[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

En la madrugada del 17 de noviembre de 1972 un grupo de oficiales y suboficiales jóvenes del batallón de Infantería de Marina de la Escuela de Mecánica de la Armada se sublevó. El levantamiento obedeció a que los estaban organizando en “grupos de tareas” y preparando para la represión. El regreso de Juan Domingo Perón, que se produciría horas después, fue la ocasión para repudiar esa política. El hecho terminó con 60 marinos detenidos, que luego fueron dados de baja. Una vez en democracia, los sancionados pidieron ser reincorporados, pero no lo consiguieron. Agotadas las vías administrativas y judiciales, recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hoy, 33 años después y como parte de una “solución amistosa” del caso, el presidente Néstor Kirchner firmará un decreto con el que reincorporará, en calidad de retirados y con el grado de teniente de fragata, a cuatro ex guardiamarinas.
Además de la reincorporación a la Armada y el ascenso de dos grados, Aníbal Acosta, Ricardo Luis Hirsch, Julio César Urien y Mario Actis podrán cobrar los salarios caídos desde que fueron echados de la Marina. Con este decreto se dará por cerrado el reclamo ante la CIDH. Será, además, una forma de reivindicar a aquellos militares que se opusieron a la represión que estaban organizando las Fuerzas Armadas y que llevarían a la práctica en su grado más acabado durante la dictadura que comenzó en 1976.
Acosta, Hirsch y Urien se presentaron ante la CIDH en 1996, luego de que en el país no fuera oído su reclamo. “Los ex oficiales de la Armada que recurren ante la Comisión pertenecieron a la misma promoción del nunca bien recordado capitán Alfredo Astiz, cuyos antecedentes en la violación a los derechos humanos es de su conocimiento. Es decir, a los oficiales que buscaron la reinstalación democrática en el país se les niegan los derechos, pero a quien fue condenado por reiteradas violaciones a los derechos humanos se lo asciende con honores”, señalaron los abogados Rodolfo y Tomás Ojea Quintana al iniciar la demanda ante el organismo internacional. En esa época, “El Cuervo” todavía no había sido echado de la Marina.
En 1999, durante el gobierno de Carlos Menem, el caso estuvo a punto de cerrarse con un acuerdo que finalmente no prosperó. Entre los argumentos esgrimidos por la Justicia y el Gobierno para no acceder a la petición, fue que el reclamo había prescripto. Pero, para calcular los años en los que no se había iniciado el juicio, se tenían en cuenta los siete correspondientes a la última dictadura. Los abogados señalaron que, en esa época, “para los peticionarios el acceso al recurso judicial no estaba asegurado, ya que podían suponer consecuencias graves si intentaban acceder a la jurisdicción”.
“Urien –ejemplificaron los letrados– permaneció siete años detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, motivo por el cual lógicamente podía prever cualquier tipo de represalia si reclamaba ante la Justicia. Acosta y Hirsch fueron perseguidos continuamente por razones políticas por las distintas células estatales y paraestatales. Además, no hay que olvidar que se habían revelado contra un gobierno militar a favor de un gobierno democrático que dirigía Juan Domingo Perón y que el golpe del 24 de marzo de 1976 fue llevado a cabo por un régimen militar contra un gobierno democrático peronista.”
Muchos marinos que participaron de aquella sublevación de la ESMA se incorporaron luego a la “militancia civil”. Varios están desaparecidos. Entre ellos, el guardiamarina Mario Galli –que estuvo secuestrado en la ESMA junto con su mujer y su madre– y el cabo segundo Juan Domingo Tejerino, que también pasó por ese centro clandestino de detención. El teniente de navío Carlos Lebrón fue asesinado en Tucumán en agosto de 1976. Urien, actual director del PAMI en San Martín, estuvo en prisión hasta la amnistía camporista. Pero antes del golpe de 1976 fue detenido nuevamente y no salió en libertad hasta que los militares dejaron el poder.