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En un salón San Martín de la Legislatura porteña a pleno, poblado de pancartas con nombres y rostros de muchas de las 194 víctimas fatales del siniestro, la lectura del dictamen de la comisión investigadora de Cromañón tuvo la solemnidad de una sentencia, aunque en realidad el resultado final depende de lo que decidan en el recinto los 45 diputados de la sala acusadora. La recomendación central de la comisión, como se había anticipado, fue pedir el juicio político del jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, por “mal desempeño de su función ejecutiva” configurada, por lo que se consideró “falta de servicios” al cargo que desempeña. De acuerdo con la postura de la comisión, esas falencias fueron las que colaboraron “a la magnitud y a las consecuencias” del “desastre” ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en el boliche del barrio de Once. Del mismo modo se impulsó el enjuiciamiento político de la titular de la Sindicatura General de la ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante, también por “mal desempeño” y por “falta de idoneidad funcional” para desempeñar el cargo. Los diputados también recomendaron que se eleve el presente dictamen al juez Julio Lucini, que lleva la causa Cromañón, y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad.
Al definir lo sucedido el 30 de diciembre, la comisión descalificó el operativo de rescate por “la desarticulación, el caos y la ineficacia” demostrada por los organismos dependientes del gobierno porteño. Aníbal Ibarra, “condenado” en ausencia en el salón San Martín, consideró que el dictamen en su contra es “un panfleto” y sus allegados, al ser consultados por este diario, afirmaron que lo argumentado por los miembros de la comisión “carece de sustentabilidad” (ver aparte).
La Legislatura cuenta con 60 miembros, separados en esta instancia por los 45 integrantes de la sala acusadora que tendrán que aprobar o no el pedido de juicio político a Ibarra, y los 15 que, de avanzar el cuestionamiento, tendrán que definir en última instancia si el jefe de Gobierno es culpable o inocente (ver página 5). Para que el juicio político comience, 30 diputados deben votar a favor de la iniciativa, posibilidad que, por ahora, es incierta. “Avanzar sobre las responsabilidades políticas sería una forma de homenajear a los chicos”, dijo a Página/12 Cristina, mamá de Jaquelín Santillán, una de las víctimas de la tragedia del boliche.
A un costado de la mesa donde se ubicaron los nueve miembros de la comisión, dos grandes fotografías de Ibarra y de Omar Chabán, cruzadas por la palabra “culpables”, proclamaba el fallo de la inmensa mayoría de los asistentes al acto. En el estrado, la voz cantante la llevó la diputada Fernanda Ferrero (Juntos por Buenos Aires, bloque aliado al macrismo), quien comenzó la lectura, secundada por sus ocho colegas: Alvaro González y Diego Santilli (de la misma bancada que Ferrero), Gabriela Michetti y Martín Borrelli (macristas), Milcíades Peña (kirchnerista independiente), Fernando Cantero (ARI), María Eugenia Estenssoro (independiente) y Tomás Devoto (izquierda).
En distintos momentos, como para distender a los presentes de una lectura que se hizo pesada porque se mencionaron hasta las últimas comas, la diputada Ferrero tiraba besitos al público ubicado en las primeras filas. En general, los padres y hermanos de las víctimas se manifestaron “satisfechos” por el contenido del dictamen, aunque algunos se quejaron por la desmesura de la ceremonia: “La podían haber hecho más corta”, coincidieron (ver página 4). Las únicas expresiones de los familiares, durante el acto, tuvieron que ver con el reclamo de justicia permanente, que apuntó a los conocidos de siempre: Ibarra y Chabán. Luego del minuto de silencio pedido por Ferrero, previo a dar a conocer el dictamen, los familiares estallaron en aplausos y se repitió la ceremonia de homenajear a las 194 víctimas fatales que se hace en todas las marchas: tres veces se gritó la fórmula “los chicos de Cromañón...presentes/ahora... y siempre”.
Los legisladores, entre otras medidas concretas, pidieron además la “cesantía inmediata” de Julio Crespo Campos en su cargo de coordinador del Consejo de Emergencia de la Ciudad. A Crespo Campos lo señalaron por haber reconocido el “resultado nulo” en la coordinación con las fuerzas de seguridad dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. La comisión dejó sentada su intención de pedir otros juicios políticos, pero que el propósito quedó trunco porque hoy ya no están ejerciendo sus cargos.
Ante esa traba, recomendó que nunca más fueran convocados para cumplir funciones públicas el ex secretario de Justicia y Seguridad Urbana Juan Carlos López, el ex subsecretario de Justicia y Trabajo Marcelo Antuña, la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, el ex director general de Fiscalización y Control Gustavo Juan Torres y la ex directora general adjunta Ana María Fernández. En el mismo lugar ubicaron a la actual agente de la Sindicatura contadora Adriana Rudnitzky y al ex director general de Defensa Civil Víctor Capilouto.
Al Consejo Profesional de Arquitectura se le pidió que analice el desempeño profesional del arquitecto Horacio Campessi, en todo lo relacionado con su intervención en la habilitación del local de Bartolomé Mitre 3060, donde funcionaba Cromañón. Al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires se le recomendó la realización de “una auditoría de gestión desagregada por subsecretarías y direcciones” para analizar todo lo actuado durante el período 2001/2005 en el ámbito de la Secretaría de Salud del gobierno porteño. Las siguientes fueron otras dos recomendaciones dirigidas al Ejecutivo porteño:
- Seguir los sumarios administrativos para establecer las responsabilidades de los funcionarios de menor rango y aplicar, de ser necesario, “sanciones ejemplares”.
- Recomendar a la Dirección General de Administración de Infracciones que aplique “las sanciones más severas” que contemple la legislación vigente a los locales de todas las clases, y en especial a los de clase “C”, si no han cumplido las medidas atinentes en materia de seguridad.
En otro orden, se exhortó a los consejos profesionales de la ciudad de Buenos Aires a que “extremen los recaudos” para cumplir cabalmente con su cometido, “en particular en lo relacionado a los trámites de habilitación y verificación en sus distintas modalidades”. Por último, se recomendó, con vistas al futuro, instruir a la Auditoría General de la ciudad para que “en forma inexorable inicie las denuncias penales cada vez que se obstaculice su labor”.
El trabajo de la Comisión Legislativa, a lo largo de tres meses en los que se realizaron 76 audiencias, está reunido en un expediente que consta de 108 cuerpos, con un total de 21.428 fojas. El dictamen leído entre la tarde y la noche de ayer tenía 947 hojas tamaño oficio. El cuerpo calificó lo ocurrido en Cromañón como “el mayor desastre en la historia contemporánea de Buenos Aires, que superó en un 782 por ciento a las víctimas generadas por el atentado contra la Embajada de Israel, en un 199 por ciento a las generadas por el avión de LAPA, en un 125 por ciento a las generadas por el ataque terrorista contra la AMIA y en un 1041 por ciento a las generadas por el incendio en el local bailable Kheyvis”. El de la discoteca de Olivos es el único antecedente a una tragedia como la de Cromañón y allí habían muerto 17 personas.
La comisión concluyó que lo ocurrido en el boliche propiedad de Chabán fue “un real desastre”, que excede la categoría de “emergencia pública” y que eso, por definición técnica, implica “el hecho natural o producido por el hombre que supera la capacidad de respuesta local”.