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Luego de desaparecer de los diarios por una semana, la causa de los sobresueldos –un fantasma que pesa sobre varios ex funcionarios del menemismo– volvió a ser noticia. Ayer, el juez federal Jorge Ballestero citó en calidad de imputados a los ex ministros Armando Caro Figueroa (Trabajo) y Elías Jassan (Justicia), al ex secretario Legal y Técnico Félix Borgonovo, al ex titular del PAMI Alejandro Bramer Marcovich. También fue citado el ex jefe de Gabinete Eduardo Bauzá, quien primero será sometido a un chequeo médico por su estado de salud. Las citaciones comenzarán en quince días y se extenderán por un mes. Caro Figueroa, Rodríguez y Bauzá están acusados de enriquecimiento ilícito. El juez también investiga si cometieron peculado, robar dinero público, un delito que no es excarcelable y que está penado con diez años de prisión.
En el caso de Bauzá, si los médicos deciden que está en condiciones de declarar, deberá hacerlo por el cargo de peculado. Ese delito consiste en usar en provecho propio fondos a los que se tiene acceso por el cargo desempeñado. Sobre Caro Figueroa y Rodríguez, el juez dictaminó que en ambos casos “corresponde ahondar la instrucción en relación a su presunta participación como alto funcionario de la administración central en la conformación y ejecución del sistema de pago de sobresueldos que se habría estructurado en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional”.
Para confeccionar la lista de sospechosos, la Justicia analizó las declaraciones juradas de los ex funcionarios. Entonces detectó que unos cuantos habían cobrado sobresueldos por medio de la ley 18.302, que asigna gastos reservados en concepto de “gastos de representación o viáticos”. Esa ley fue mencionada por la ex secretaria de Recursos Naturales, María Julia Alsogaray, en el juicio oral y público que se le inició por enriquecimiento ilícito. Alsogaray se basó en esa norma para justificar el incremento de su patrimonio. El año pasado, el tribunal oral que juzgó a la ex funcionaria determinó que los sobresueldos son ilegales.
El argumento de los jueces es que esos pagos –que provenían de fondos reservados– debían destinarse a seguridad e inteligencia. Sin embargo, muchos funcionarios los cobraban en beneficio personal. En su declaración testimonial, Alsogaray precisó cómo era el mecanismo para distribuir ese dinero en los felices años del menemismo. “Eran asignados por parte de la Secretaría General de la Presidencia, y luego la Jefatura de Gabinete, a los ministerios y secretarías de Presidencia en concepto de ingresos complementarios”, relató. En esa oportunidad, la ex polifuncionaria explicó que esos pagos “diferían de los fondos reservados que les eran asignados a los ministerios autorizados para recibir tal erario, los de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores”.
El relato de Alsogaray coincidió con la declaración del ex secretario privado del ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo, Roberto Martínez Medina. En su visita a los Tribunales, Martínez Medina dijo que en su época de funcionario concurría todos los meses a la Jefatura de Gabinete. Allí retiraba sobres que contenían sumas de hasta 50 mil pesos que luego llevaba al ministerio en el que trabajaba. Luego comentó que otros secretarios privados hacían lo mismo. El testimonio de Martínez Medina resultó coherente con otra confesión de la ex polifuncionaria. Hace dos meses, contó que en 1992 Domingo Cavallo reunió a otros diez miembros del Gabinete para manifestarles que “había que empezar a pagar el sobre”. Se refería, obviamente, a los sobresueldos.
Las indagatorias que ordenó ayer Ballestero habían sido pedidas hace una semana por el fiscal Paulo Starc. En esa ocasión, el fiscal denunció por enriquecimiento ilícito al ex secretario de Medios, Guillermo Seita y a quien fuera secretario privado de Menem Héctor Fernández. La denuncia contra Seita quedó radicada ante Ballestero, mientras que la otra tramita en el juzgado de Daniel Rafecas.