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A primera hora de hoy, cuando se inicie la misa de consagración del Papa Joseph Ratzinger, ya se sabrá si el Vaticano está dispuesto a fabricar un conflicto con la Argentina en defensa de los criminales de la guerra sucia o prefiere mantener relaciones de mutuo respeto con un gobierno que no obstaculiza la libertad religiosa. Desde Roma trascendió en forma oficiosa que el presidente Néstor Kirchner sería conducido hasta su asiento en la basílica de San Pedro por Esteban Caselli. La Cancillería solicitó al Vaticano, por vías oficiales pero también oficiosas, que no ofendiera de ese modo a un mandatario que viajó en gesto de buena voluntad, a pesar de la tensa relación con Italia y sus agresivos bonistas. Caselli tiene intereses económicos en el diario Infobae y acceso franco a las páginas de Ambito Financiero, dos medios de presión política y negocios que están utilizando el caso Baseotto como un ariete contra el gobierno nacional. El fue quien acomodó en las exequias de Juan Pablo II al ex presidente Carlos Menem y al ex senador Eduardo Duhalde, de cuyos gobiernos fue funcionario. Para marcar la diferencia con ambos personajes, Kirchner invitó a acompañarlo a la entronización de Benedicto XVI a Raúl Alfonsín, el presidente que en 1983 denunció ante la justicia a Videla, Massera & Cía.

Que veinte años es mucho:

A raíz de esa denuncia, la Cámara Federal de la Capital juzgó y condenó a los ex Comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Esta semana se cumplieron veinte años de la primera audiencia pública en ese juicio. Con pocas horas de diferencia, la Audiencia Nacional de España condenó al capitán de la Armada Adolfo Francisco Scilingo por el delito de lesa humanidad que cometió al arrojar al mar a treinta personas vivas desde aviones militares. Al mismo tiempo el Colegio de Cardenales eligió como nuevo soberano a Benedicto XVI. La línea recorrida desde abril de 1985 hasta hoy se parece menos a una recta que a los rodeos que sigue el agua en su avance contra todo obstáculo. Haber sorteado el muro de los alzamientos castrenses y de las leyes de impunidad dictadas bajo su amenaza es la mayor victoria que la sociedad argentina ha obtenido desde que concluyó la dictadura militar y una razón para el optimismo en la construcción de una democracia en la que no prevalezcan los factores de poder ni la distorsión institucional, cuyos efectos letales se aprecian hoy en Ecuador como hace pocos años en la propia Argentina. Entre aquellos obstáculos a vencer se contó la jerarquía eclesiástica, que en forma consistente trabajó para impedir el avance de la justicia. Es imposible no reparar en la continuidad entre las homilías del vicario y el provicario castrense de entonces, Adolfo Tortolo y Victorio Bonamín, que legitimaron la represión ilegal en nombre de Dios, la Patria y el Hogar y la reivindicación elíptica de aquellos crímenes en la carta abierta del último obispo castrense, Antonio Baseotto al ministro de Salud Ginés González García. También entre los tartamudeos cómplices del Episcopado de entonces encabezado por Raúl Primatesta y Juan Carlos Aramburu, y las murmuraciones de pasillo y las amonestaciones al gobierno del actual, con Eduardo Miras y Jorge Bergoglio a la cabeza.

La internacionalización:

