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Hoy se cumple un año del asesinato de Martín “Oso” Cisneros, el piquetero del Comedor Los Pibes de La Boca. Cisneros fue asesinado por un delincuente protegido por la policía en la noche del 25 de junio de 2004. El crimen derivó en una protesta ante la comisaría 24, que fue tomada por compañeros y vecinos de la víctima. El episodio se convirtió en uno de los trances más difíciles de la gestión de Néstor Kirchner. Un año después, las 250 familias agrupadas en el comedor lo recordarán. “Con la muerte del Oso nos sacaron lo más valioso pero seguimos adelante”, dice Nicolás Rusconi, 61 años, desocupado, con tres años y medio en la organización.
¿Cuántas cosas cambiaron en un año? Hoy a la tarde homenajearán a su compañero en la “Unidad de Producción”, una vieja fábrica de grupos electrógenos ubicada en Suárez y Almirante Brown. Estarán acompañados por un amplio arco de agrupaciones sociales, culturales y políticas. El reclamo central es el esclarecimiento definitivo del crimen. “El asesinato del Oso fue un asesinato político. Esto está claro. Hay que tener mala intención como para no tener en cuenta las pericias de la causa, las investigaciones periodísticas, las vinculaciones del comisario. Todo prueba que fue un asesinato político”, asegura Angel Borello, más conocido como Lito.
Coordinador del comedor, Borello era amigo de Cisneros desde su juventud. En los primeros ‘80 ambos militaban en la Federación Juvenil Comunista de San Martín. Junto con Luis D’Elía, con quien ahora está distanciado, Borello encabezó la ocupación ante la comisaría 24 luego del asesinato. Los manifestantes reclamaban la detención del homicida, Juan Carlos Duarte, un personaje del barrio protegido por la policía, que había sido individualizado por vecinos de la calle Olavarría, donde se produjo el asesinato. “Seguimos diciendo que fue un asesinato con complicidad de la policía pero que el móvil es político. Duarte tenía dos pedidos de captura radicados en la misma comisaría, uno por violación y otro por lesiones con arma de fuego”, argumenta Borello.
El crimen de Cisneros y la toma de la comisaría tuvieron consecuencias jurídicas. Por el asesinato se abrió una causa en un juzgado de menores, porque en el hecho participó también un menor de 21 años. Duarte está procesado por homicidio simple. Se encuentra detenido en el penal de Marcos Paz a la espera del juicio oral. La ocupación de la seccional también motivó otra causa, que tramita en el juzgado federal de Jorge Urso. Hace dos semanas, tras la intervención de la Cámara Federal, el juez concedió una eximición de prisión a más de treinta hombres y mujeres del comedor, entre ellos D’Elía y Borello, con la condición de que se comprometieran a informar sobre un eventual cambio de domicilio. Con ese beneficio podrán seguir en libertad mientras dure el proceso.
Los compañeros de Cisneros ya se acostumbraron a los pormenores judiciales. En el juicio por la toma de la comisaría los defiende el estudio Otaño Moreno, Albor y Marcovecchio. El comisario Cayetano Grecco, a cargo de la seccional durante el episodio, está representado por Marcelo Rochetti, el mismo letrado que patrocina al ex jefe de la Federal Roberto Giacomino y a otros jefes en causas por enriquecimiento ilícito. Los miembros del comedor argumentan que el asesino de Cisneros tuvo “amparo policial, judicial y político” porque al momento del crimen tenía dos pedidos de captura pendientes: uno del Juzgado de Garantías Nº 5 de Lomas de Zamora por robo calificado y otro del juzgado de instrucción 46, secretaría 134, por violación y lesiones con arma de fuego.
Presente
Es un día de semana a la tardecita. Los dos pisos de la “Unidad de Producción” del Comedor Los Pibes, en Suárez 421, están comenzando a vaciarse. También la llaman “la fábrica” y la alquilan desde hace dos años. Allí producen y venden los emprendimientos productivos, como las facturas, el pan y los bizcochos de la panadería. Tras algunos intentos defectuosos –harina quemada, pan que salía crudo– le fueron tomando la mano al nuevo oficio: capacitados por el INTI, los flamantes panaderos (siete en total) trabajan en dos turnos y hornean 60 kilos de harina por día. El producto se vende en Suárez 421 y se distribuye casa por casa por el barrio.
De las 250 familias que pertenecen a la organización sólo permanecen unas veinte personas. Están preparando el acto de homenaje, atareados en cuestiones organizativas. En el fondo de la planta baja hay dos hombres de unos cuarenta años, un ex fotógrafo profesional, otro cuentapropista, que ahora se encargan del turno nocturno de la panadería. “Acá somos todos iguales, no hay patrón ni nada. Entramos a las 6 de la tarde y nos vamos a las 12 de la noche. Y dejamos todo listo para que lo horneen”, dice Julián Giménez, 70 años, orgulloso vecino de La Boca. “Vivo a once cuadras.”
Al igual que Giménez, Juan Palomeque, 59, aprendió el oficio de panadero entre el curso del INTI y el ensayo y error. “Nuestro pan es mejor porque es artesanal. No es común como el de las panaderías”, comenta. Muestra lo que han logrado comprar juntando 50 pesos de los planes de Autoempleo del Gobierno porteño durante dos años: “Este es el horno, ésta la amasadora y ésta la refinadora. Para que la masa salga más fina, para hacer hojaldre”, explica. Ya es todo un experto y lo quiere mostrar. Con el ahorro de 50 pesos por persona durante 2003 y 2004, que se destinaron a un fondo común, el comedor logró poner en marcha emprendimientos de panadería, textil, gráfica, serigrafía. “El que anda mejor es panadería. Por ahora nos permite financiar lo demás”, comenta Lucas Yáñez, 30 años, que se encarga de la administración. “Es el codito de oro”, lo definen.
El comedor vive también un desafío complejo. Sus integrantes, además de luchar por su supervivencia, se están incorporando a la lucha política. Y no ocultan sus dudas. Esto dispara muchos debates porque hacia adentro conviven análisis crudos, pesimistas, con miradas de cierta expectativa. “Queremos que se aclare el asesinato del Oso. Y lo de Kosteki y Santillán todavía está impune”, subraya Katy Segovia, 42 años, desocupada, ex empleada de una remisería. Sus palabras encierran, quizás, un debate más profundo, que está recorriendo las organizaciones sociales.