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Los familiares agrupados en Memoria Activa pidieron ayer, en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que el Estado argentino sea sancionado por no haber cumplido con su responsabilidad de prevenir el atentado contra la AMIA y luego por privar de justicia a los familiares por haberse realizado una investigación fraudulenta. “No sólo soportamos la muerte, soportamos también la impunidad”, sostuvieron los integrantes de Memoria Activa. Como adelantó Página/12 en exclusiva, el gobierno nacional, en representación del Estado argentino, admitió su responsabilidad con una fórmula contundente. “Existió incumplimiento de la función de prevención, existió encubrimiento de los hechos, grave y deliberado incumplimiento de la función de investigación y denegatoria de justicia”.
En el encuentro de ayer el Estado presentó una serie de propuestas y la CIDH abrió un período de diálogo entre las partes que empezará el 30 de marzo y tiene, en principio, como plazo el mes de octubre. Si no hay acuerdos, la Corte Interamericana condenaría a la Argentina por el caso AMIA y ordenaría una serie de medidas que serán obligatorias.
Los integrantes de la CIDH señalaron que “el reconocimiento del Estado argentino de que hubo falta de prevención en el caso del atentado contra la AMIA y una posterior privación de justicia, constituye un hecho de trascendencia histórica y debe servir de ejemplo a otros países de América latina”. Los comisionados felicitaron por su lucha a los familiares agrupados en Memoria Activa. Más tarde, en un comunicado oficial, el organismo internacional resumió lo ocurrido en el encuentro: los representantes del Gobierno pidieron perdón a Memoria Activa y a los familiares de las víctimas. Con base en los términos expuestos, el Gobierno ofreció, y los peticionarios aceptaron, abrir un espacio de diálogo en el marco de un proceso de solución amistosa ante la CIDH, que incluye “elementos y acciones para avanzar en la búsqueda de verdad, justicia y reparación”. El Gobierno señaló la necesidad de que este atentado sea objeto de una investigación “plena, clara y transparente”.
“La causa AMIA no tiene un solo preso real –señalaron Diana Malamud y Adriana Reisfeld por Memoria Activa– y los únicos culpables que conocemos pertenecen o pertenecieron a los tres poderes del Estado argentino. Los familiares llevamos más de diez años condenados, postergando nuestras vidas en pos de desenmascarar una Justicia corrupta, adicta al poder e inoperante”. A continuación, los abogados de Memoria Activa, Alberto Zuppi y Pablo Jacoby hicieron un descarnado análisis en el que señalaron las maniobras en la causa llevada adelante por el suspendido juez Juan José Galeano, el lapidario fallo del Tribunal Oral y la demora injustificada en la investigación de las irregularidades, un expediente que lleva adelante el juez Claudio Bonadío. Todo esto fue corroborado en un informe oficial de la CIDH realizado por el observador Claudio Grossman.
Los representantes del gobierno nacional, el secretario de Derechos Humanos de la Cancillería, Horacio Méndez Carreras, y el titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia admitieron la responsabilidad estatal y propusieron una serie de puntos. Entre ellos, que el reconocimiento de responsabilidad tenga amplia difusión y se formalice a través de un decreto firmado por el Presidente; fortalecer la Unidad Fiscal que se ocupa de investigar el atentado, medidas tendientes a garantizar la investigación del encubrimiento y la sanción de los responsables; profundizar el proceso de apertura de archivos de la SIDE, crear una unidad especializada en catástrofes, transparentar el sistema de fondos reservados de la SIDE, facilitar el acceso a la información de inteligencia a los jueces en las investigaciones por terrorismo y promover la sanción de una ley de reparación para todas las víctimas del atentado.
Los comisionados de la CIDH resolvieron –y Memoria Activa, patrocinada por el CELS, aceptó– abrir un proceso de diálogo, para el cual se estableció un cronograma de reuniones. En su próximo encuentro de octubre la CIDH evaluará si hubo acuerdo. Además, el Gobierno y Memoria Activa tienen el derecho de dar por terminada la negociación en cualquier momento.