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El asesinado comisario Oscar Ramón Beauvais fue hace nueve años la pieza clave en el mayor engaño con sustancias estupefacientes cometido en la breve pero prometedora historia argentina en la materia. Se trata de la denominada “Operación Strawberry”, el secuestro de dos toneladas de cocaína “de dueño desconocido”, por valor de 120 millones de dólares. El cargamento venía de Colombia y se embarcaría hacia Alemania en tambores de pulpa de frutilla. Beauvais formaba parte de un grupo de comisarios de relación especial con el entonces hombre fuerte de la Policía de Buenos Aires, Mario Rodríguez, conocido por el apodo de “El Chorizo”. También integraban ese grupo los comisarios Mario Naldi y Claudio Smith, que tuvieron otros roles principales en el caso de las falsas frutillas. En febrero de 1996, cuando un presunto llamado anónimo a su teléfono puso en marcha el montaje, Beauvais era subcomisario en la Unidad Regional XII de Tigre. Su superior inmediato era Naldi. Smith estaba a cargo de la comisaría de General Pacheco y el comisario Pedro Klodczyk comandaba la mejor policía del mundo. La “maraña de irregularidades” de la investigación, en palabras de la fiscal del juicio Alejandra Perroud, llevó a la nulidad de todo el procedimiento, la absolución de los argentinos, colombianos y brasileños detenidos y el juicio político del entonces juez federal Roberto Marquevich. La causa fue archivada en el Consejo de la Magistratura, porque no se alcanzaron los dos tercios de los votos necesarios para la destitución del juez, quien luego fue separado por el arresto de la empresaria Ernestina Herrera de Noble. La defensa de Marquevich en el Consejo fue asumida por el ex ministro bonaerense Jorge Osvaldo Casanovas.

Voces

Las actuaciones se iniciaron el 29 de febrero de 1996 con una denuncia anónima que recibió Beauvais, entonces de 41 años, en su teléfono de la Unidad Regional XII. Una persona desconocida le brindó un informe detallado sobre la preparación de un mecanismo para la exportación de cocaína a Europa. Dijo que “se estaría por conformar una sociedad anónima” con integrantes argentinos, brasileños y colombianos, para la exportación de frutas tropicales refrigeradas. La mercadería se almacenaría en un galpón a conseguir en la zona norte: el Puerto de Frutos de Tigre, inmediaciones de la ruta Panamericana en Tigre, o San Fernando. Los primeros embarques serían normales pero luego se usarían para la exportación de cocaína. La sustancia llegaría en camiones desde Brasil, debido a los controles reforzados en el habitual puerto de salida, el de Santos, que habían obligado a retener varios miles de kilos. También le dio el número y código de un beeper de San Pablo que usarían los implicados. Antes de colgar se comprometió a pasarle más información, con el pedido de que se la comunicara a Naldi, quien poco antes había encabezado la operación “Café Blanco”. En esa ocasión se informó del secuestro de tres toneladas de cocaína, pero al juzgado sólo llegó una.
La llamada anónima es un recurso habitual de la policía para blanquear informaciones obtenidas por otras vías. Pero no es usual semejante grado de detalle, como para anticiparse a la constitución de la sociedad pantalla y pregonar la normalidad de los primeros envíos. Tampoco la envergadura de la operación. Naldi le ordenó a Beauvais que estuviera muy atento a la información que recibiera si volvían a llamarlo. Volvieron a llamarlo, el 3 de junio, para darle el teléfono celular de uno de los integrantes de la banda y agregar que la cocaína sería camuflada en envases de pulpa de fruta y enviada a Hamburgo, Alemania. El tercer llamado se produjo el 8 de agosto. Esta vez le dieron otros dos números, uno fijo y otro celular. “Tuvo suerte”, dijo en la audiencia de juicio el defensor de un procesado: aunque la Unidad Regional tiene una central de líneas rotativas, todos los llamados anónimos de este caso le tocaron a él.

