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Omar, de Tigre a Marcos Paz. A las seis de la tarde, la orden de detención dispuesta por el juez Julio Lucini salió de los Tribunales y se encaminó directo al despacho del juez de San Isidro, Conrado Bergesio. De allí se dirigió a la Prefectura Naval, desde donde se irradió a los Albatros que custodiaban al empresario Omar Emir Chabán, en la isla Don Mariano, kilómetro 14 del río Carapachay. Los votos de los camaristas de Casación, Eduardo Riggi y Guillermo Tragant, lo hicieron posible al revocar la excarcelación de Chabán y regresarlo a prisión con el argumento de la posibilidad de la fuga y la peligrosidad de la exacerbación social. La camarista Angela Ledesma, en cambio, consideró la inadmisibilidad de la causa, porque sostuvo que no correspondía a la jurisdicción de Casación. El abogado de Chabán, Pedro D’Attoli, indicó que apelará ante la Corte Suprema. Tiene diez días para hacerlo. Durante cinco meses y diez días, el empresario se mantuvo suspendido de una libertad ansiada pero de corto aliento. Ayer, desde el otro lado, los padres de Cromañón festejaron ante Tribunales el fallo de los camaristas.
Riggi y Tragant, de la Sala Tercera de la Cámara de Casación Penal, votaron por la revocatoria del fallo de excarcelación de Chabán. En el fondo de la cuestión se deslizó la sombra de la división de interpretaciones jurídicas, periodísticamente conocidas como garantismo y antigarantismo. El 13 de mayo, los jueces Guillermo Bruzzone y Laura Garrigós de Rébori habían revocado la orden del juez Julio Lucini y ordenaron la excarcelación de Chabán. El argumento se sostenía en el derecho constitucional a la presunción de inocencia y la ausencia de intenciones de fuga y de entorpecimiento del proceso.
El 14 de junio, Chabán salía de la cárcel de Marcos Paz, después de pasar 165 días a la sombra de las celdas. No fue lo que se dice una libertad privilegiada, ni nada que se le parezca. Su primera estación fue la casa de su madre, en el centro de San Martín, donde sufrió un escrache permanente. Una semana después, se iniciaba el operativo Tigre. Chabán se mudó o fue mudado a una isla del Tigre, a una casa curiosamente llamada Papillon. El 5 de julio volvió a repetirse el operativo, y fue trasladado hasta la isla Don Mariano, en el kilómetro 14 del río Carapachay. Desde ese momento, logró alcanzar brevemente una supuesta y tenue tranquilidad.
Ayer, Ledesma, Riggi y Tragant presentaron su voto. La primera consideró cuestiones formales, pero no tanto: votó que la apelación de la fiscalía no debía haber sido tratada por Casación porque no era federal ni se habían cercenado la posibilidad a la fiscalía de ser escuchada en escalones anteriores, ni se trataba de un caso de gravedad institucional. Ledesma, más en consonancia con el fallo que otorgó la excarcelación, sostuvo que “el Estado puede echar mano, por distintas vías, para asegurar la presencia del imputado al proceso”, sin poner en riesgo la prosecución del proceso.
Riggi, en cambio, apeló a una extensa fundamentación en la que hizo pie en la evidencia de que ante “la severidad de la pena” que enfrenta, Chabán “podría intentar eludir la acción de la Justicia, y en el criterio de que “la excarcelación del imputado puede ser denegada en ciertos casos en los que la extrema gravedad de los hechos que se le imputan y el alto grado de sensibilidad social que los mismos hubieran ocasionado conduzcan a que su libertad pudiera exacerbar las legítimas demandas de justicia de la sociedad, conduciendo a los protagonistas a desbordes indeseados... por la confrontación del dolor y estupor social que el delito produjo con las aspiraciones de justicia de los ciudadanos, desprovistas de intencionalidades políticas y otras semejantes”, aclara Riggi. La aclaración del juez no fue inocua: es un embanderado contra la legitimidad de otras protestas sociales como las de los piqueteros.
Riggi sostuvo en su fallo que Chabán “ya tuvo intenciones de profugarse”, siendo “la conducta observada por el mismo con posterioridad al hecho que se le enrostra un indicio importante y demostrativo de sus intenciones”. En ese aspecto, el camarista indicó que se había demostrado que el empresario salió del local cuando se desató el incendio, no regresó para ayudar aunque dentro hubiera familiares y amigos suyos, que se fue caminando, que no se dirigió a su casa sino a un departamento de su propiedad.
Tragant asimiló su voto al de Ri-ggi, con lo que el fallo quedó con mayoría por el regreso de Chabán a la cárcel. Riggi, además, respondiendo a un pedido de D’Attoli para que no fuera “escindida la causa de la que juzga a los funcionarios del gobierno de la ciudad”, decidió “encomendar (al juez) que proceda a disponer y cumplir en el menor término de tiempo todo lo necesario para culminar la instrucción y elevar las actuaciones a juicio con relación a todos los imputados que corresponda, sin distinciones de ninguna naturaleza”.
De este modo, apenas pasadas las nueve de la noche, se inició el regreso del empresario de Cromañón a su estado anterior, la cárcel de Marcos Paz. Lo hizo rodeado por un grupo de prefectos de Albatros, vestido con campera azul y gorro de lana, portando dos bolsos y agachado como si intentara ocultarse de agresiones o de esquivar los posibles manotazos del destino. Trepó a una lancha de la Prefectura, donde extendió durante alrededor de una hora y media su aire de libertad en el Delta, hasta llegar al puerto de San Fernando. Después, sería trasladado por tierra hasta la cárcel de Marcos Paz, donde aguardará los resultados de la presentación que Pedro D’Attoli anunció que hará ante la Corte Suprema (ver aparte). En caso de que el pedido sea acogido, podría tener esperanzas de recuperar la libertad. En caso contrario, ya tendrá sellado su futuro más cercano. El otro, el más distante, ya le fue embargado.
Al mediodía, un grupo de familiares se había reunido ante la puerta de los Tribunales para aguardar el fallo. Cuando se conoció, se produjeron, en tono mucho más reducido, los mismos festejos que desataron una semana antes en la Legislatura, cuando fue suspendido Aníbal Ibarra.