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“Nosotros no somos jueces del Presidente de la República, es evidente. Cada cual tiene su esfera de acción”, señaló ayer el juez de la Corte Suprema Carlos Fayt a los cronistas que esperaban su llegada al Palacio de Tribunales. De esta manera el magistrado continuó escalando el nivel de críticas que los miembros del alto tribunal dedicaron a Néstor Kirchner luego de sus declaraciones sobre del fallo que le otorgó la excarcelación bajo fianza al empresario Omar Chabán. No lo hizo de manera explícita, pero Fayt también cuestionó anteriores opiniones del Presidente sobre un tema acerca del que la Corte todavía no se definió: la inconstitucionalidad o constitucionalidad de las leyes de punto final y de obediencia debida.
Luego del fallo en el que se definió la excarcelación del empresario del boliche bailable República Cromañón, Kirchner había dicho que “reaccionaría cada vez que un fallo hiera la moral de los argentinos”. Las respuestas de los miembros de la Corte no se hicieron esperar. Primero lo hizo Eugenio Zaffaroni y luego la jueza Elena Highton de Nolasco. Ahora se sumó Fayt.
“No le pongan plazo”, respondió el juez cuando se lo consultó por la versión periodística que daba como altamente probable que el próximo 7 de junio el tribunal decidiría la validez o no de las leyes de impunidad. En esta ocasión, los dichos de Fayt también se cruzaron con declaraciones de Kirchner. El pasado 4 de mayo, el Presidente se presentó en la Feria del Libro. Allí criticó a la Corte por demorar el fallo sobre las leyes de obediencia debida y punto final. “Yo no quiero que cuando lleguemos al Bicentenario todavía estemos esperando saber qué es lo que pasa con las leyes de obediencia debida y punto final. Es hora de que la Justicia se expida”, había dicho Kirchner en la presentación del libro Palabra viva que recopila trabajos de escritores desaparecidos durante la dictadura militar.
El día siguiente a la presencia de Kirchner en la Feria del Libro, el procurador general Esteban Righi dictaminó que las leyes “son incompatibles con la Constitución Nacional”. “Las leyes 23.492 (punto final) y 23.521 (obediencia debida) son inconstitucionales en tanto por su intermedio se pretenda conceder impunidad a quien es imputado como uno de los responsables de la desaparición forzada y de las torturas” a prisioneros, escribió Righi en su dictamen. Todos los trascendidos periodísticos aseguran que la Corte seguiría esta línea de pensamiento y fallaría antes de que comience la feria judicial de invierno.
“No sabría contestarle”, respondió Fayt cuando se le preguntó si el fallo sobre las leyes de impunidad podría ser firmado por la Corte dentro de 15 días. “Vengo a averiguar yo también, a ver si tengo la noticia. Generalmente nos informamos nosotros a través de los diarios y son ustedes los que tienen toda la información. Es el dominio de la información, vivimos en una sociedad de la información a nivel planetario”, insistió el magistrado. En este punto, no se privó de pedir a los cronistas radiales y televisivos una cuota de racionalidad al tratar la tragedia ocurrida en el local bailable República Cromañón el 30 de diciembre del año pasado. Hecho en el que murieron 193 personas. “Ustedes tienen que ayudarnos. Fundamentalmente les he dicho, no conviertan la tragedia en escándalo, en espectáculo, es decir que ustedes tienen que poner también racionalidad”, puntualizó Fayt.