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La fiscalía federal de Córdoba ya logró identificar a tres de las víctimas del teniente coronel Enrique Bruno Laborda, en el marco de la causa iniciada el año pasado luego de que el militar reconociera su participación en el asesinato de presos políticos durante la dictadura. Se trató de la primera vez que un oficial en actividad confiesa su colaboración en dichos crímenes. En la causa también están imputados los represores Luciano Benjamín Menéndez y Orlando Omar Dopazo, aunque no se descarta la posibilidad de que sean procesados otros militares.
La confesión de Laborda se concretó en junio de 2004, cuando dirigió un escrito al jefe del Ejército, Roberto Bendini, para reclamar su ascenso a coronel. De acuerdo con la visión del militar, a la hora de evaluar su legajo profesional sus superiores debían tomar en cuenta su colaboración en actos terroristas como antecedentes favorables. En este sentido, Laborda reconoció su participación como subteniente en el Batallón de Inteligencia 141 de Córdoba en varios crímenes, entre ellos el fusilamiento de cuatro detenidos asesinados “a balazos y con la presencia de nuestro jefe de batallón, la plana mayor y oficiales subalternos”.
Si bien Laborda se negó a dar sus nombres, a partir de las investigación a cargo de la fiscal Graciela López de Filoñuk pudo identificarse a tres de ellos. Se trata de Raúl José Suffi, secuestrado el 10 de julio de 1978 en la localidad de Volcán, y los hermanos Pascual Héctor Ortega y Daniel Santos Ortega, secuestrados el 18 de julio de 1978. Las identificaciones pudieron llevarse a cabo en base a elementos aportados por otras causas abiertas en Córdoba por violaciones a los derechos humanos. La fiscal también contó con la declaración de un sobreviviente del centro de detención La Perla que fue víctima del represor. Aún falta identificar al cuarto preso que fue ejecutado.
Laborda permanece detenido por disposición de la jueza cordobesa Cristina Garzón de Lascano, bajo los cargos de homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad. Si bien confesó su participación en más delitos, la fiscal avanzó en la acusación por los hechos de los que consiguió “prueba independiente”, pero no descarta que pueda ser acusado por otros delitos. Justamente días atrás la fiscalía amplió el requerimiento de instrucción contra el militar por el fusilamiento de una mujer embarazada. Se trata de Rita Ales de Espíndola, secuestrada junto con su esposo el 9 de diciembre de 1977. Con un escalofriante detallismo, Laborda cuenta en su escrito cómo fue asesinada. “Todos los oficiales designados procedimos a fusilar a la terrorista que, arrodillada y con los ojos vendados, recibió el impacto de más de 20 balas de distintos calibres. Su sangre, pese a la distancia, nos salpicó. Luego siguió el rito de la quema del cadáver y la sepultura disimulada”, describió sin desconocer el carácter sistemático que revestían esos operativos. Según expresó en el documento, nunca se supo el destino del hijo que Espíndola había dado a luz el día anterior en el Hospital Militar de Córdoba.
Por estos hechos también están detenidos el ex teniente coronel Orlando Oscar Dopazo y el ex general Luciano Benjamín Menéndez, cuya situación ayer fue una vez más fruto de polémica. Actualmente cumple con prisión domiciliaria, acusado por varias causas. Sin embargo, la fiscal Filoñuk –aprovechando el marco de los anuncios– destacó ayer que muchas de las investigaciones en su contra se vieron paralizadas con el indulto otorgado durante el gobierno de Carlos Menem. En este sentido y ante el inminente pronunciamiento de la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la fiscal exhortó para que también se avanzara con la anulación del decreto menemista: “Para el caso específico de Córdoba, para que se pueda investigar y condenar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos hace falta no únicamente que caigan las leyes del perdón sino también los indultos”.