Inteligencia

El juez federal de San Isidro, Roberto Marquevich, ordenó entonces a Naldi la realización de tareas de inteligencia. También dispuso la escucha de esos números telefónicos y pidió la intervención de la SIDE. Pero nadie adoptó ninguna medida para identificar a las personas cuyas conversaciones escuchaban, entre quienes, según la policía, estaban los jefes de la organización. Las grabaciones siempre estuvieron en poder de los policías y el juez nunca las escuchó. Aunque en julio de 1996 en el expediente no había otra cosa que las declaraciones policiales de Beauvais relatando los diálogos con su desconocido interlocutor telefónico, sobre esa endeble base Marquevich pidió la ayuda del Departamento de Cooperación Internacional en materia de Narcóticos del gobierno federal de Alemania, al que prometió remitir más información, cosa que nunca ocurrió. En setiembre de 1996 Naldi viajó a Alemania junto con dos secretarios del juzgado, pero tampoco entonces llevaron información alguna. Según Naldi su viaje tuvo propósitos protocolares (sic). Los secretarios dijeron que en Hamburgo analizaron con el fiscal alemán la posibilidad de un procedimiento conjunto, de entrega vigilada de estupefacientes.
El desorden del sumario fue tal que el delegado de la embajada de Alemania que los acompañó en el viaje apareció luego como imputado prófugo. Ni la Cámara Federal de San Martín ni la Corte Suprema de Justicia recibieron pedido de autorización para ese viaje ni pagaron sus miles de dólares de gastos. Naldi dijo que los fondos salieron de la SIDE. El juez también requirió la asistencia judicial de los Estados Unidos. Pero no sabía llenar el formulario y cuando el ministerio de Justicia se lo hizo notar, desistió del pedido de congelar cuentas bancarias en ese país. En cambio, dijo la fiscal Perroud, nadie investigó la conexión o el aporte local, cuando era “ilógico suponer que no había en la Argentina gente vinculada a la operación”.
El 14 y 15 de abril de 1997 las escuchas telefónicas revelaron que ya habría dos contenedores en Alemania, “dos en viaje y dos por llegar” y que se mencionaron 2200 kilos. Además se escucharon otros dos números telefónicos, que también fueron intervenidos. Como resultado, el 30 de abril de 1997 se ordenó una serie de procedimientos. Pese a que el juez consignó que se proponía hacer una entrega vigilada para desbaratar el tramo alemán de la organización, a último momento cambió de idea arguyendo que no conocía la cantidad de estupefacientes que se despacharía. En un gigantesco operativo fue detenido un camión con remolque en la ruta 197 de General Pacheco.

“Esta no es nuestra”

Ese día además del eje policía de Buenos Aires-SIDE también fue convocada la Policía Federal. Cuando fue citado al juicio, el comisario Jorge “El Fino” Palacios, de Operaciones Federales de la Policía Federal, saludó con una advertencia: “Ojo doc, que esta opereta no es nuestra”. En un container el camión transportaba 62 tambores de pulpa de fruta, dentro de los cuales se habían camuflado 1852 envoltorios con 2240 kilos de cocaína. Había sido cargado en un galpón próximo, que también fue allanado pero no se detuvo ni se identificó a los responsables del cargamento. El galpón había sido alquilado en mayo de 1996, tres meses después de la primera llamada anónima. Beauvais iba 90 días por delante de los hechos. El cargamento decomisado era apenas del diez por ciento del total estimado por los propios investigadores: según las escuchas planeaban acopiar veinte toneladas con vistas al campeonato mundial de fútbol de 1998 en Francia. Nada se hizo para impedirlo. Ni se allanó el galpón cuando los cabecillas estaban en él ni se dejó seguir el embarque para detectar al resto de la organización en Hamburgo. Tan falsa fue toda la “Operación Strawberry” que la pulpa de los tambores ni siquiera era de frutilla, sino de piña, mango y mora.
Los changadores que declararon ante la justicia contaron de un intenso trasiego de tambores y contenedores en el mes previo, del que la instrucción nunca se dio por enterada. Dijeron que el colombiano y el brasileño que supervisaban la carga salieron hacia su auto estacionado frente al galpón luego de una llamada telefónica y “enseguida llegó la policía”. Los agentes de la SIDE fueron encabezados por Antonio Horacio Stiuso. Beauvais llegó una hora después de iniciado el allanamiento, en compañía de Smith (a quien Naldi había ordenado vigilar el galpón que quedaba a pocas cuadras de su comisaría de Pacheco). Estaban celebrando un gran acontecimiento pero aun así competían entre ellos. En aquel momento, Marquevich le ordenó a Naldi que se retirara. Ya había alardeado bastante con los periodistas.

A órdenes de la policía

Cuando Marquevich concluyó la instrucción y elevó la causa a juicio, el Tribunal Oral Federal Nº 7 de San Martín anuló las actuaciones y sostuvo que convivían en el expediente una historia real con otra oculta. Para el camarista Elbio Osores Soler era imposible discernir si los personajes traídos a escena por los policías eran de existencia real o ficticia. La jueza Lidia Soto agregó que durante la instrucción el juez cumplió las órdenes de la policía y no a la inversa como corresponde. Los policías a cargo de la investigación se apartaron de la verdad para no comprometer a alguna fuerza de seguridad o al propio Marquevich dijo la jueza Marta Lopardo. La sala II de la Cámara Federal de Casación Penal (Alfredo Bisordi, Juan Rodríguez Basavilbaso, Liliana Catucci) revocó la nulidad y ordenó un nuevo juicio. La fiscalía no sostuvo la acusación y el Tribunal Oral Nº1 de San Martín al que le tocó realizar el nuevo juicio absolvió a los personajes secundarios procesados, como el contador y el despachante de aduana de la empresa, quienes sólo conocían la parte legal de sus actividades. La investigación, “accidentada y desprolija” tuvo un saldo “pobre y vergonzoso, pues el sentido común indicaba que un resultado aceptable requería el sometimiento a proceso de los partícipes del delito y entre ellos era muy importante el desbaratamiento de la organización o conexión local”, dijo la fiscal. En cambio, se permitió “su fuga delante de las narices del personal de las tres reparticiones involucradas”, mientras eran detenidas muchas personas que no tenían relación alguna con la causa.

