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Víctor Alderete ya está camino a juicio oral por irregularidades en la contratación de geriátricos para la obra social de los jubilados. El fiscal Gerardo Pollicita y la Oficina Anticorrupción le pidieron al juez Claudio Bonadío que cierre la instrucción de la investigación, en la que el ex interventor del PAMI está procesado desde fines de 2003 por fraude al Estado junto con otros ex directores del instituto y de la Federación de geriátricos de la República Argentina (Fegera).
Esta causa no será la primera por la que Alderete tendrá que rendir cuentas ante un tribunal oral. Con cerca de treinta expedientes acumulados, dos de ellos ya fueron elevados a juicio. Sin embargo, las audiencias no pueden comenzar porque está pendiente un pronunciamiento de la Corte Suprema, que debe decidir si los procesos serán unificados, tal como pidió el ex titular del PAMI.
Tanto el pedido de Pollicita como el de la OA sostienen que, luego de que la Sala I de la Cámara Federal confirmara hace poco más de un mes los procesamientos en la pesquisa de los geriátricos, está todo listo para que en un debate oral y público un tribunal resuelva si Alderete y compañía deben ser condenados o absueltos.
Los camaristas Horacio Vigliani, Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler consideraron que la contratación se hizo de manera directa y sin analizar precios, lo que demostraba –dijeron– una “falta absoluta de preocupación” por parte de las autoridades del PAMI. Aquella resolución consideraba que el convenio era “perjudicial para los intereses de los afiliados” y remarcaba “que no hubo un seguimiento respecto del cumplimiento”.
Según aparece en la causa, la obra social de los jubilados les exigía a los geriátricos que, para poder cobrar facturas pendientes, incorporaran a Fegera. Para “blanquear” el dinero se habrían comprado fondos de inversión con documentos posiblemente adulterados.
A Alderete, en su momento, le tocó un embargo de 8.870.000 pesos. Para otros ex directores del PAMI el embargo fue cercano a 1 millón de pesos y para los integrantes de Fegera, de 3 millones. También fueron responsabilizados empleados del Banco Río “por no observar las reglas del Banco Central”.