Los familiares de las víctimas, los organismos de derechos humanos fueron actores centrales en la batalla contra la impunidad y por un sistema jurídico independiente de los poderes fácticos. Sus consecuencias han desbordado las fronteras argentinas y constituido un modelo con proyección internacional, que contribuyó incluso a la creación del Tribunal Penal Internacional (TPI) y la consagración por los organismos de derechos humanos de la OEA y de las Naciones Unidas de principios fundamentales del derecho humanitario. Ese modelo concita adhesiones y rechazos. La Junta Interamericana de Defensa mencionó a la jurisdicción universal (que permitió el enjuiciamiento de Scilingo) entre las nuevas amenazas que debían preocupar a su país y un documento interno del Pentágono, en el que la prensa de su país detectó la mano de Douglas Feith se refirió al TPI como una de las “amenazas asimétricas” que debían enfrentar en la denominada “guerra contra el terrorismo”.
Esta misma semana, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución presentada por la Argentina que reconoce por primera vez el derecho de los familiares de las víctimas de crímenes contra la humanidad a conocer la verdad de lo ocurrido y la identidad de los responsables. El derecho a la verdad fue invocado luego de la confesión de Scilingo por el entonces presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Emilio Mignone, patrocinado por Alicia Oliveira (en el caso de Mónica Mignone) y por el actual encargado de derechos humanos de la Cancillería, Horacio Méndez Carreras (en el de las monjas francesas): si por el momento se habían cerrado los caminos del castigo, era posible seguir mediante el derecho a la verdad. Los juicios que entonces se iniciaron en todo el país, crearon nuevas condiciones que permitieron los avances posteriores.

El decoro de la sociedad:

La sociedad argentina acompañó a las víctimas ante los sucesivos intentos de varios gobiernos por dar vuelta la página sin haber aprendido antes la lección que contenía. Cada vez que fue consultada mediante sondeos y encuestas, un porcentaje que nunca bajó del 60 por ciento y que llegó al 78 por ciento en 2001 cuando el juez Gabriel Cavallo declaró nulas las leyes de impunidad, se pronunció por el castigo y en contra del olvido. Es significativo que en esa gama hayan oscilado también los índices de aprobación al desempeño presidencial. Uno de los picos favorables se debió a la reforma de la Corte Suprema de Justicia. Ahora se aguarda de ese tribunal una pronta ratificación de fallos previos sobre la inadmisibilidad de perdonar las más graves violaciones a los derechos humanos o interrumpir su persecución por el mero paso del tiempo. Todo hace pensar que el Procurador General, Esteban Righi, ratificará el pronunciamiento que ya firmó en 2002 su antecesor, Nicolás Becerra. Con la pluma del actual embajador en España, Carlos Bettini, Becerra dijo que juzgar los crímenes contra la humanidad era una forma de “defender el decoro de la sociedad”. También es imaginable cómo se expedirá la Corte. En una serie de fallos previos, aun antes de la asunción de Kirchner, estableció la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, confirmando pronunciamientos del tribunal pionero en materia de derechos humanos, la Cámara Federal de la Capital.

El lugar de la oposición:

La designación del cardenal Angelo Sodano como Secretario de Estado del Vaticano y la del obispo argentino Leonardo Sandri como su sustituto están entre las peores noticias que pudo recibir el país. Sólo la elección de Jorge Bergoglio hubiera producido un cuadro más complicado. Según un vaticanista del diario italiano Il Giornale, el Arzobispo de Buenos Aires fue el cardenal más votado luego de Ratzinger, con 40 papeletas. Pero el cardenal chileno Francisco Errasuriz Ossa lo desmintió. “En la prensa muchos cardenales latinoamericanos fueron mencionados como papables, pero en la votación no se los vio por ninguna parte”, le dijo a la agencia Associated Press. En cualquier caso, el foco de atención del hipotético papa Bergoglio hubiera sido la Argentina, así como el de Karol Wojtyla fue Polonia, lo cual hubiera creado un serio problema de gobernabilidad. Aun así, el Vaticano está tentado de ocupar el vacío que deja en la política argentina una oposición fragmentada y confundida. Ex embajador del Vaticano en Santiago durante la dictadura de Augusto Pinochet, Sodano no ahorró gestiones por su liberación cuando el mismo juez español que instruyó la causa contra Scilingo, Baltasar Garzón, ordenó la detención del general chileno en Londres. Igual que Sandri, Sodano mantiene una relación de amistad con Caselli. La familia de Sandri aún vive en Lomas de Zamora, y en la casa de una de sus hermanas estuvo escondido el banquero Francisco Trusso mientras la justicia lo buscaba por la estafa a los ahorristas del Banco Crédito Provincial de La Plata. Fiador de su libertad fue el Arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, otro integrante del mismo grupo. La creación de Aguer como cardenal es hoy más posible que antes. Algunas versiones señalan que recibiría una designación en el Vaticano pero otras sospechan que tendría la misión de encabezar un belicoso Episcopado argentino. Gentilhombre del Vaticano, Caselli hizo una demostración de poder durante las exequias de Juan Pablo II, cuando ubicó en el lugar reservado para las autoridades extranjeras a Menem y Duhalde mientras relegaba al canciller Bielsa a un sitio entre los guardaespaldas de George Bush. (Entre paréntesis, el episodio retrata la desmedrada situación del ex Menem, quien para mostrarse en Roma debió pedir la ayuda de Caselli, quien lo había señalado ante la justicia como uno de los responsables por el tráfico de armas, a raíz de lo cual lo denunció por falso testimonio.)