El Gran Bonete

La camarista Lucila Larrandart, quien presidió el debate y emitió el primer voto en el segundo juicio, dijo que “bajo el ropaje de llamadas anónimas se hacía conocer información con la que ya contaban y que de ningún modo aparece válida y expresamente agregada al proceso”. Todo quedó en manos de los policías porque el juez “se desentiende de la investigación”. Larrandart afirma que quedan serias dudas “acerca del momento en que la droga entra en el país, como también de la posible existencia de otros envíos”. Dice que las declaraciones de Naldi, Beauvais y Smith son poco para investigar una presunta “organización internacional de narcotráfico”. Según la jueza, el expediente parece un juego del gran bonete en el que no se sabe quién conduce la investigación. De las fojas escritas se deduce que el juez delegó todo en la SIDE y en la División Centro de Narcotráfico de la Bonaerense, pero en las audiencias orales los policías dijeron “que nadie investigó porque nada le fue pedido”. Le parece curioso que ninguna de las dependencias que participaron “sugirieron jamás al juez la adopción de medida alguna ni efectuaron, dentro del margen que tienen como auxiliares de la justicia, investigación o averiguación alguna”, como hacen en procedimientos menores, “en un kioskito en una villa”.
El joven oficial Javier Luis Moro, quien actuó como secretario del jefe de la División Narcotráfico Centro de la policìa de Buenos Aires, dijo que al consignar las transcripciones telefónicas escribía lo que su jefe le decía y que no sabe de dónde provenía esa información. “Quiero hacer notar la atipicidad de esta causa”, dijo. Nunca había visto que llegaran transcripciones y no se hiciera inteligencia sobre su contenido. La camarista Lucila Larrandart dice que no se aclaró por qué “no se allanó directamente el galpón cuando se estaba cargando la droga o días antes, y se esperó a que los camiones salieran del mismo para ser incerceptados a unas cuadras de distancia y luego entrar en el galpón; no se puso a nadie a controlar la entrada del galpón para impedir que quienes estaban adentro se fugaran”, y que los principales responsables “salieran tranquilamente caminando hacia su auto estacionado enfrente de las narices de los funcionarios policiales”. Los detenidos fueron los changadores que cargaban los tambores dentro del galpón, el contador, el escribano y el despachante, a quienes la jueza considera “el pato de la boda”. Agregó que no se investigaron los envíos anteriores, ni a la empresa Viardot y sus desconocidos integrantes, lo cual indica que el criterio aplicado fue dar por terminada la causa con la incautación de la carga y la amplia publicidad que se le dio, pero “dejar en la oscuridad cualquier otra circunstancia tendiente a profundizar la investigación y hallar a los culpables para así desmontar en lo posible a la supuesta organización internacional”. En cambio, “se trataba de implicar a personas que tenían una relación tangencial y profesional con la sociedad anónima, apartando del foco investigativo e imputativo a quienes podían ser los principales sospechados, al punto que hasta el día de hoy no se sabe quién es Gilberto Ortiz, ni Miguel, ni Melián, si es que realmente así se llaman. los jefes de la organización. Dos de ellos “salieron tranquilamente momentos antes de que ingresara la policía”.
Para la jueza “tal cadena de errores sólo puede atribuirse a una increíble ineficacia o bien a alguna otra circunstancia oculta de la que quienes hemos juzgado no tenemos conocimiento, pese a haberse presentado como el golpe más importante al narcotráfico en la Argentina”. Dejó constancia de su asombro por la declaración de Stiuso, quien “les restó importancia a quienes eran la conexión argentina, como si no importara investigarlos y detenerlos”. Dijo que eran “grupos de transporte”, como si eso no constituyera un delito en la Argentina. Pero “nada se investigó tampoco con relación a quien aparecía como el personaje más importante de la supuesta organización ilícita”, ni los colombianos, ni los brasileños, ni el tramo alemán. Adhirieron a estos conceptos las camaristas Marta Milloc y Angela Ledesma.

Procesalistas

El tribunal resolvió remitir las actuaciones al Consejo de la Magistratura. Allí en noviembre de 2001 se firmaron dos dictámenes. El que se inclinaba por la destitución de Marquevich tuvo mayoría, pero no alcanzó los dos tercios necesarios. El que desestimaba los cargos fue rechazado por mayoría. En 2003, cuando Marquevich fue acusado por la detención ilegítima de la directora-propietaria del diario Clarín, los consejeros Beinusz Szmukler (por los abogados) y Marcela Rodríguez (por la Cámara de Diputados, ARI), impulsaron la agregación de esta causa que había quedado en estado de latencia, archivada pero sin resolución. La defensa de Marquevich fue asumida por el consejero Jorge Osvaldo Casanovas (por la Cámara de Diputados-PJ bonaerense). Retomar esa investigación violaría las garantías del debido proceso y la defensa en juicio, argumentó. Parecida visión procesalista a la del gobernador de Buenos Aires, quien al encontrarse el cadáver del comisario con cinco agujeros en la cabeza dijo sin trepidar que no le veía “connotaciones políticas”.