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El juzgado, e incluso la fiscalía, esperan “guiños” de la Cámara de Apelaciones en lo penal económico para avanzar en la causa Southern Winds (SW). Pero Página/12 pudo saber que más que guiños habrá algunas “observaciones sobre irregularidades”, en particular hacia la actuación del juez Carlos Liporace, cuando los camaristas definan las apelaciones del caso que están estudiando. Tras la lectura del expediente determinarían que el magistrado mantuvo inactivo el caso hasta que salió a la luz pública e ignoró los pedidos de la fiscal María Gabriela Ruiz Morales, con quien mantiene un largo enfrentamiento. Tampoco se lleva bien su señoría con la sala B de la Cámara, que lo denunció ante el Consejo de la Magistratura y además presentó una querella penal por el caso Yoma.
En junio del año pasado, los camaristas Roberto Hornos, Carlos Pizzatelli y Marcos Grabivker declararon nula la decisión de Liporace de entregar 8 millones y medio de pesos a la empresa Yoma SA, en una causa en la que era la AFIP la que le demandaba una deuda. En la misma resolución, la sala B ordenó que la actitud del magistrado fuera investigada penalmente en el fuero ordinario por las “graves irregularidades” que habría cometido, por ejemplo, entregar el dinero y avisar a la fiscalía y la AFIP tres días después. Pero el juez Daniel Turano se declaró incompetente y envió la causa al fuero federal. Enseguida, el fiscal Federico Delgado pidió la indagatoria del juez por prevaricato. Ahora es el juez federal Guillermo Montenegro quien debe decidir.
A los superiores de Liporace les llamó la atención que no haya realizado allanamientos en los domicilios de los dos procesados del caso: el supervisor de tráfico, Claudio Baudino, y el gerente de ventas, Fernando Arriete. “Están presos por contrabando agravado de estupefaciente y no se fijó si, por casualidad, tenían droga en su casa”, especuló uno de los investigadores. Por su parte, la fiscal Ruiz Morales pidió que fuera allanada la empresa SW, pero el juez no lo consideró necesario.
Los camaristas sólo deben expedirse sobre la apelación al procesamiento con prisión preventiva de Baudino y Arriete, y sobre la falta de mérito de la que goza Claudio Tamburrini, el contacto con la pareja detenida en España. Pero en el fueron penal económico están acostumbrados a que, además, la sala B recomiende medidas y establezca líneas de investigación. En relación a la responsabilidad de la empresa, si bien no suscriben plenamente la hipótesis de la fiscalía respecto de la creación ad hoc de la aerolínea para traficar narcóticos, una fuente judicial indicó que les parece “llamativa” la cantidad de valijas sin pasajero que transportó SW. “Pueden haber pasado explosivos o quién sabe qué”, comentó la fuente.
Más allá de las declaraciones de Liporace en cuanto a que irá “a fondo” sobre funcionarios, en los hechos no hay nadie imputado ni mencionado en el expediente, a excepción del secretario de Transporte Ricardo Jaime, señalado por el ex prófugo Walter Beltrame como “muy influyente” en SW.
Otros datos sugestivos: sólo hay un borrador del sumario interno de SW, y hay constancias de que a la fiscal nadie le dijo que las cintas del aeropuerto habían sido borradas. Además, desde el 5 de agosto en que se presentó la denuncia consideran que hubo “sugestivas dilaciones”, por parte de la empresa y del juzgado. Ante los rumores de que la fiscal Ruiz Morales dejaría de instruir la causa, porque se la quitarían por conexidad con el caso de la azafata de SW que llevó cocaína en su corpiño, la fuente descartó que la Cámara tenga pensado apartarla del escándalo de las valijas.