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Aunque algunas señales de alarma se encendieron esta semana en la jefatura de Gobierno cuando los familiares de las víctimas de Cromañón consiguieron reunir a todos los candidatos de la oposición en respaldo al pedido de que se lo someta a juicio político, la preocupación central de Aníbal Ibarra pasa hoy por mantener el apoyo social que las últimas encuestas indican que tiene. Los sondeos que recibió hace un par de días revelan que el 51 por ciento de los porteños está en desacuerdo con su eventual destitución e Ibarra está seguro de que los kirchneristas –quienes por su peso en la Legislatura tienen la llave para decidir su futuro– no le bajarán el pulgar mientras la sociedad no lo haga. Los datos son similares a los que manejan en la Casa Rosada y explican el enojo que allí produjo la actitud del canciller Rafael Bielsa ante el caso de la tragedia de Once.
La encuesta que Ibarra recibió a mediados de esta semana pertenece a Adrogué-Caruso, la consultora de cabecera del gobierno de la ciudad. El trabajo se realizó durante la última semana de julio –cuando ya se sabía del informe de la comisión investigadora que recomendó el juicio político al jefe de Gobierno– y no sólo muestra que la mitad de los porteños está en contra de que se destituya a Ibarra, sino también que el 66 por ciento considera que debe seguir gobernando hasta terminar su mandato. Sólo un 12 por ciento de los 400 consultados por la encuestadora dijo evaluar en forma positiva la tarea de los legisladores que realizaron la investigación, contra un 45 por ciento que hizo un balance negativo de su desempeño.
Aun con la tragedia de Cromañón de por medio y el proceso de juicio político en marcha, los números relacionados con la gestión marcan un repunte durante los últimos meses y no difieren demasiado de los de agosto de 2003, cuando Ibarra consiguió su reelección: aprueba lo hecho por la administración porteña el 42 por ciento y lo desaprueba el 50 por ciento. En la Jefatura de Gobierno atribuyen el crecimiento del nivel de aprobación a una serie de acciones, entre las que destacan la puesta en marcha de la guardia urbana (ver aparte).
Se entiende en función de la encuesta la cautela con que la oposición se viene moviendo en el caso Cromañón. La presencia de todos los candidatos del arco opositor en el acto en apoyo al dictamen de la comisión investigadora, que el último martes organizaron los familiares de las víctimas, daría la idea de que buscarán explotar el tema en sus respectivas campañas, pero todos dudan al respecto.
El que más reparos tiene es Mauricio Macri, a quien los porteños reprendieron con dureza en enero pasado cuando trató de avanzar sobre Ibarra. Encima, los sondeos realizados en el último tiempo revelan una fuerte caída en la imagen del líder de Compromiso para el Cambio –la que tiene el gobierno porteño muestra una merma de 9 puntos– que todos vinculan con el escándalo del delantero Marcelo Delgado en Boca.
En el gobierno porteño sostienen –y más ahora, a partir de los datos de la encuesta– que en el escenario planteado no hay margen para avanzar en la destitución de Ibarra y buscarán acelerar los tiempos del juicio político con el propósito de cerrar definitivamente el asunto en el menor tiempo posible. Todo indica que la oposición jugará a alargar el proceso más allá de las elecciones y aprovechará que la Sala Acusadora tiene un plazo de dos meses y la opción de una prórroga por otros dos para tomar una decisión al respecto.
Sin fuerza propia en la Legislatura de la ciudad, Ibarra deberá convencer ahora a los kirchneristas de que lo mejor es que todo termine cuanto antes.
No le resultará fácil porque en la Casa Rosada dudan sobre la traducción electoral que tendrá el voto en contra de su enjuiciamiento y prefierendejar que pasen las elecciones. Así como los ibarristas buscan asegurarse, el kirchnerismo también hace sus cálculos: después del 23 de octubre no sólo ya no habrá nada en juego, sino que además podrán cotizarle mejor a Ibarra su decisión de sostenerlo en el cargo.