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Desde hace tiempo, Madrid no es una ciudad segura para los represores de la última dictadura militar argentina. Sin embargo, el policía Juan Carlos Fotea se arriesgó a permanecer allí. Ayer fue arrestado, pero no a pedido del juez Baltasar Garzón sino por orden de Sergio Torres, el magistrado que investiga el secuestro y asesinato del periodista Rodolfo Walsh. Ahora se abrirá un proceso de extradición.
Después de ser detenido, Fotea fue llevado ante el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, quien le informó la existencia del pedido de arresto internacional emitido por la Justicia argentina por su participación en el asesinato del autor de Operación Masacre. El represor se declaró “inocente” pero, a la vez, aseguró que “cumplió con su deber”. Además, se negó a ser traído a la Argentina. Como no accedió a viajar por su propia voluntad, ahora se iniciará un juicio de extradición que podría demorar varios meses.
Torres fue informado de la novedad por medio de Interpol y ya comenzó a elaborar el pedido formal de extradición que enviará a España por vía diplomática antes de 40 días, el plazo que establece el convenio de cooperación en materia penal entre ambos países. Si bien en Madrid está abierto el juicio contra los represores argentinos por genocidio y terrorismo, fuentes judiciales desestimaron la posibilidad de que Fotea sea juzgado allí, ya que el criterio español es dar prioridad a los procesos que se realicen en la Argentina. Por eso, la Justicia de ese país suspendió el juicio contra el represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), Miguel Cavallo, hasta saber si existe aquí algún expediente en el que se lo reclame desde Buenos Aires.
Walsh fue interceptado cerca de San Juan y Entre Ríos por un grupo de personas entre las que había militares y miembros de diferentes fuerzas de seguridad –uno de ellos era Fotea– en la tarde del 25 de marzo de 1977. El objetivo era llevarlo a la ESMA para torturarlo, pero Walsh se resistió. Después de un tiroteo, finalmente llegó a la ESMA, aunque lo habrían conducido allí sin vida. Hasta hoy, sigue desaparecido. Entre las cosas que llevaba encima cuando lo mataron, había algunos ejemplares de la “Carta abierta a la Junta Militar”, en la que el periodista denunciaba a los planificadores y ejecutores del terrorismo de Estado.
Al día siguiente del operativo, los represores saquearon y destruyeron la casa del escritor en San Vicente. Además de bienes y un Fiat 600, se apropiaron de material literario y periodístico de Walsh. Entre las cosas robadas estaba la carta que le había escrito a su hija María Victoria después de haberse enterado de su muerte, varios cuentos y borradores de proyectos literarios y textos de sus memorias, trabajos de investigación, una selección de notas periodísticas y documentos de la organización Montoneros. Muchos de esos escritos fueron vistos por detenidos en el tercer piso del casino de oficiales de la ESMA.
Por el asesinato de Walsh, Torres ordenó hace un mes el arresto de 16 represores: Jorge Eduardo Acosta, Alfredo Astiz, Pablo García Velazco, Jorge Radice, Jorge Vildoza, Juan Carlos Rolón y Antonio Pernías, el militar Julio César Coronel, el prefecto Héctor Febres; los policías Roberto González, Ernesto Weber, Pedro Salvia, Juan Carlos Fotea, Juan Carlos Linares y los oficiales del Servicio Penitenciario Federal Gonzalo Sánchez y Carlos Generoso. Vildoza, González, Sánchez, Linares y Salvia todavía están prófugos.