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“No hay forma, con este caso no hay vuelta atrás”, confió a este diario un destacado legislador del oficialismo luego de que la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Cristina Fernández de Kirchner pusiera fecha para la lectura de la acusación contra el juez de la Corte Suprema, Antonio Boggiano. El próximo miércoles 20 de abril, los diputados Ricardo Falú, del peronismo, Hernán Damiani, del radicalismo, y Nilda Garré, del Frepaso, leerán en el recinto de la Cámara alta los cargos que se le formularán al magistrado. De allí en más comenzarán a correr los propios plazos del reglamento del juicio político. Los senadores podrán reclamar nuevas medidas de prueba y Boggiano tendrá que presentar su defensa. La defensa jurídica, claro está, ya que a la gestión hecha por el juez ante varios gobernadores provinciales y a los llamados de algunos miembros de la Iglesia Católica en favor del supremo, se sumaron los telefonazos de importantes empresarios.
Este diario pudo conocer la existencia de por lo menos un llamado de un empresario que resonó en el despacho de un miembro del bloque mayoritario. El legislador pidió no sólo reserva de su nombre, sino que tampoco quiso identificar al hombre de las finanzas que se había interesado por la suerte de Boggiano. Algo que no resulta llamativo dada la pertenencia del cortesano al Opus Dei y los fuertes lazos que esta línea interna de la Iglesia Católica tiene con el poder y con los grupos económicos. Al margen de las numerosas gestiones a favor del juez, lo cierto es que lanzados los mecanismos institucionales, cualquier intento de frenarlos conlleva un altísimo costo político. Más del que el oficialismo está dispuesto a pagar en un año electoral.
Ratificando su voluntad de avanzar con el proceso, el oficialismo desestimó ayer los pedidos de recusación formulados por los diputados del ARI, María América González y Adrián Pérez, contra los senadores Jorge Yoma y Miguel Angel Pichetto. Los diputados habían fundamentado su reclamo en declaraciones periodísticas en las que los senadores habían coincidido en que “el proceso político de renovación de la Corte Suprema estaba agotado”. Formuladas luego de la acusación contra Boggiano, los diputados entendieron que los dichos de Pichetto y de Yoma eran un prejuzgamiento.
La mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales entendió ayer que ninguna de las dos expresiones avanzaban sobre el tema de fondo. Además de que la única “parte interesada” para solicitar una recusación era precisamente el acusado. Llegaron a esta conclusión luego de entender que el derecho de recusación es lisa y llanamente un derecho de defensa. Como tal sólo puede ser reclamado por el afectado.
Si bien la mayoría de los senadores coincidió con este criterio, los radicales, con dictamen de minoría propio, hicieron una diferencia entre el caso de Pichetto y el de Yoma. Rechazaron la recusación al jefe del bloque peronista y aceptaron la del riojano. “Con gusto voy a prestarme a ser objeto de la necesidad de diferenciación de la oposición en un año electoral”, fue la chicana con la que Yoma minimizó el planteo del radicalismo. Antes había dicho que en “ningún momento había avanzado sobre la cuestión de fondo”.
También se rechazó la excusación presentada por el senador salteño Marcelo López Arias. El parlamentario fundamentó su pedido en el hecho de que se había mostrado partidario de que la acusación de los diputados, luego de definidos los cargos, se realizara en bloque contra los jueces acusados por mal desempeño. En su opinión, de no hacerse así, el máximo tribunal de Justicia se vería sometido a la presión de un juicio político permanente. Al igual que cuando se realizó el juicio político contra Eduardo Moliné O’Connor y, en aquella ocasión, el radical mendocino Raúl Baglini intentóexcusarse, ahora los senadores también rechazaron el intento de López Arias. Todas estas definiciones de la Comisión de Asuntos Constitucionales deberán hoy ser refrendadas por el plenario del cuerpo. La acusación es, en palabras de un destacado legislador del oficialismo, la fecha tope en la que Boggiano debería presentar su renuncia para evitar un mayor desgaste público sobre su figura.