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“El modo que eligió (Juan José) Galeano para pagarle a (Carlos) Telleldín estuvo completamente fuera de la normativa legal que existía en ese momento.” Lo dijo Alejandro Rúa, titular de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, al declarar ayer en el juicio político contra el juez federal por las irregularidades en la investigación del atentado a la mutual judía.
Las explicaciones que dio Rúa al jurado apuntaron a desbaratar la defensa que intentó Galeano el miércoles último, cuando sostuvo que la entrega de 400 mil dólares al reducidor de autos fue legítima porque estaba habilitada por el decreto secreto 2025/94. Esa norma, señaló, “daba legalidad a los pagos que se hacían en el marco de la investigación” pero él, dijo, no la conocía. El juez mostró el dato como una novedad y pidió la nulidad de su juicio político.
Al declarar ante el jury, Rúa explicó que el decreto secreto complementaba otra disposición que “habilitaba dos millones de pesos para utilizar como recompensa a quienes estuvieran dispuestos a colaborar con la investigación”. “La Secretaría de Seguridad –especificó– era la encargada de los pagos, de los que debían quedar registros.” Sin embargo, aclaró, “en el pago Telleldín se obviaron todos los pasos a los que aluden no sólo el decreto 2025 sino el 2023 y el 2024, que se referían a la coordinación de esfuerzos policiales y remitían a la ley secreta de fondos reservados”.
Ya en el Tribunal Oral 3 que juzgó el atentado quedó claro que el pago se hizo a través de la SIDE (la Secretaría de Seguridad no intervino) y no tuvo carácter de recompensa por información para la pesquisa, sino que se usó para comprar una declaración pactada en la que Telleldín acusó a la banda de policías bonaerenses encabezada por Juan José Ribelli.
El pago ilegal a Telleldín es uno de los cargos más graves contra Galeano. Entre otros testigos que declararon ayer, Diana Malamud, integrante de Memoria Activa, dijo que “por culpa” del juez “tal vez nunca sepamos quiénes fueron los responsables de la masacre de nuestros familiares”. Pablo Jacoby, uno de los abogados de esa organización, también cuestionó al magistrado y describió una lista de obstáculos que tuvo que sortear durante la investigación para saber qué iba pasando en el expediente.