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Días antes de que se prorrogara automáticamente por otro semestre el acuerdo de cooperación empresaria con Southern Winds, el Gobierno anunció su decisión de rescindirlo, privando a esa compañía aérea de un subsidio vital, que equivale al 30 por ciento del combustible consumido y el salario de alrededor de 400 empleados. Ese trato se había transformado para el Gobierno en un salvavidas de plomo aún antes del narcoescándalo, ya que el negocio de la compañía aérea no remontó a pesar del crecimiento del tráfico aéreo. El Gobierno dispuso privatizar en dos meses Líneas Aéreas Federales (Lafsa), que tiene derechos de vuelo pero carece de flota. Con ese fin, por la Secretaría de Transporte ya circuló un controvertido borrador de pliego que, paradójicamente, hubiera habilitado a la ex socia estatal a quedarse con Lafsa, cerrando el camino a cualquier compañía internacional. La iniciativa surgió del despacho del secretario Ricardo Jaime, quien tiene un trato fluido con los hermanos Maggio.
“Los vuelos seguirán normalmente. SW tiene capacidad operativa y personal para respaldar todas las operaciones de la red”, aclaró la compañía en un optimista comunicado de última hora. La rescisión anunciada no altera las frecuencias pero sí priva de parte del staff y de casi 4 millones de pesos por mes en JP1, un tercio del combustible usado. ¿Qué pasaría si la compañía finalmente cayera? Especialistas del Gobierno no descartan un eventual colapso del mercado, ya que Aerolíneas Argentinas, que hoy cubre el 82 por ciento de la demanda, no dispone de flota suficiente para atender la creciente demanda de pasajes.
Aquel acuerdo entre Lafsa y SW se renovaba automáticamente cada seis meses, a menos que alguna de las partes decidiera rescindirlo avisando con treinta días de anticipación. Esto debería haber ocurrido antes del 3 de marzo y por ello los tiempos legales no coincidían con los tiempos políticos. La necesidad de despegar al Gobierno del escándalo de las valijas alentó la determinación de dar por caído el pacto, sembrando dudas sobre la supervivencia real de la compañía privada.
El derrumbado pacto con Lafsa fue imprescindible para evitar el derrape de SW, después de la caída de Lapa y Dinar, cuyos ochocientos trabajadores ya estaban a cargo del Estado. Federales los albergó bajo la forma de una sociedad anónima estatal, que tiene como activos quince rutas nacionales formalmente otorgadas el año pasado (un año después de su creación) y 8 millones de pesos en crédito fiscales por el combustible que compró para proveerle a SW, a razón de 3,9 millones de litros mensuales.
Aún no cuenta con ninguna frecuencia internacional, aunque está convocada la audiencia pública para asignárselas. La Junta Asesora del Transporte Aéreo, integrada por funcionarios de planta del ministerio de Julio De Vido, deberá juzgar si la empresa cumple o no con las condiciones para ser adjudicataria de esos permisos, incrementando así sus activos justo cuando la demanda de pasajes internacionales crece fuertemente. Después, será ofrecida al capital privado y, aunque tardíamente, el Gobierno honrará el compromiso que asumió al crear la compañía estatal de licitarla a los 180 días.
La creación de Lafsa con el personal cesante de las caídas Lapa y Dinar, así como la decisión de subsidiar el combustible de SW y de proveerle mano de obra, estuvo inspirada en el propósito de evitar un conflicto sindical incontenible con más de 1600 empleados en la calle. Amén del propósito subsidiario de imponerle una competencia a Aerolíneas.
Sin embargo, el acuerdo de cooperación empresaria no debía durar más que unos pocos meses. Los suficientes como para darle a la sociedad de Maggio con Eurnekian oxígeno para recomponer el negocio y prescindir luego de la ayuda estatal. Pero, según aseguran fuentes del sector, Maggio habría tomado una serie de decisiones empresarias desafortunadas (como la incorporación de aviones de un porte mayor al conveniente) que impidieron aquel despegue. De la mano del propio gobierno, a mediados del año pasado la chilena Lan Chile arremetió con entusiasmo y ofreció hacerse cargo del millonario pasivo de SW. Pero los 50 millones de dólares adicionales que habría pedido Juan Maggio como precio los hizo desistir de una operación que consideraron poco seria. De haber prosperado esta compra, se habría despejado el camino para licitar Lafsa, determinación que el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ratificó ayer en la conferencia de prensa donde hizo los anuncios. Allí estuvo acompañado por Jaime.
Uno de los primeros borradores de pliego que circularon por la secretaría de Jaime imponían como condición que el futuro oferente sea un operador local, que dispusiera de las cuartas y quinta libertades (posibilidad de operar rutas internacionales ida y vuelta y de levantar pasajeros en el exterior). Requisitos como éstos acotaron el margen de oferentes, dejando a SW en una situación de relativo privilegio. Casi un absurdo, considerando las circunstancias, y muy contradictorio con la otra exigencia: que el interesado tuviera los últimos tres balances con resultados positivos; Southern Winds tiene patrimonio neto negativo.
La inconsistencia de la propuesta la transformó apenas en un paper de discusión para resolver muchas cuestiones claves aún pendientes. Entre ellas, cómo ejercerá el Estado el control sobre las decisiones estratégicas de Lafsa privatizada, algo a lo que aspira la administración kirchnerista. Otra, si se abrirá y en qué condiciones a eventuales oferentes extranjeros, considerando para esto la opción prevista en el Código Aeronáutico, que impide a los capitales foráneos tener más del 49 por ciento del capital accionario, requisito que Aerolíneas Argentinas eludió con una complejísima figura societaria.
Otra definición en cierne es cómo abrir el capital de Lafsa a la Bolsa y si ofrecerla con precio base o no. En cualquier caso, especulan en Transporte, ese potencial ingreso permitiría compensar en parte el esfuerzo fiscal de haber subsidiado a SW durante más de un año y medio.