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Cuando Adolfo Rodríguez Saá anunció el default nacional recibió una ovación de todos los miembros de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué aquel acto demagógico del presidente por una semana, desdichada travesura de la historia, síntoma de la impotencia del sistema político predominante para hacerse cargo de la crisis, resaca de la hegemonía conservadora, tuvo la espontánea adhesión unánime que hoy no se aplica al canje de los bonos de la deuda? La exitosa operación financiera y política del actual gobierno, a pesar de las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otros gerentes de los codiciosos prestamistas internacionales, merece el reconocimiento debido para alguien que prometió hacer algo positivo y cumplió. No es poco mérito en un país donde a las promesas se las lleva el viento y los discursos, como limones exprimidos, han perdido el jugo de sus contenidos esenciales.
Los resultados prácticos del canje serán motivo de controversia, por supuesto, y es lógico que así sea, siempre y cuando la revisión crítica se haga con el rigor y la honestidad, en el acierto y en el error, que se debe a los asuntos que afectan el bien común. Hay críticas que son previsibles porque responden a los mismos especuladores que hicieron ganancias de la decadencia nacional. Otras, sobre todo las que provienen del arco de centroizquierda sin dogmas preconcebidos, deberían cuidar que sus puntos de vista no sean percibidos por la sociedad como mezquinos reflejos de oportunismo electoral. La experiencia prevista y realizada por el Gobierno, amén de sus implicancias económicas y financieras, puede ser entendida también como una práctica de autodeterminación política en un mundo donde sólo los más fuertes pueden actuar con voluntad propia.
En esta región, y patria, con doscientos años de lucha por la independencia plena, de los que se pueden rescatar algunos resplandores, las conductas que tienden a la libre determinación en las condiciones reales de cada momento deberían ser examinadas con detenimiento, aunque más no sea para aprovecharlas como impulso hacia mejores destinos. Anhelo irrenunciable y añejo, tanto que Don Quijote, que cumple este año cuatro siglos desde su nacimiento, supo aconsejar a su escudero sobre la materia: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre; por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres” (págs. 984-85, ed. IV Centenario, Real Academia Española). Ya que se citan dones celestiales, conviene recordar aquí que el presidente Néstor Kirchner aceptó que el canje de la deuda no alcanza para sacar a los argentinos del infierno, “donde todavía estamos”, dijo.
No se puede menos que coincidir con ese reconocimiento presidencial. De acuerdo con estimaciones de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), “recién en el primer trimestre de este año (2005), el producto bruto interno PBI se ubicará casi en los niveles del año 1998, por lo que a nuestro país le llevó seis años volver al mismo nivel de actividad. Sin embargo, el cuadro social que acompaña este proceso denota un considerable agravamiento. Así, la tasa de desocupación que corresponde registrar (aquella que no contabiliza como ocupados a los perceptores de planes) es un 33 por ciento más alta que en 1998: de un 13 a un 17,3 por ciento. En valores absolutos esto supone un incremento de la población desocupada sin planes de 1.750.106 personas a 2.818.572”. En la Casa Rosada esperan para la próxima semana un documento formal de esta Central con opiniones y demandas en materia económico-social.
El texto incluiría también la reiterada exigencia para que se apliquen en las organizaciones sindicales las normas de libertad de agremiación que propicia la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A propósito, el diputado Claudio Lozano, economista de la CTA, circuló en estos días una opinión crítica sobre las negociaciones entre la UIA (Unión Industrial Argentina) y la CGT encabezada por Hugo Moyano ya que a su juicio: “El desplazamiento público del Consejo del Salario, el Empleo y la Productividad no es neutral: restringe las representaciones y por lo tanto reduce la democracia y tiende a instalar una negociación donde quedan involucrados sólo los trabajadores del sector privado registrado (el 19 por ciento de la fuerza laboral disponible) y un reducido número de establecimientos”. Según el mismo Lozano, los salarios son muy diferentes según el lugar que ocupe el trabajador: “Si los trabajadores en blanco tienen sueldos promedios de 983 pesos mensuales, en el mismo período los cuentapropistas reciben ingresos por 579 pesos, el trabajador en negro muestra un promedio de ingresos de 365 pesos y el desocupado con plan exhibe ingresos por 192 pesos”.
Hoy en día, por cierto, nadie niega que la redistribución de ingresos ocupa un lugar central en el futuro inmediato del país y que, si no tiene lugar, son muy escasas las posibilidades de garantizar un crecimiento sostenido que no dependa sólo de las circunstancias afortunadas de cosechas, precios internacionales y retenciones. El fortalecimiento del mercado interno es un dato incuestionable de la ecuación de desarrollo sustentable, para usar la terminología más académica. En términos políticos, sin blanquear el trabajo, crear nuevos empleos, mejorar los salarios y fortalecer la producción y el consumo, no hay chances de organizar un país más justo y solidario. En privado casi todos, muchos en público, aceptan esas premisas como bases para un plan de gobierno y hasta para políticas públicas que tengan consentimiento mayoritario, porque son muy pocos los que pueden, como lo intentará el FMI en su inminente reunión con el ministro Roberto Lavagna, seguir predicando las llamadas “reformas estructurales” que adoraban Menem y Cavallo. Esos pocos, sin embargo, forman el núcleo más duro de la concentración económica y la apropiación de la riqueza.
Dicho en criollo, si el Gobierno quiere, como dice, producir la redistribución de la riqueza con principios de equidad, tendrá que torcerles el brazo a esos grupos concentrados que se apropiaron durante los años ’90 de riqueza económica pero también de medios de influencia y de posiciones de poder en todas las instituciones republicanas. No es cuestión de cortarle los víveres a tal empresa o a cual banco, porque se trata de desmantelar una red establecida, una cultura del poder, que incluye la corrupción sistémica, y hasta una manera de administrar el Estado y de hacer política.
A título de mera referencia, vale la pena detenerse un instante en la reciente experiencia de Santiago del Estero, donde acaba de triunfar el candidato radical en los comicios para gobernador. Cualquiera que conozca los entremeses provinciales sabe que ninguno de los candidatos, peronistas o no, estaba intocado por la red que tendió el juarismo durante cuatro décadas de unicato absolutista. Lo más probable es que lleve dos o tres períodos, siempre que la ciudadanía mantenga voluntad de cambiar, para atenuar esa influencia dominante que hoy persiste. Basta pensar en la provincia de Buenos Aires para advertir que el juarismo es apenas una porción de esa red nacional conservadora y corrupta que se opone al cambio. ¿El Presidente se referiría a esto cuando dijo que los nuevos desafíos ya lo están mirando y que su gobierno se prepara para vencerlos? Mientras tanto, debe saberlo, el enemigo duerme en casa.