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La causa por el incendio en Cromañón que provocó 193 muertes tendrá otras dos semanas movidas. El jueves próximo, el juez Julio Lucini le tomará declaración, como imputados, a dos policías de la comisaría 7ª de la Policía Federal, un sargento y un cabo que estaban de consigna en el boliche y están sospechados por no haber hecho una denuncia que podría haber evitado la tragedia. Una semana más tarde, los indagados serán otros dos ex funcionarios del gobierno porteño que habrían tenido responsabilidad en las fallas en el control sobre las condiciones de seguridad del local propiedad de Omar Chabán. Fuentes cercanas a la causa precisaron a Página/12 que los policías custodiaban la puerta del boliche la noche de la tragedia y observaron que la salida de emergencia estaba cerrada, que había más público del permitido para el local y que ingresaron bengalas. “Tendrían que haber notificado al fiscal contravencional, que debía disponer la clausura preventiva inmediata, lo que habría evitado el siniestro”, coincidieron ante este diario una fuente allegada a la causa y un vocero del fuero contravencional.
Las cuatro nuevas indagatorias, tal como había anticipado el jueves Página/12, fueron decididas por el juez Lucini luego de analizar las declaraciones formuladas el martes por la ex subsecretaria de Control y Gestión Comunal Fabiana Fiszbin. La actividad judicial se abrirá el martes, con el careo entre Fiszbin y el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad Atilio Alimena, quien aseguró que la ex funcionaria le había dicho, en una reunión a solas, que se necesitaba una “decisión política” para disponer la clausura de algunos locales. Fiszbin lo desmintió y ahora se hará el careo, que fue adelantado una semana por Lucini.
El jueves, Fiszbin tendrá otro careo, esta vez con quien fue la segunda de la Subsecretaría de Control y Gestión, Ana María Fernández. Las dos fueron indagadas por Lucini y negaron responsabilidad en lo ocurrido, pero los argumentos que dieron “se chocan y, además, Fernández repartió culpas entre Fiszbin y los dos ex funcionarios que serán indagados”, sostuvo la fuente allegada a la causa. Esos ex funcionarios citados para el miércoles 27 y el jueves 28 son el ex coordinador general de la Secretaría de Seguridad porteña, Juan Carlos Lupías, y Carlos Ucar, ex asesor de Fiszbin.
La mayor expectativa está sobre la declaración de los dos policías de la 7ª, de apellidos Sosa y Villegas. “Los dos estaban en la puerta de Cromañón y tienen que haber visto la pirotecnia, la puerta cerrada y el ingreso de 3500 personas, cuando la capacidad máxima era de 1031”, precisó una de las fuentes. Si tomaban en cuenta lo que establece el Código Contravencional porteño, los policías “tendrían que haber denunciado el hecho a la fiscalía contravencional y, en esos casos, la decisión inmediata es clausurar el local en forma preventiva”.
Un funcionario del fuero contravencional recordó que los locales clase “C”, como Cromañón, son boliches bailables no habilitados para recitales. Por eso, las inspecciones no pasan por el sistema contravencional sino por los tribunales de faltas. Sin embargo, como se había organizado un recital que “desnaturalizaba la categoría de habilitación del local”, en los hechos “era un espectáculo artístico de asistencia masiva y era jurisdicción de la Justicia Contravencional”. Por lo tanto, “los policías, como asistentes de los fiscales contravencionales, tenían que denunciar las irregularidades que advirtieron”.
La fuente sostuvo que “los agentes tenían que haberse comunicado con el fiscal y éste, en un caso semejante, tenía que disponer la inmediata clausura preventiva del local”. Eso es lo que establece el artículo 15 del Código Contravencional. El vocero puntualizó que por ley está establecido que “la fuerza de seguridad que tiene la función de prevención y, por lo tanto, de avisar al fiscal, es la Policía Federal”.
Pero la responsabilidad policial va más allá de los dos suboficiales que estaban en la puerta. Está en tela de juicio la actuación de los jefes de la Guardia de Infantería que fue convocada por Omar Chabán para montar guardia en las cercanías de Cromañón, para evitar posibles problemas a la salida del recital. “Está probado en la causa que el jefe de la comisaría 7ª dejó constancia escrita del pedido de Chabán para que enviaran dos pelotones de Infantería porque esa noche iba a tener ‘más de cinco mil personas’”, dijo la fuente allegada a la causa. Eso significa que varios policías también conocían una de las infracciones y tampoco lo denunciaron ante el fiscal contravencional. Ellos también serían indagados por Lucini, quien está acelerando las convocatorias. El propósito sería resolver la situación procesal de los ex funcionarios indagados antes del retorno de la titular del juzgado, María Angélica Crotto, que se produciría en mayo.