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El plenario del Consejo de la Magistratura suspendió en sus funciones y ordenó que se inicie el juicio político a dos camaristas federales de Resistencia por haber liberado a diez represores que estaban presos como responsables de la masacre de Margarita Belén, ocurrida durante la última dictadura militar. El resultado de la votación fue demoledor: trece consejeros pidieron la destitución por mal desempeño y sólo tres se opusieron. Uno de los jueces cuestionados, Tomás Inda, integró el grupo de conjueces de la Corte Suprema que repuso a Antonio Boggiano en el cargo por un día. Deberá enfrentar al Jurado de Enjuiciamiento junto con María Beatriz Fernández.
Los camaristas quedaron acusados de haber instrumentado maniobras jurídicas para disponer la liberación de los militares y policías involucrados en los fusilamientos de diciembre de 1976. El dictamen que promueve el juicio político –elaborado por la diputada Marcela Rodríguez (ARI) y el abogado Beinusz Szmukler– dice que buscaron paralizar la causa sobre Margarita Belén y favorecer la fuga de los represores. Agrega que prejuzgaron y que montaron una persecución al fiscal que insistió con las detenciones.
“La resolución del Consejo es una medida necesaria para consolidar un Poder Judicial federal respetuoso del Estado de derecho”, alabó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que hace dos años presentó, con apoyo de la agrupación HIJOS del Chaco, la denuncia contra Inda y Fernández. En un comunicado los calificó como “jueces cómplices de la dictadura”.
Inda es uno de los cinco conjueces de la Corte que dos semanas atrás anularon la suspensión de Boggiano que había dispuesto el Senado. Ahora que al camarista le llegó su propia suspensión, el ex supremo se quedó sin la mayoría que le dio respaldo. Como sea, los pronósticos en tribunales hace días anuncian que es difícil que se repita el apoyo.
En junio de 2003 el juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, ordenó la detención de diez represores implicados en la masacre de Margarita Belén, en la que fueron asesinados 22 presos políticos cuando eran supuestamente trasladados a Formosa. Lo hizo después de declarar la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida. El defensor oficial de los militares, Carlos Pujol, presentó un hábeas corpus. La Cámara federal local le dio la razón.
La principal imputación contra los dos camaristas chaqueños es haber concedido la libertad a los acusados por medio de un procedimiento ilegal: al admitirles el recurso de hábeas corpus declararon la incompetencia de Skidelsky y anularon sus decisiones. El fallo también había sido firmado por el camarista Diómedes Rojas, quien falleció el 14 de febrero de este año. Para la mayoría de los consejeros fue una decisión forzada, contraria a las normas, que llevaba la intención de generar un beneficio. “Los jueces se apartaron intencionalmente del derecho aplicable para colaborar directamente con la estrategia de defensa destinada a conseguir la libertad anticipada de los imputados”, analizó también el CELS.
El martes último la Comisión de Acusación aprobó el proyecto de juicio político. Para ese entonces ya había distribuido los antecedentes del tema entre todos los consejeros del cuerpo, que decidieron votar en el plenario de ayer. Por la apertura del juicio se pronunciaron, además de Rodríguez y Szmukler, el abogado Eduardo Orio, los peronistas Jorge Yoma, Miguel Pichetto y Lelia Chaya, el radical Juan Minguez, los académicos Juan Gemignani y Humberto Quiroga Lavié, los jueces Abel Cornejo, Claudio Kiper y Victoria Pérez Tognola y el representante del Poder Ejecutivo, Joaquín Da Rocha. El dictamen en disidencia lo presentó el abogado Luis Pereira Duarte y lo apoyaron su par Lino Palacio y el juez Bindo Caviglione Fraga. El presidente del Consejo y la Corte, Enrique Petracchi, se abstuvo. “Al hacer lugar al hábeas corpus se configuró el mal desempeño de los camaristas”, dice la acusación, como adelantó Página/12. La discusión sobre a qué juez le correspondía intervenir tenía que ser resuelta aparte y “la querella debía ser escuchada”. Pero nada de esto sucedió, concluyeron los consejeros. De todos modos, aclararon, una declaración de incompetencia no invalida las medidas judiciales previas: las detenciones debían continuar, bajo la órbita de un nuevo tribunal.
Un asunto que agravó el horizonte de los camaristas fue el hecho de haber devuelto a la libertad a los militares y policías “sin caución alguna”. Para los consejeros fue una forma de “permitir que se profugaran”. “Ese es el caso del militar Norberto Raúl Tosso”, ejemplificaron, “quien se dio a la fuga” y ahora tiene pedido de captura internacional. “Los camaristas paralizaron la causa”, alerta el texto.
Inda arrastra más cargos que su compañera. Los consejeros acusadores creen que nunca debió intervenir en la causa de Margarita Belén. Es porque cuando era juez durante la dictadura actuó en expedientes vinculados con esta masacre, pero nunca investigó los asesinatos, algo que le señaló la Cámara Federal en el Juicio a las Juntas. Y porque él mismo decidió excusarse en otras investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos alegando que su parcialidad estaba afectada por haber aplicado las leyes de impunidad a otros militares. “¿Cómo es posible que no haya advertido esa causal de inhibición al resolver el hábeas corpus?”, se preguntan los consejeros.
Párrafos aparte se llevó la “persecución” contra el fiscal Jorge Auat para obstaculizar su trabajo. Así describió la acusación las situaciones de “abuso de poder” de los camaristas. Auat no sólo insistía con que los represores debían estar presos. Fue autor, junto con el fiscal Javier De Luca, de un informe que advertía que los camaristas habían incurrido en prevaricato (fallar a propósito contra derecho).
Inda había presentado la renuncia en febrero, pero como el Gobierno nunca se la aceptó tendrá que enfrentar al jurado de enjuiciamiento, que preside la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco. Fernández, al parecer, especulaba con una absolución en el Consejo. Las audiencias del juicio político comenzarán a más tardar en 180 días.