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El ex secretario de Inteligencia Fernando de Santibañes, los ex senadores José Genoud (UCR) y Emilio Cantarero (PJ) y el ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto volverán a quedar procesados hoy por el pago y cobro de coimas para la aprobación de la ley de reforma laboral. Pero no serán los únicos. El juez federal Daniel Rafecas también complicaría a otros políticos que participaron de la maniobra a uno y otro lado del mostrador. Con este fallo, el magistrado dará por acreditado que el gobierno de Fernando de la Rúa utilizó, en abril de 2000, cinco millones de pesos/dólares de la SIDE para pagar coimas en el Senado.
De Santibañes, Genoud, Cantarero y Pontaquarto ya habían sido procesados por el juez Rodolfo Canicoba Corral en enero de 2004. En ese momento, el magistrado consideró sólida la confesión del ex secretario parlamentario, quien aseguró haber retirado personalmente de la SIDE los cinco millones de pesos que luego se repartirían entre los senadores. Pero seis meses después, la Cámara Federal –con firma de Martín Irurzun y Horacio Vigliani– desconfió del testimonio de Pontaquarto en base al argumento de que había recibido una compensación económica por parte de la revista TXT, la primera en revelar la declaración en la que el hombre se autoinculpaba. Los jueces sostuvieron, además, que las palabras del ex secretario parlamentario no habían sido chequeadas con rigurosidad. Como conclusión, anularon los procesamientos y ordenaron realizar una serie de medidas de prueba. Ahora, el nuevo juez de la causa profundizó la investigación del caso, volvió a escuchar a los involucrados y también terminó convencido de que las coimas existieron.
La pesquisa de Rafecas no se limitó a los funcionarios y legisladores que habían sido procesados por Canicoba Corral. El nuevo magistrado citó también a los senadores peronistas Augusto Alasino, Remo Constanzo, Alberto Tell, Ricardo Branda y Angel Pardo. Algunos de ellos serían alcanzados por la resolución que se conocerá hoy. Si, como se descuenta, se da por probada la maniobra de los sobornos, al menos quienes eran autoridades del bloque –Alasino y Constanzo– no podrían permanecer ajenos a la decisión del juez. Por el lado quienes habrían pagado –los funcionarios del Poder Ejecutivo– ya está implicado De Santibañes, pero Rafecas también escuchó el descargo del ex ministro de trabajo, Alberto Flamarique.
Al volver a dar por cierta la existencia de las coimas, Rafecas renovará la confianza en la declaración de Pontaquarto. Esto se debería a que, a pesar de las numerosas veces que el “arrepentido” tuvo que repetir su confesión, nunca se contradijo en los puntos centrales. Además, el reconocimiento que realizó en la sede de los espías terminó de convencer a los funcionarios judiciales.
De cualquier forma, la resolución no se basará solamente en las palabras de Pontaquarto. Entre las numerosas pruebas que tiene el expediente, los investigadores otorgan especial valor a un análisis minucioso de las llamadas telefónicas de los involucrados. Esta pericia permite establecer no sólo entre qué números se establecieron las comunicaciones de celular, sino también la ubicación de la persona que hablaba. Curiosamente, la estrategia de De Santibañes consistió en tratar de utilizar ese listado de llamadas para desacreditar al “arrepentido”. El ex jefe de los espías estuvo la semana pasada en el juzgado durante más de cinco horas y allí desplegó planos y enseñó cuadros para intentar demostrar que el ex secretario parlamentario había mentido. Todo indica que no tuvo éxito.
Según el relato de Pontaquarto, antes de la sanción de la ley, él participó “en una reunión en el despacho de De la Rúa en la Casa Rosada de la que estuvieron Genoud, el presidente del bloque justicialista (Alasino) y el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara, (Tell)”. “En un momento –aseguró–, Genoud le manifestó a De la Rúa que el justicialismo necesitaba ‘de otras cosas’ para sancionar la ley. A lo que el Presidente contestó ‘eso arréglenlo con Santibañes’”.
El ex secretario parlamentario aseguró que el 18 de abril de 2000 fue a la SIDE durante la tarde para concertar la entrega de cinco millones de pesos, plata le suministró esa noche la secretaria de De Santibañes, Gladys Mota. El 26 de abril –continuó– le dio a Cantarero, en la casa del ex senador, cuatro millones trescientos mil pesos que fueron repartidos entre otros legisladores peronistas. Y un día después le proporcionó a Genoud, en su despacho del Senado, 700 mil.
Antes de que Rafecas se hiciera cargo del caso, ya figuraban en el expediente las llamadas del celular de Pontaquarto que señalaban que la noche del 26 de abril habló con Cantarero desde la esquina de la casa de éste (para que le abriera el garaje) y que, más tarde, se comunicó con el secretario privado de Genoud. También había llamadas a la secretaria de De Santibañes, quien había dicho que no lo conoció hasta que su jefe dejó la SIDE.
Cantarero admitió que estuvo en su casa la noche de 26 de abril de 2000 porque –adujo– se retiró temprano del recinto con un ataque de asma. De esta manera justificó las conversaciones telefónicas con Pontaquarto y varios legisladores: todos estaban preocupados por su salud. En su momento, Canicoba Corral se preguntó en la resolución por qué motivo el “arrepentido” llamaría al celular de Cantarero para preguntarle por su salud, desde la esquina de la departamento del entonces senador.
Con Rafecas ya serán dos los jueces que creyeron la confesión de Pontaquarto. Pero esta segunda resolución se firmará después de, entre otras cosas, haber reiterado testimonios y recibido nuevas declaraciones, repetido inspecciones oculares, peritajes de las cuentas de la SIDE y de las llamadas telefónicas de los involucrados. Será más difícil que la Cámara insista con su impugnación.