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Desde la suspensión del tratamiento del decreto de necesidad y urgencia número 1 en la Legislatura porteña –que intentaba prohibir la contratación de músicos en vivo en locales bailables de toda clase–, los boliches de Capital Federal están aptos para permitir recitales. En términos formales, por tanto, no existen trabas para la reapertura de los sitios que funcionaban con música en vivo antes de Cromañón. Sin embargo, en concreto, apenas una ínfima parte de los 5 mil locales de este tipo que había antes del 30-D retomó su actividad. La imposibilidad obedece a múltiples factores –principalmente los requisitos de seguridad y el temor “a que pase algo”– y se traduce en cifras preocupantes: unos 9 mil músicos sin trabajo y casi 20 mil trabajadores de la música –sonidistas, plomos, iluminadores, gastronómicos, fleteros– parados. “Siempre viví de la música y ahora resulta que tengo que salir a buscar trabajo de cualquier cosa, sin tener experiencia. Me pudrí de llamar a La Diosa, Azabache y los boliches donde laburaba y no hay caso”, reclama Tamara, cantante de bolero y salsa, que llegó a escribirle una carta a Aníbal Ibarra con su lamento. El reclamo de Tamara es el de miles de músicos desocupados que provocó Cromañón. “Si hay que meter dos personas por metro cuadrado, que saquen todos los trenes, los colectivos y las canchas. Acá de la nada pasamos al todo: el país es Cromañón”, apunta Alberto Giaimo, experimentado pianista, que también atraviesa sus penurias.
Tras dos meses de veda, la lenta “normalización” de la actividad musical presenta varios focos de atención. En términos generales, se ajustaron al extremo las exigencias que complican su reinicio, lo que algunos llaman “medidas de restricción desproporcionadas”. Si bien pasó el momento más duro –aquel de los decretos prohibitivos–, persiste una tendencia de la cual, se especula, no se saldrá fácil. “Es cierto que debido en parte a nuestra presión se levantaron las restricciones para hacer recitales –asegura Ricardo Vernazza, secretario de acción política del Sindicato Argentino de Músicos–, pero el gran problema hoy es que, antes de Cromañón, el 80 por ciento de los locales con músicos en vivo no tenía el permiso para la actividad y no pueden reabrir hasta tanto no lo saquen. Y ahora es más complicado sacarlo, porque tiene que haber un camarín, un escenario digno, etcétera.” Otro factor de preocupación ancla en la superposición de reglamentaciones. Dice Vernazza: “Hoy hacés un recital y te caen un inspector, un diputado y una fiscal. O cualquier tipo que no sabe nada de seguridad. El otro día se hizo uno en el Rosedal, y una fiscal pidió un disyuntor en la tira de cables de sonido, exigió que lo enterraran 50 centímetros y después que pusieran vallas para separarlo de la gente. ¡Tuvieron que enterrar el cable de sonido! Eso es insólito. La reglamentación tiene que ser adecuada, cada lugar tiene que tener una normativa particular”.
Adrián Birlis, pianista de jazz y docente, agrega que las prohibiciones “no conducen a nada” y que los funcionarios deberían hacer una distinción entre un show de rock y un concierto de tango o jazz. “No pueden tener el mismo tratamiento normativo”, sintetiza. Vernazza asegura que se planteó varias veces establecer estas diferencias, pero que fueron desoídas. “Hay lugares donde se hacían recitales, pero estaban habilitados como locales bailables clase C, cuya seguridad tiene que ser distinta. No es el caso de las bailantas o las peñas, donde la gente va a bailar y de paso escucha un músico en vivo. Esto tiene que tener una normativa específica. Y ojo que los locales donde se hacen recitales también tienen que existir, porque sino los rockeros tenemos el problema de que llegamos a 500 personas y después tenemos que saltar a 5 mil en otro.”
Otro foco que preocupa a quienes viven de la actividad es el rol de los empresarios. “¿Cómo van a querer reabrir lugares algunos empresarios a los que no se les ve la cara?”, se pregunta Birlis. “La voracidad del negocio es tremenda, porque no sólo se le exige a un grupo de pibes que vendan 200 entradas para poder tocar sino que, aún más aberrante, existen sociedades off shore por todos lados y nadie habla de esto. ¿No hay responsables, acaso?” Giaimo extiende el reclamo. “Los músicos necesitamos tener condiciones mínimas de trabajo garantizadas. Todo es fraude laboral, porque ningún empresario argentino asume el riesgo empresarial. ¿Cómo le hacés entender a un triunfador que tenés hijos chiquitos y que precisás cobertura médica, cuando todos los contratos son basura? Otro problema clave es el temor de los bolicheros a reabrir sus puertas a los recitales. Dada la explosión mediática que provocó la tragedia, son pocos los que quieren arriesgarse. “Pongamos un boliche cualquiera, el tipo abre, le cae un inspector, le dice ‘ese florero está mal puesto’ y se lo clausura. Al otro día sale en el diario, el boliche queda quemado para toda la vida y no abre más. Son muchas cosas las que se juntan para que persista la imposibilidad de trabajar”, extiende Giaimo.