Piedras al cuello:

Antonio Baseotto fue designado Obispo Castrense en 2002, aunque no figuraba en la terna propuesta por el Episcopado argentino, gracias a las relaciones de Caselli en el Vaticano y por pedido de Duhalde y de su canciller Carlos Rückauf. Cuando Duhalde aún ocupaba la Casa Rosada, Baseotto abogó en una audiencia formal con la Corte Suprema de Justicia en favor de la convalidación de las leyes de impunidad. Bergoglio procuraba lo mismo, en combinación con el entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, pero con una sutileza principesca muy alejada del rústico reclamo de Baseotto, impiadoso con los buenos modales y con la ortografía. Duhalde estaba de acuerdo y su secretario de inteligencia Miguel Toma presionaba a la Corte en la misma dirección. Pese a que tenía rango y sueldo de subsecretario, Baseotto cuestionó en homilías y declaraciones la política de derechos humanos impulsada desde mayo de 2003 por Kirchner, su superior jerárquico, incluso en su presencia durante una ceremonia castrense. Kirchner guardó respetuoso silencio, a diferencia de Alfonsín quien en 1987 trepó al púlpito para contestar una perorata sobre corrupción del entonces vicario castrense José Medina, que sirvió como señal de largada para el amotinamiento de Campo de Mayo. Pero cuando Baseotto acudió a la desdichada parábola bíblica de la piedra al cuello y el fondo del mar, solicitó con la mayor formalidad al Vaticano que designara a otro prelado en ese cargo. Cuando la Silla Apostólica se negó, le quitó el acuerdo como obispo castrense. Es un asunto de interpretación jurídica. El tratado vigente dice que el titular es designado por el Papa con acuerdo del Poder Ejecutivo. Como el texto no contempla otra hipótesis que la designación, la Iglesia interpreta que una vez puesto en funciones el Obispo castrense goza de inamovilidad, salvo que el mismo Vaticano disponga otra cosa. El arzobispo de Paraná y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación, Mario Maulión, dijo el viernes que “la única autoridad competente para quitarle [a Baseotto] el gobierno de una diócesis tiene que venir de quien le ha dado esa autoridad, que fue la Santa Sede”. Hombre de fe en las directivas de sus superiores, Maulión no advierte que, del mismo modo, el gobierno que otorga el acuerdo también puede quitarlo. Distinta sería la situación si Kirchner se arrogara la potestad de designar al sucesor, cosa que no ha hecho ni hará, pese al enredo verbal de su ministro de Defensa José Pampuro, quien intervino en estos asuntos delicados con la palabra fácil del conurbano sur.

