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La decisión que revocó la excarcelación de Omar Chabán fue adoptada en fallo dividido (ver páginas 2/3). Dos integrantes de la Cámara de Casación consideraron injusta la sentencia de la Cámara Penal de liberar al empresario durante el proceso. La tercera camarista ponderó que el tribunal no tiene competencia para revisar la decisión que se dejó sin efecto.
En su momento, la Cámara Penal había producido un fallo con mayoría y minoría, dos por excarcelar, uno por mantener la detención. Así las cosas, seis jueces reflejaron tres puntos de vista diferentes. La regla de mayorías y las jerarquías determinan que eso derive en una decisión única, que todos deben acatar.
A un profano en derecho eso puede parecerle un galimatías. Los abogados, entre quienes revista el autor de estas líneas, asumen que las cuestiones legales no son axiomáticas y están sujetas a deliberación e interpretación. La ley fija criterios generales, sujetos a análisis en cada caso que tiene especificidades a menudo únicas. En el supuesto de Chabán las diferencias se dirimieron interpretando, en base a la conducta del empresario, si estaba dispuesto o no a profugarse.
No hay motivo alguno para alarmarse pues la disidencia no es chocante, antes bien connatural, a la lógica de la democracia. La democracia es un sistema de deliberación y negociación permanente en la que existe la apelación al número, como circunstancia final de esos procesos. En la democracia se vota, claro, y se hace en dos de los tres poderes del Estado. Pero no hay órgano de gobierno que vote sin tramitar antes intentos de búsquedas de consenso.
La democracia, en fin, admite (o mejor presupone) la existencia de pareceres disímiles, de exégesis legales diferentes, de visiones del mundo (y por ende de la política y del derecho) contrapuestas. Si el lector sospecha que se están diciendo obviedades de modo un tantín pomposo, valga ya aclararle que se emiten porque cunde en estos días una tendencia a negar al adversario el derecho a discrepar. El emisor de cada punto de vista, que es interesado y parcial, tiene derecho a tratar de imponerlo pero no a condenar a su adversario a ser un canalla o un ignorante. Se ha puesto de moda exigir que funcionen las instituciones pero la apelación es acompañada por una constante desautorización a cualquier resultado no querido por el apologista. El saldo es desolador.

- La recusación fácil. La diputada Susana Etchegoyen que corporiza uno de los variopintos bloques unipersonales de la Legislatura amenaza con recusar a Julio Maier. Maier, en su carácter de presidente del Tribunal Superior, integra por manda constitucional la Sala Juzgadora de la Legislatura. La recusación es un hecho institucional grave, aplicable sólo en circunstancias excepcionales. Las causales respectivas se enumeran en la ley y son taxativas, esto es, las únicas admisibles. Se trata de vicios que comprometen la imparcialidad del magistrado. Etchegoyen amenaza avanzar atribuyendo a Maier malos tratos, arrogancia y haber emitido opiniones inconstitucionales. Ninguna de esas causales es admisible, siendo del caso señalar que se parecen más a la incompatibilidad de caracteres que a una vulneración legal.
Sin tener mucho pudor por contradecirse, Etchegoyen pregona que no le compete a la actual Sala Juzgadora, en la que revista, decidir sobre Aníbal Ibarra, pero en simultáneo propugna una acción que condicionaría de modo decisivo a la que (según sus anhelos y su criterio) debe sentenciar. Etchegoyen, una dirigente de izquierda, está terminando su mandato ya que intentó ser reelecta pero fue avalada sólo por una porción irrisoria del electorado. Es menos que un pato cojo pero pretende ejercitar un estentóreo canto del cisne.
El episodio podría juzgarse una anécdota, pero es un síntoma. La conducta de Etchegoyen no desentona, antes bien es la regla, en la Legislatura.

- La hora de la política. El Código Procesal Penal, que regla las excarcelaciones, fue promulgado hace tiempo y analizado en numerosos volúmenes de doctrina. Las reglas que ordenan las recusaciones también están plasmadas en textos legales. Si lo escrito habilita posiciones autorizadas diferentes y aun desvaríos de representantes del pueblo, qué no podrá esperarse de cara a una situación no regulada. La integración y el reglamento de la Sala Juzgadora siguen siendo un arcano, sujeto a polémica.
La definición respectiva no surgirá de un cenáculo de especialistas sino que será política, producto de la relación de fuerzas de la Legislatura.
Quien parece conducir esa correlación de fuerzas, el líder de la primera minoría legislativa, Mauricio Macri, se jactó ayer (ver nota de página 11) de no ser “un político”, sino un ingeniero, que fue capacitado para construir. La descripción es llamativa porque no se conoce a nadie que recuerde a Macri como ingeniero y sí es famoso por sus incursiones políticas como dirigente de fútbol y ahora como postulante a líder de la derecha argentina. Pero que arrogarse esa “virtud” pueda ser lucrativo es demostrativo de un estado de cosas, de un momento en que denigrar la política es un buen rebusque para posicionarse en la lucha política.
(Todas estas historias continuarán.)