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Aníbal Ibarra no habló mucho una vez conocido el informe final de la comisión investigadora de Cromañón que recomendó su juicio político, pero lo poco que dijo fue lapidario. “Lamentablemente es un panfleto. Y digo que es lamentable porque no se trata de un análisis político, sino de una tragedia”, opinó y dicho eso dejó que su jefe de Gabinete, Raúl Fernández, se encargara de remarcar los ejes del dictamen elaborado por los legisladores que desde su óptica demuestran que se trata de una “maniobra política” orquestada por la oposición. “Carece de sustentabilidad”, afirmó Fernández a modo de síntesis de las contradicciones y errores que afirmó que se cometieron durante la investigación. En la jefatura de Gobierno estiman que las repercusiones por la difusión del informe no durarán demasiado y descuentan que el pedido de enjuiciamiento de Ibarra no prosperará, pero preocupa la posibilidad de que el proceso al respecto que ahora se abre en la Legislatura se prolongue en el tiempo y se mezcle con la campaña electoral por el desgaste que eso implicaría.
Ni Ibarra ni Fernández dedicaron mucho tiempo a mirar las imágenes de televisión transmitidas desde el salón en el que se dio a conocer el informe final de la comisión. “Fue muy aburrido”, ironizó el jefe de Gabinete sobre la presentación que hicieron los nueve legisladores que comandaron la investigación tras las renuncias de los ibarristas y sus aliados.
Aun cuando no contaban con tropa propia en la comisión, durante toda esta semana la información de lo que allí pasaba llegó en forma casi simultánea a la jefatura de Gobierno. Ibarra y Fernández recibieron las conclusiones finales de la investigación 24 horas antes de que fueran difundidas. Eso les permitió preparar la réplica con antelación y, de hecho, ambos salieron a fijar la posición del Ejecutivo poco después de las siete de la tarde. En la Legislatura recién estaban leyendo a esa altura el segundo de los diez capítulos del dictamen de casi mil fojas.
Ibarra no sólo dijo que lo hecho por la comisión “lamentablemente es un panfleto”, sino también que “debería haber sido una investigación seria”. Buscó así desacreditar una vez más el trabajo de la oposición, del mismo modo en que lo había hecho al salir temprano de su casa. Entonces, declaró que la comisión “hizo un simulacro de investigación” en la que “llamaron a todos los que venían a criticar el gobierno de la ciudad”. También hizo referencia a los vínculos pasados de la presidenta de la comisión, Fernanda Ferrero, y Emilio Massera que Página/12 reveló en su edición de ayer y se preguntó “cuál es la autoridad moral” de la legisladora.
Quien habló también por la mañana en contra de la comisión fue el jefe de Gabinete nacional, Alberto Fernández. “No parece feliz hacer política con este caso”, sostuvo el funcionario y, a propósito de lo que sería el anuncio de la comisión, llamó a “prestarle más atención a lo que ocurra en la Justicia que a lo que ocurra en estas decisiones, que tienen claramente un sentido político”. Las declaraciones de Fernández hablan a las claras del respaldo que hoy tiene Ibarra de la Casa Rosada y que resulta crucial porque sin el voto de los kirchneristas es casi imposible que la oposición consiga en la Legislatura el número necesario para enjuiciarlo.
La impresión de Ibarra es que las contradicciones y los errores del informe final de la investigación lo ubican en una mejor posición de la que podrían haberlo dejado. Al respecto, Raúl Fernández subrayó que “es un relato de normativas, cuando una investigación requiere una valoración de los hechos” y remarcó, por ejemplo, que no profundiza sobre “el comportamiento de otros actores externos al gobierno de la ciudad, como la policía, los bomberos, Callejeros, Chabán y la bengala”. El funcionario y hombre de mayor confianza de Ibarra cuestionó también que “por lo que fuere en cada punto la responsabilidad es del jefe de Gobierno”.
Fernández no pasó por alto el pedido de juicio político a la síndica de la ciudad, Marcela Sánchez de Bustamante. “No está contemplado en la Constitución”, aclaró el funcionario y recordó que “ante un pedido de juicio político que en su momento hubo contra el fiscal de Investigaciones Administrativas, Ricardo Molinas, hubo un fallo de la Corte Suprema que señaló que en este tema no se puede interpretar con laxitud la Constitución”. También marcó como una “contradicción” que los legisladores le hayan endilgado a Ibarra que intentó desentenderse de su responsabilidad sumariando a funcionarios de menor rango “cuando ellos pedían que se los sumariara y en el mismo informe piden el castigo de mayor gravedad para funcionarios y ex funcionarios”.
En el terreno político, Fernández evaluó que la presentación del informe “no agrava la situación” de Ibarra, sino que “pone un corte” y reclamó que ahora el proceso de juicio político “no se dilate y se tramite en un tiempo razonable”. El deseo es que se resuelva en los próximos 60 días.