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La Corte Suprema dio un primer indicio de que comenzaba a desandar el camino de la impunidad sobre los crímenes de la última dictadura militar el 8 de septiembre de 2003, al señalar que el represor Alfredo Astiz podía ser investigado por el asesinato de la joven sueca Dagmar Hagelin. Ayer ratificó esa decisión al rechazar un planteo de El Cuervo para anular el anterior pronunciamiento.
Los ministros Enrique Petracchi, Augusto Belluscio, Carlos Fayt, Antonio Boggiano, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Elena Highton de Nolasco directamente desestimaron la pretensión del represor porque consideraron que su recurso no se dirigía contra una sentencia definitiva o una medida que pudiera ser equiparable a ella.
Lo que la defensa de El Cuervo quería impugnar era la decisión que hace un año y medio tomó la Corte en este mismo caso, al señalar que la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado no se agotaba en el plano económico, sino que debía abarcar todas las medidas necesarias para el esclarecimiento de los crímenes. Con este argumento el máximo tribunal había permitido la reapertura del caso Hagelin, que la Cámara de Casación había clausurado porque el padre de la joven, Ragnar Hagelin, había cobrado una indemnización.
El 27 de enero de 1977 en una casa de El Palomar, un grupo de tareas intentó detener a una muchacha alta y rubia. La chica corrió y Alfredo Astiz apretó el gatillo. Dagmar Hagelin cayó al piso. Aunque no era la persona que buscaban, los represores la llevaron a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). La desaparición de la joven sueca se convirtió con el tiempo en uno de los casos emblemáticos que ilustró la represión militar, en parte por la presión ejercida por Suecia para que se investigara su muerte.
Ragnar Hagelin, junto con Luis Zamora como su abogado, mantuvo activa la causa judicial. Pero se encontró con la barrera del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y la Cámara de Casación Penal.
Luego del fallo de la Corte que reabrió el caso, la defensa de Astiz pidió que la Cámara de Casación anulara todo lo actuado porque no se le había dado intervención al represor en ese trámite. Pero el máximo tribunal rechazó ese planteo ayer, ratificando así que la causa puede seguir su curso.
Actualmente Astiz está preso por orden del juez Sergio Torres, quien tiene a su cargo la llamada megacausa sobre los crímenes cometidos en la ESMA que se reactivó luego de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El ex marino, condenado por haber asegurado que era el “hombre mejor preparado para matar a un político o a un periodista”, está detenido en la base naval de Zárate y fue sometido hace unos meses a una operación de riñón porque sufre de cáncer. También afronta un pedido de extradición de Francia por la desaparición de las monjas Alice Domon y Leonie Duquet.
La Corte aún debe expedirse sobre la anulación del Congreso de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Algunos miembros del tribunal quieren esperar que la Cámara de Casación dé su opinión al respecto antes de firmar el fallo. Otros consideran que sólo resta el pronunciamiento del procurador general de la Nación, Esteban Righi.
El tribunal ya dio claras muestras de cuál será su posición. Una de las primeras señales provino justamente del fallo del caso Hagelin, incluso antes de que comenzara la renovación de los Supremos. Cuatro magistrados dijeron en esa oportunidad que “la persecución penal de los responsables” de violaciones a los derechos humanos es, junto con la averiguación de la verdad, una “obligación del Estado”. Luego se sumaron al tribunal otros que piensan igual.