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La conducta moral que precipitó al obispo Maccarone a presentar su renuncia no agrega ningún dato novedoso a los anales de la Iglesia. Hechos como este han sucedido y seguirán ocurriendo, dentro y fuera de la institución eclesiástica. Se trata además de una conducta personal que puede ser catalogada a partir de convicciones morales y religiosas, pero que no reviste gravedad alguna desde el punto de vista penal o judicial. Es importante aclararlo en un país donde muchas veces se pasan por alto actos de corrupción que no son solamente reprobables moralmente, sino también desde las leyes que rigen la convivencia ciudadana. El propio Maccarone admite con valentía que cometió un error visto desde las propias normas que él abraza y predica. Por esos los sacerdotes santiagueños no dudan en hablar de “hombría de bien”. Y en esto reside la diferencia, por ejemplo, con el caso del también obispo Edgardo Storni, quien sistemáticamente negó las evidencias de actos que hasta lo implicaron judicialmente. La Iglesia institucional que apañó a Storni y que en otro momento evitó condenar a varios de sus ministros que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, cayó en este caso con todo su poder sobre la humanidad golpeada de Maccarone. Está claro que el ex obispo de Santiago del Estero no cuenta con las simpatías de los sectores más conservadores del Episcopado que tienen relaciones estrechas y directas con los que deciden en el Vaticano y que llevan las resoluciones a la firma de Benedicto XVI.
Para entender la trama de lo acontecido en Santiago del Estero hay que mirar también hacia quienes se perjudican y quienes se favorecen con lo sucedido. El sector más progresista y democrático del Episcopado, del cual Maccarone es uno de sus referentes importantes, es el más perjudicado por el hecho. Parafraseando a Diego Maradona, un obispo admitió durante el fin de semana que “nos cortaron las piernas”. Por oposición, el sector ultraconservador, cuya figura emblemática es el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer, es el que sale favorecido en la circunstancia. Habrá que indagar entonces cuál fue el camino para que el video en cuestión llegara de forma tan rápida a los despachos de quienes deciden en el Vaticano. A pocos días de las elecciones en la Conferencia Episcopal, el obispo Maccarone les ha dado –sin pretenderlo– un argumento de peso a los sectores ultras que no sólo luchan contra quienes sostienen posiciones más avanzadas en la Iglesia, sino que se atrincheran en su conservadurismo para condenar a quienes, desde lo político o desde lo social, están dispuestos a promover cambios en la vida de los argentinos. En lo político el hecho sirve también para fogonear las reales o presuntas diferencias entre el Gobierno y la Iglesia. La “operación Maccarone” no es un hecho fortuito o circunstancial. Es el resultado de una estrategia hábilmente montada, construida sobre la base de datos de inteligencia que dejaron al descubierto las debilidades del obispo y que contó con una logística que no se improvisa y con recursos que no son los de un ciudadano común. Desde esta perspectiva hay que mirar a quienes desde el costado político vienen sembrando cizaña para mostrar posiciones irreconciliables entre la Iglesia y el Estado. Los mismos que alentaron a Baseotto en su arremetida contra el ministro Ginés González García y que hicieron todo lo posible para fogonear ese enfrentamiento. No sería ilógico pensar que detrás de todo esto están los mismos estrategas que en tiempos del menemismo urdían maniobras para lograr respaldos del Vaticano al gobierno mientras muchos obispos locales reincidían en sus quejas y denuncias. Algo, sin embargo, es evidente. Más allá de todas las consideraciones, el daño institucional para la Iglesia es importante, sobre todo en un momento en el que desde distintos lugares e interlocutores se busca un diálogo plural y mayor compromiso con la sociedad.