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- Alberto Fernández, jefe de Gabinete de la Nación: “Obviamente, el Gobierno está pasando por una situación de crisis institucional y política, pero estamos intentado mejorar la gestión pública pensando en que Ibarra finalizará su mandato. No me sorprende la decisión de la comisión, porque está formada por un grupo de diputados que quedó absolutamente parcializado e integrado por sólo nueve legisladores de la oposición”.
- Raúl Fernández, jefe de Gabinete porteño: “El informe es poco serio y en lugar de buscar que se esclarezcan las responsabilidades, apunta sólo al jefe de Gobierno para desestabilizarlo. Cuando los diputados lean el informe sin presiones, quedará claro que el juicio político no puede prosperar”.
- Roberto Feletti, secretario de Infraestructura porteño: “El dictamen es sesgado, parcial y de tinte golpista. La dirigencia política opositora busca sacar rédito en forma miserable valiéndose de una tragedia. En lugar de haber profundizado un proceso de investigación parlamentaria transparente, ecuánime y que pudiera agregar elementos al trabajo que realiza la Justicia, optaron por producir un trabajo parcial, sesgado y de tinte golpista”.
- Tomás Devoto, legislador del Movimiento por un Pueblo Libre: “Ibarra es el responsable político de la tragedia, su gestión favoreció un marco de impunidad. Debe dar un paso al costado, es lo que corresponde por cuestiones éticas y humanas”.
- Fernando Melillo, titular del ARI porteño: “la Sala Acusadora debe abrir el sumario correspondiente para arribar al dictamen que permita resolver si se acusa o no por mal desempeño al jefe de Gobierno porteño y a los otros funcionarios. No permitiremos el uso electoralista de esta instancia institucional donde corresponde determinar las responsabilidades políticas en la búsqueda de la verdad”.
- Diego Santilli, legislador de Juntos por Buenos Aires: “El dictamen es el resultado de algo que es obvio: si la ley dice que el jefe de Gobierno tiene que coordinar y hacer acuerdos previos con la Policía Federal y los Bomberos para que cuando suceda una emergencia se actúe correctamente en forma coordinada; entonces, si esto no sucede, el jefe de Gobierno no cumplió con lo establecido. La ley de 1999 dice que el jefe de Gobierno es quien debe hacer los acuerdos necesarios con las fuerzas de Seguridad y Bomberos para que en caso de una emergencia todas estas fuerzas respondan a él, y no actúen de forma descoordinada, como sucedió en diciembre del 2004. La recomendación de juicio político es porque el jefe de Gobierno no cumplió con la ley, no porque se llame Aníbal Ibarra. Si la tragedia de Cromañón hubiera sucedido en otra gestión, la recomendación hubiera sido la misma”.