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El Gobierno decidió solicitarle al Vaticano que “le requiera la renuncia” al obispo castrense, monseñor Antonio Baseotto, como consecuencia de sus escandalosas expresiones en las que propuso “tirar al mar” al ministro de Salud, Ginés González García, por repartir preservativos y por su posición en favor de la despenalización del aborto. Como antecedente, en la Cancillería recordaron la expulsión del país, ordenada en 1955 por el entonces presidente Juan Perón, del obispo auxiliar de Buenos Aires Manuel Tato y del canónigo diácono Manuel Novoa.
El anuncio lo hizo anoche el canciller Rafael Bielsa al salir de una reunión con el presidente Néstor Kirchner en la Casa Rosada, donde recibió la instrucción de elevar el pedido al nuncio apostólico, monseñor Adriano Bernardini. Durante la tarde de ayer, tanto Bielsa como el secretario de Culto, Guillermo Olivieri, mantuvieron contactos con autoridades eclesiásticas para evaluar la situación. “En la Conferencia Episcopal nadie quiso defenderlo; más o menos el mensaje fue: que se arregle solo”, confió a Página/12 una fuente de Cancillería.
El escenario se volvió más que incómodo para el Gobierno desde el viernes último cuando se conoció la carta personal que Baseotto le envió al ministro de Salud, donde le manifestó –utilizando una alegoría bíblica– su oposición a la política de entrega gratuita de preservativos y a su postura en favor de la despenalización del aborto. Baseotto tiene rango de subsecretario de Estado y cobra un sueldo pagado del presupuesto de la Presidencia de 5000 pesos (en un primer momento había trascendido que eran 4500). El CELS había presentado el lunes a la Presidencia un pedido para que se iniciaran gestiones para su remoción.
–¿Que pasaría si no renuncia? –le preguntó anoche una periodista a Bielsa.
–No es una especulación que me parezca feliz desarrollar. Deseo fervientemente, en tanto es la expresión del deseo de este Gobierno, que efectivamente la renuncia se concrete y que haya un obispo castrense diferente del que hay actualmente. Si esto no es así, veremos cuáles son las medidas que se toman –respondió el canciller.
Horas antes del anuncio de Bielsa, el Episcopado había difundido una carta enviada por Baseotto al titular del organismo, monseñor Eduardo Mirás, en la que el obispo castrense aclara que no quiso alentar “un acto de violencia” ni ofender al ministro de Salud por sus opiniones. Además, expresa su pesar por la “confusión y malestar” que causó la inclusión en su polémica carta a González García de la cita del Evangelio en la que decía que el funcionario “merecería que le cuelguen una piedra de molino en el cuello y lo tiren al mar”. Sus aclaraciones llegaron tarde. Un día antes, de todas formas, Baseotto había ratificado sus dichos ante el ministro de Defensa, José Pampuro, quien lo citó a su despacho para expresarle el malestar del Gobierno.
“Baseotto es el único obispo que recibe un salario pagado por el presupuesto nacional, los otros prelados tienen una asignación para el mantenimiento de sus diócesis”, explicó una fuente de la Secretaría de Culto. De perfil conservador, lo- bbista de los sectores más duros retirados de las Fuerzas Armadas, y de excelentes relaciones con el ex gobierno menemista, Baseotto fue designado en el cargo en noviembre de 2002 por el Papa, su jefe directo. Venía de encabezar durante once años el obispado de Añatuya, en Santiago del Estero. En 2003 saltó a la tapa de los diarios por sus gestiones ante la Corte Suprema en favor de la convalidación de la constitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
El lugar que ocupa el cuestionado prelado fue elevado de categoría por el ex presidente Carlos Menem, en otro gesto para congraciarse con la Santa Sede. Hasta ese momento se trataba de una vicaría castrense que dependía del Arzobispado de Buenos Aires. Desde entonces pasó a depender del Santo Padre. La vicaría había sido creada en 1957 por un decreto del expresidente militar Pedro E. Aramburu con la misión de ocuparse de la atención religiosa de los integrantes de las Fuerzas Armadas, tanto de las familias de los militares como de las del personal civil.
Nunca antes se pidió al Vaticano la renuncia de un obispo. Como antecedente, en la Cancillería recordaron la expulsión del país ordenada por Perón en 1955 del obispo auxiliar de Buenos Aires Manuel Tato y del canónigo Manuel Novoa. Fue después de la procesión de Corpus Christi del 11 de junio de ese año –cuatro días antes del bombardeo a la Casa Rosada–, que derivó en una marcha al Congreso que incluyó incidentes con la policía, en el marco del enfrentamiento de Perón con la Iglesia. Perón los responsabilizó de aquellos hechos, los mandó encarcelar y los echó de la Argentina.