organizaciones privadas y las iglesias deberán ser actores fundamentales para concretar los derechos de los chicos, a través de programas de defensa de derechos y de asistencia técnico-jurídica, de planes de capacitación, recreativos, culturales, de orientación y apoyo a los niños y su familia, entre otros. Y también continuarán cumpliendo un papel importante en programas que brinden, como medida de protección y como último recurso, contención y alojamiento temporal de un niño o adolescente que lo requiera o cuya permanencia fuera de su hogar haya sido decidida por la familia o la autoridad judicial.
Las prestaciones deberán organizarse en torno a las prioridades y principios establecidos en la ley. La gran variedad de alternativas para la promoción y protección de los derechos de los niños previstas representará un desafío innovador para todos. Para el Estado y para la sociedad civil. Significará que debamos replantear el tipo de prestaciones, que fueron necesarias en el marco de la anterior Ley de Patronato del Estado pero, posiblemente, no todas plantean el perfil que la nueva ley demanda. Siguiendo el espíritu y los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley dispone que el objetivo principal de la política de infancia debe ser la crianza y desarrollo de los niños dentro de su familia y, sólo en última instancia, como medida de protección, de carácter excepcional y provisional, la permanencia temporal en entidades de atención social. Ello implicará que deberemos volcar nuestras capacidades, energía, vocación y compromiso hacia prestaciones que promuevan el apoyo a los padres, la familia extensa y otros miembros de la comunidad para que sean éstos lo que puedan apoyar a sus niños.
El Ministerio de Desarrollo Humano se compromete a respaldar y acompañar el replanteo de las prestaciones que emprendan las organizaciones, ofreciendo asistencia técnica y capacitación y también financiando a aquellas que, con criterios que definiremos en conjunto, respondan a las prioridades y principios que establece la nueva ley. Luego de la sanción se abre un nuevo capítulo. Ahora será necesario un diálogo del Estado con las organizaciones y con los niños, adolescentes y sus familias. Así abandonaremos definitivamente las prácticas arbitrarias que han primado durante el último siglo, que institucionalizaron la pobreza de los niños.

* Ministro de Desarrollo Humano de la provincia de Buenos Aires.