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El gobierno de la ciudad lanzará hoy un plan social destinado a que todos los habitantes de Buenos Aires tengan garantizado un ingreso que los deje a salvo de la indigencia. La iniciativa es el primer programa social del país de carácter universal. Se llamará “Con todo derecho” y podrán acceder a él aquellas familias que ganen menos que la canasta básica de alimentos, que el Indec fija en 372 pesos para un matrimonio con dos hijos. Lo recibirán no sólo los indigentes, sino también quienes estén en el primer escalón de la pobreza. La estimación es que llegará a 80 mil familias (alrededor de 350 mil personas), según indicó ayer Jorge Telerman, vicejefe de Gobierno a cargo del Ejecutivo.
La presentación oficial se venía planificando desde finales de septiembre, cuando la suspensión de Aníbal Ibarra parecía un hecho improbable. Ahora pondrá al gobierno porteño en una situación paradójica: el proyecto social más ambicioso para una administración que gusta de definirse como progresista deberá implementarse mientras atraviesa el peor de sus cimbronazos.
“Hay una situación de crisis institucional que no subestimamos ni minimizamos, pero también hay un vaso medio lleno; así lo vemos todos, incluidos Ibarra y yo”, señaló Telerman al ser consultado sobre el punto. Apegados a la estrategia de mostrar “un gobierno que sigue funcionando, en una ciudad que sigue funcionando”, la decisión fue no postergar el evento. El programa consiste en un subsidio mensual equivalente a la canasta alimentaria a los hogares indigentes o que estén hasta un 25 por ciento por encima de la línea de indigencia. Quienes vivan solos accederán a un monto proporcional. La intención es que el plan ayude no sólo a los pobres estructurales, sino también a la franja más vulnerable de la clase media empobrecida. En el gobierno porteño anticipan que el ingreso alcanzará, por ejemplo, “a jubilados que cobran la mínima”.
A cambio, los beneficiarios deberán comprometerse a enviar sus chicos a la escuela, así como llevarlos a los controles médicos. Para los adultos habrá un requerimiento de que busquen activamente trabajo o hagan una capacitación.
El plan se pagará con una tarjeta magnética que servirá solamente para comprar alimentos, productos de limpieza y combustible para cocinar. La idea es que se utilice en comercios barriales y supermercados que deberán adherirse al sistema.
Demandará una inversión de 200 millones de pesos anuales, que ya figuran (en realidad por una cifra menor, porque el primer trimestre del 2006 queda afuera) en el proyecto girado a la Legislatura. En la administración porteña aseguran que hay consenso entre las fuerzas políticas para su aprobación.
La aspiración es que el programa sea preservado más allá de los vaivenes electorales. Si bien en una primera etapa se financiará a través del presupuesto, luego se promoverá una normativa que asegure su continuidad. “Estamos interesados en que lo más rápido posible tengamos una ley específica, es decir que esto se convierta en una política de Estado”, señaló Telerman, quien evaluó que su aprobación es factible. “Hay un compromiso de todo el arco político, en esto tenemos fuertes acompañamientos, aportes muy interesantes que hizo la Legislatura, porque claramente todos entendemos que atacar la desigualdad social es nuestro gran desafío como generación.”
El programa tomó las propuestas que se realizaron para su diseño en el Consejo Social, un órgano consultivo que reúne, entre otros, a la Pastoral Social, el Centro Islámico, la CGT y la CTA, la UIA, la AMIA, la Universidad de Buenos Aires y la Cámara de la Construcción. La propuesta final fue aceptada en el Consejo, con algunas observaciones. La Iglesia Católica y la CGT señalaron que había que cuidar que el subsidio no desaliente la cultura del trabajo, mientras que la CTA cuestionó el montó de la prestación que se otorgará. Hasta ahora, todas las políticas sociales implementadas en el país habían sido focalizadas. Esto implica que el Estado se reserva para sí la potestad de decidir a quién le da o le quita asistencia, un mecanismo que es la llave del clientelismo. En el verano del 2002, durante el peor pozo de la crisis, el entonces presidente Eduardo Duhalde creó el Jefas y Jefes de Hogar con un criterio de distribución universal, pero a los pocos meses, apagados los reclamos más fuertes, volvió sobre sus pasos y cerró el ingreso al programa.
La inscripción para este nuevo plan estará abierta desde el lunes 28 de noviembre al 23 de diciembre. El gobierno de la ciudad hará un control de los anotados y los subsidios comenzarán a pagarse en abril del próximo año; un grupo reducido lo recibirá en marzo, como parte de una prueba piloto.
Habrá una campaña de difusión con spots televisivos, radiales y afiches sobre los requisitos y exigencias para los beneficiarios y comerciantes que quieran adherirse. La información sobre lugares y fechas para anotarse (hay un cronograma según la terminación del DNI o libreta) puede ser consultada también en los Centros de Gestión Participativa o a la línea gratuita 0-800-777-6242.