Otra arista es la política. Los miembros del Sadem vienen manteniendo reuniones constantes con los funcionarios. Se arrogan el mérito de haber dado el primer paso para el reinicio de la actividad, al trabar el tratamiento del decreto 1. “Pero los funcionarios –según Vernazza– escuchan con el oído izquierdo y firman con la mano derecha, porque la cuestión es ‘acá hay que cerrar todo porque políticamente no podemos tener un herido más en ningún lado’. Y nosotros decimos que de esta realidad salimos con música, no con plebiscitos. La gente común entiende que tiene un hijo que se le va a bailar a Castelar, viene a las 9 de la mañana y la pasa mal en el tren cuando vuelve.” Martín Jaime, secretario general del gremio, agrega: “Los que venimos del rock sabemos perfectamente lo que significa trabajar en un pub. Todos los gobiernos, radicales o peronistas, han negado la dignidad de los músicos, sistemáticamente contratan en negro. Este es un sistema republicano burgués burocrático y acartonado, que sólo cambia figuritas en cada elección”. Para Jaime, Cromañón fue un acontecimiento “anunciado de toda la vida” e introduce un ejemplo que tuvo como protagonista a Omar Chabán. “Una vez a Vernazza le tiraron una botella sobre un teclado de dos mil dólares, y Chabán le dijo ‘quedate tranquilo, es señal de que los muchachos se están divirtiendo’. ¿A vos te parece? Los músicos trabajamos toda la vida librados al azar, sin seguro, sin condiciones mínimas de asepsia, sin medir nuestro trabajo. Una persona que razona ideológicamente esto es porque tiene un pensamiento subalterno, carece de sentido común, porque transforma en un problema partidario un problema social. Este país no tiene funcionamiento administrativo, por eso tiene que dar respuesta política a un incendio.”
Darío y Peppo se presentan como dos trabajadores de la música tropical y aseguran que se sienten discriminados. “La cosa no hubiera salpicado tanto si hubiese pasado esto en un recital de cumbia, es la discriminación de siempre”, sostiene Darío, representante del sello Magenta. “Nosotros no hacemos recitales, hacemos shows de media hora y, salvo algunas riñas callejeras, nunca pasa nada. Ahora nos vemos muy complicados, porque los pibes están sufriendo por no tocar, no se puede planillar y se perjudica a los autores. Esto afectó mucho más de lo que debería, porque cada grupo de cumbia da trabajo a veinte personas. No podemos solucionar Roma en un día, habría que haber dado una prórroga y no cortar la actividad abruptamente tanto tiempo a miles de personas que viven de esto.” Peppo, cantante del grupo Los Jedientos, adiciona que la seguridad en las bailantas siempre fue más rígida que en los recitales de rock. “En un recital de rock no te revisan como en la puerta de una bailanta. Hace 5 años que estoy en esto y nunca vi una bengala en una bailanta.” “Además –vuelve Darío–, los chicos están todos en la calle tomando tetra cuando en una bailanta de Capital estaban contenidos. Estamos parados en una bomba de tiempo.”A la hora de plantear soluciones, más allá de la presión ante legisladores y empresarios, Giaimo propone una salida gradual. “Habría que brindar las condiciones para que los locales con menores riesgos vuelvan a funcionar sin miedo, y después reabrir los demás. Sería una brillante oportunidad, además, para clarificar las cosas con los empresarios, con los músicos y con los representantes.” El pianista apela a un viejo reclamo –la matrícula profesional– y a la implementación de un comité de ética para que los músicos se controlen entre sí. “Hay colegas que no están precisamente contentos con Callejeros, hay mucha bronca, porque ésta no es la fiesta de la bengala. Si alguien hace las cosas mal, entonces se le saca la matrícula y no puede tocar en ningún lado.” Vernazza, por su parte, propone emprolijar todo con la existencia de contratos como punta de lanza. “Es obligatorio firmar un contrato escrito cuando se contrata a un músico, y sin embargo nadie lo hace. Mirá los problemas que hay con Cromañón, nadie sabe quién tenía la seguridad, quién cobraba o no... si hubiera habido un contrato, no existirían semejantes desentendidos.”