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Ricardo Oliveros, un ex agente de los servicios de inteligencia del Ejército, fue indagado en España por su presunta responsabilidad en la represión durante la dictadura. A Oliveros lo interrogó el juez que sustituye temporariamente a Baltasar Garzón, Fernando Grande Marlaska. Tras escucharlo durante ocho horas, el magistrado dispuso que quede bajo un régimen de libertad vigilada.
La noticia fue dada a conocer en Mar del Plata por María Luisa y Alberto Toledo, madre y hermano de Jorge Toledo, secuestrado en 1976 y desde entonces desaparecido. En el año 2000, cuando comenzaron los Juicios por la Verdad, el ex agente se contactó con ellos.
Oliveros, recordó ayer Alberto Toledo, “decía que durante la dictadura había manejado los legajos de los desaparecidos en el Batallón 601”. Aseguraba que en un terreno de Mar de Cobos el Ejército había enterrado “a seis o siete desaparecidos”, entre quienes estaría Jorge. El ex agente manejaba información que para los familiares era “precisa”, por ejemplo sobre el centro clandestino de detención donde el joven de 23 años había sido llevado luego de su secuestro.
“Me dijo que sabía que mi hermano había estado en La Cueva –como se llamó al centro que funcionó en la Base Aérea marplatense–, un dato que yo ya conocía”, señaló Alberto Toledo.
El ex agente les pidió 20 mil dólares a cambio de darles más precisiones, pero los familiares rechazaron hacer un trato por dinero y dejaron de verlo. Dos años más tarde, cuando María Luisa testificó en el juzgado de Garzón en la causa abierta por genocidio, contó aquellas entrevistas con el ex agente de inteligencia.
Oliveros es un hombre muy conocido en Mar del Plata, donde tiene fama de personaje violento y escandaloso. En 1999, cuando un grupo de desocupados había tomado la Catedral marplatense para pedir asistencia, Oliveros entró a la iglesia con un grupo de choque y la desalojó. En agosto del 2000 un imprentero denunció que el ex agente lo estaba amenazando; un juez ordenó su detención. En el auto de Oliveros se encontraron armas e informes de inteligencia con títulos como “Montoneros”, “Tupamaros” y “Zapatistas”.
Estuvo preso hasta el 2001 y luego no hubo noticias de él. Hace tres meses, contaron María Luisa y Alberto Toledo, recibieron un llamado desde España para avisarles que el ex agente había sido detectado allí y se lo citaría a declarar.
Según trascendió, al ser interrogado Olivieri reconoció que conocía a la familia Toledo, aunque habría sostenido que todo lo que supo sobre las desapariciones fue “a través de amigos”. El ex agente deberá volver al juzgado el 27 de abril para completar su declaración.
La historia política del imputado está ligada con la extrema derecha. Según el diario marplatense La Capital, en los ’70 ya se le adjudicaban estrechos contactos con el Ejército. Oliveros hacía vida de civil, dedicado aparentemente a los negocios inmobiliarios. Pero en la dictadura, durante la primera gestión municipal de Mario Russak, cobró sueldo de empleado municipal. El Ejército admitió que lo tuvo contratado como agente civil de inteligencia, aunque sostiene que el vínculo se dio sólo en democracia, de octubre de 1983 a enero de 1992.
A mediados de los ’90 se acercó al menemismo, convertido en asesor del senador Mario Cámara. Seis años atrás, cuando ocurrió el episodio de la Catedral, el Ejército sacó un comunicado en el que negó mantener cualquier relación con él.
Por la investigación abierta en España por el juez Garzón están detenidos el represor Ricardo Cavallo y el ex marino Adolfo Scilingo, cuya sentencia se conocerá el próximo martes.
La decisión del juez Marlaska de disponer para Oliveros un régimen de libertad vigilada implica que no podrá salir del país sin su autorización o la de Garzón. En principio, el ex agente deberá permanecer en el país como mínimo hasta terminar de ser interrogado. Alberto Toledo dijo que tanto él como su madre están dispuestos a viajar a Madrid para ampliar sus testimonios o carearse con el ex agente.