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El ministro del Interior, Aníbal Fernández, y el procurador general de la Nación, Esteban Righi, firmaron un convenio que crea una Unidad Fiscal (UFI) para la investigación de delitos complejos en materia de drogas. El objetivo del acuerdo de cooperación es “elevar la eficiencia en la persecución de delitos graves relacionados con el tráfico de drogas, el contrabando y el terrorismo”, explicó Fernández.
Si bien la firma del convenio ocurre en medio del escándalo del tráfico de los 60 kilos de cocaína desde el aeropuerto de Ezeiza a España, el ministro del Interior aclaró que “no es un espasmo frente a una situación sino una nueva manera de encarar la lucha contra el narcotráfico”. El convenio, que según explicó Righi responde a una iniciativa de creación de unidades especializadas dependientes del Ministerio Público Fiscal, prevé una mayor articulación entre el Ministerio del Interior y la Procuración “en beneficio de la persecución penal pública de aquellas conductas”.
Paralelamente, Fernández conoció ayer que dos abogados le iniciaron una acción judicial por los presuntos delitos de encubrimiento y omisión de denuncia, en relación con el tráfico de cocaína a España. Los abogados Osvaldo Sidoli y Juan Manuel Lugones radicaron la denuncia ante el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadío, argumentando que Fernández admitió tener conocimiento del episodio “inmediatamente” después de ocurrido. Los denunciantes citaron un diálogo de Fernández con la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, quien le habría preguntado: “¿Usted cuándo se entera de todo esto?”. Según la denuncia, Fernández respondió: “De ese caso yo me entero inmediatamente cuando la Policía me lo confirmó”.