Interferencias:

El castrense es el único obispo cuyas relaciones oficiales no comprenden sólo al ministerio de Relaciones Exteriores y su secretaría de Culto, sino también al de Defensa. En una extensión abusiva de esta duplicidad, el Nuncio Adriano Bernardini no le comunicó la decisión vaticana de mantener a Baseotto en su cargo al canciller Rafael Bielsa sino a Pampuro, quien lo aceptó complacido porque su formación es la del contacto discreto con los factores de poder. En esa reunión hubo un tercer hombre: el ex secretario de población durante el gobierno de Menem, Aldo Carreras, un ex radical muy vinculado con Caselli. Pampuro viajó el viernes a la Antártida. Esto impidió consultarle si el mismo Carreras fue la fuente de la información que comunicó el jueves acerca de una inminente designación de un nuevo obispo castrense. Tampoco la Cancillería pudo confirmarla, porque nadie le comunicó nada al respecto. Carreras fue uno de los funcionarios clave en la negociación del contrato con Siemens por la confección de los documentos nacionales de identidad, que fue rescindido por el gobierno de la Alianza y es hoy motivo de una demanda contra la Argentina. Fuentes de la Cancillería interpretan la intervención de Pampuro en las relaciones con la Iglesia como parte de un posicionamiento por la sucesión de Bielsa, con cuya candidatura el gobierno espera derrotar a las principales figuras de la oposición nacional: Maurizio Macri y Elisa Carrió. Otro aspirante al despacho vacante sobre la Plaza San Martín es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Argüello, quien luego de la misa en Roma volverá en el avión de la noche a Buenos Aires, ya que mañana comienzan unas jornadas sobre el Tribunal Penal Internacional, que organiza junto con la Unión Europea. Asistirán el propio Bielsa y el jefe de gabinete de ministros Alberto Fernández. Argüello, electo diputado en las listas de Macri, militó en la Ciudad Autónoma junto con el hombre de confianza de Bielsa, Eduardo Valdez, nexo que no se quebró ni siquiera cuando Kirchner le ordenó despedirlo como jefe de asesores en la Cancillería.

Padre Pedro:

La actuación de Pampuro en el caso del obispado castrense tiene otros matices complejos. Una de las soluciones que contemplaron Bielsa y el Nuncio Bernardini fue la designación de un administrador apostólico que sustituiría a Baseotto cuando éste fuera llamado a Roma. Bernardini mencionó esa posibilidad y Bielsa le anticipó que el gobierno no aceptaría al actual vicario castrense, Pedro Candia, por sus contactos con el sector carapintada del Ejército. El año pasado, antes de que estallara este conflicto, Aguer y Caselli solicitaron al secretario de Culto Guillermo Oliveri que la Cancillería propusiera la designación de Candia como Obispo coadjutor, con derecho a sucesión de Baseotto. Dijeron que contaban con el apoyo de Pampuro y llegaron a presentar el texto de la carta, para que fuera copiada en papel oficial y firmada. Bielsa se negó, aduciendo que no compete al gobierno sino al Vaticano la propuesta, a partir de una terna elevada por el Episcopado. Antes de ser sacerdote, Candia fue militar, de la Promoción 110 del Ejército. Además tiene dos primos oficiales en actividad en el Ejército. Uno de ellos, Luis Alejandro Candia, fue detenido en abril de 1987 por su participación en el alzamiento de Semana Santa. Al mes siguiente Pedro Candia se fue de baja con el grado de Teniente Primero e ingresó al seminario.

Alternativas:

La Iglesia debe decidir qué tipo de relaciones quiere mantener con el Estado argentino y, específicamente, si desea que el culto católico siga gozando de los privilegios que el tratado de 1957 le confiere en relación con las Fuerzas Armadas. Basta con que el nuevo monarca Benedicto XVI designe a un nuevo Obispo castrense, para que el episodio concluya con poca más pena que gloria. De lo contrario, el gobierno nacional podría denunciar el tratado de 1957 y eliminar el Obispado castrense, donde aún predican algunos de los capellanes que justificaron la guerra sucia con una interpretación terrenal de la parábola sobre la separación de la paja del trigo en el juicio final. Los militares vivirían entonces su religiosidad en las diócesis correspondientes a su domicilio o a su lugar de trabajo, según su libre elección, como hacen los escribanos, los cartoneros y las manicuras. La Argentina se convertiría así en un caso testigo acerca del reinado del primer Papa electo en el siglo XXI y sus relaciones con el mundo de los comunes mortales.