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El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, recalcó ayer ante un grupo de senadores que no es necesaria ninguna ley para que Argentina “revise” (y eventualmente invalide) algún fallo adverso del Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial al que acudieron en masa las accionistas de las empresas privatizadas. Lo que el funcionario sí vería con agrado es una iniciativa que respalde el criterio que sustentó el Poder Ejecutivo en las renegociaciones contractuales, exigiéndoles a las empresas que desistan de aquellas demandas antes de firmar un nuevo contrato.
Rosatti se reunió ayer con un núcleo de senadores oficialistas y de la oposición a propuesta del jefe de la bancada del PJ, Miguel Pichetto. La idea fue discutir sobre los proyectos que estaban proliferando en esa Cámara y en Diputados para acotar las posibilidades de que la Argentina tenga que pagar alguna indemnización multimillonaria a las demandantes que se consideran perjudicadas por la pesificación y congelamiento tarifario o por otras medidas estatales, como la rescisión unilateral del contrato con Siemens para la impresión de los DNI.
En ese cónclave, el ministro dejó en claro que el Gobierno acuerda con cualquier cambio de condición hacia el futuro, incluyendo la revisión de los tratados bilaterales de inversión, en la medida que su vigencia vaya expirando y sea posible reformularlos. Pero con la misma claridad se opone a cualquier otra iniciativa que pudiere ser juzgada como un “cambio de reglas de juego”, categoría que incluye, por ejemplo, a las propuestas que pretenden darle preeminencia a la Justicia local sobre un pronunciamiento del Ciadi.
Para reconsiderar esos fallos no es necesaria ninguna nueva ley, tal como les dejó en claro el titular de la cartera judicial a los legisladores. La propia Carta Magna local habilita un “control de constitucionalidad” por el cual se puede discutir la validez de cualquier laudo si se considerase lesivo a un derecho consagrado constitucionalmente.
Más permeable es la iniciativa de la senadora justicialista Mabel Müller, que propone como condición ineludible para renegociar un contrato con una privatizada que ésta –o cualquiera de sus accionistas demandantes ante el Banco Mundial– hayan desistido de ese reclamo. Algo que la Unidad de Renegociación de Contratos utiliza como criterio aunque sin la rigidez que propone la legisladora.
En el acuerdo firmado con Edelap, por ejemplo, el Gobierno admitió que la operadora AES suspenda su reclamo al firmar el primer acuerdo. La renuncia definitiva quedaría supeditada a la revisión tarifaria integral, prevista recién para el 2006. Antes, habrán cobrado un ajuste a cuenta.
“No se puede admitir un juicio a dos puntas”, advertía ayer Rosatti, en alusión a las empresas que se sientan a rediscutir sus contratos y, al mismo tiempo, sostienen sus millonarias demandas en el Centro de Arreglo de Diferencias internacional. En rigor, casi todas las firmas que discuten sus nuevos contratos en la Uniren están en esta situación, salvo las pocas que ya desistieron, como Gas Natural o Pioneer.