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La megacausa por el contrabando agravado de armas a Croacia y Ecuador corre riesgo de quedar en la nada porque está cerca de la prescripción. Una alta fuente judicial transmitió esta inquietud a Página/12 y aseguró que “la única esperanza de salvarla es sacar al juez Julio Speroni”. De hecho, esta semana la Cámara de Apelaciones en lo penal económico decretó por novena vez la nulidad de una resolución de ese magistrado en este complejo expediente, que alguna vez llevó a la cárcel al ex presidente Carlos Menem. Tras reiteradas indicaciones de los camaristas de la sala B, Speroni había accedido a elevar la causa a juicio oral por partes, pero el Tribunal Oral en lo penal económico (TOPE) 3 se resiste a iniciar el juzgamiento hasta no tener la instrucción terminada. Así, la investigación iniciada hace diez años por la venta de 6500 toneladas de armamento durante el gobierno menemista se acerca a su disolución por acción de la nueva ley que modificó las condiciones de la prescripción penal, en el mismo camino que resonantes procesos sobre corrupción en los ’90, desde la leche trucha de Carlos Spadone hasta el pasaporte de Monser Al Kassar.
En otro incidente cuya apelación la sala B todavía no resolvió, Speroni dictó la falta de mérito de los imputados Oscar Camilión y Juan Paulik, ex ministro de Defensa y ex jefe de la Fuerza Aérea respectivamente. Allí, el fiscal de cámara Ramiro Rodríguez Bosch solicitó la nulidad de esa medida y también requirió que Speroni sea apartado de la causa. Camilión es defendido por el estudio Rodríguez Palma, mientras que a Paulik lo asisten los profesionales del estudio Arslanian.
Desde que la Cámara empezó a dictar las prisiones preventivas de los numerosos imputados del caso armas, le indicó al juez Speroni que debía ir produciendo elevaciones parciales a juicio oral. “La instrucción de esta causa es interminable, no sólo porque hay personalidades como Menem sino porque siempre aparecen elementos nuevos”, comentó a este diario una fuente que conoce en detalle la investigación. Speroni sólo llegó a elevar los hechos referidos a tres acusados, pero los jueces del TOPE 3 obtuvieron el aval de la Cámara de Casación para no hacer los juicios hasta que no haya sido culminada toda la pesquisa. “El juicio está frenado y se trata de hechos muy viejos, por lo tanto con la última modificación del código penal empiezan a correr las prescripciones”, razonó la fuente.
Hace tres días, los camaristas Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos anularon la resolución de Speroni por la cual ese magistrado resolvió pedidos del abogado de Alicia Barrenechea, mujer del presunto intermediario Diego Palleros en el contrabando de armas, que planteó la inexistencia de delito y la prescripción de la acusación en su contra. Los camaristas consideran que sí hubo delito y rechazan que haya prescripto, pero determinaron la nulidad porque entendieron que Speroni no fundamentó su rechazo a las pretensiones de la mujer.
En disidencia parcial, Grabivker requirió por segunda vez que Speroni sea apartado porque “no sólo no significaría un daño para la pesquisa, sino que brindaría la posibilidad de que la investigación pueda mejorar, a pesar de los largos años transcurridos”, según el escrito al que accedió Página/12. La sala B encomendó 47 veces realizar medidas de prueba que Speroni debió efectuar por sí mismo, le indicó 28 veces que profundizara la investigación, y en 8 ocasiones incumplió disposiciones procesales. A todo esto, Palleros camina por las calles tras haberse negado a declarar. Tras sus años de prófugo en Sudáfrica, regresó cuando supo que los jueces de Casación Alfredo Bisordi, Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso y Liliana Catucci anularon la decisión de la Cámara que le había denegado la exención de prisión. Tranquilos están también Carlos Menem y Domingo Cavallo, a quienes la Cámara les revocó el sobreseimiento pero Speroni mantiene freezado ese tramo del expediente.