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Casi con toda seguridad, la jueza María Servini de Cubría rechazará el recurso de amparo presentado por el diputado electo y ex represor Luis Patti, quien reclama que le permitan jurar y asumir su banca. La magistrada consideraría que el planteo es prematuro, ya que Patti no fue excluido de la Cámara de Diputados sino que su caso fue enviado a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, algo que está previsto en la Constitución nacional. Esa comisión tendrá que dictaminar dentro de los 90 días y luego el pleno de la Cámara votará si Patti asume o no. Sólo en este último caso se pondría en marcha la causa en la Justicia Electoral, la que probablemente termine en la Corte Suprema. El antecedente más inmediato fue el de Antonio Domingo Bussi, cuya resolución tardó cinco años, y la Corte, en aquel entonces integrada por una mayoría menemista, votó la restitución de Bussi a su banca, algo que igualmente no se cumplió porque el represor tucumano ya había aceptado que jure y ocupe su puesto el suplente, algo que no tenía marcha atrás.
El constitucionalista Gregorio Badeni pasó a ser el defensor oficial de Patti y en el escrito presentado ante la jueza alegó que el partido de Patti lo proclamó candidato a diputado nacional y no fue objeto de ninguna impugnación. Tampoco fue objetada la candidatura ante la Justicia Electoral por cuanto se habían dado cumplimiento a todos los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. La conclusión de Badeni es que “la Cámara de Diputados no puede añadir requisitos adicionales a los que taxativamente impone la Constitución nacional para ser incorporado a ese cuerpo. No puede desconocer la voluntad del pueblo manifestada libremente en los comicios al elegir, como diputado nacional, a una persona que fue habilitada para participar en el acto electoral y por añadidura mantener vacante una banca, desconociendo, parcialmente, la decisión adoptada en las urnas”.
El pase a comisión del caso Patti fue votado por las fuerzas mayoritarias en Diputados, el Frente para la Victoria, la UCR, el ARI y Propuesta Republicana, amén de que hubo legisladores de la propia alianza que integró Patti que también se sumaron a la mayoría. El artículo base de la Constitución por el que se dispuso el pase a Comisión es el 64, que establece que “cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez”. Según quienes votaron contra Patti, la Constitución explícitamente plantea que la Cámara de Diputados puede convalidar o no el título de diputado electo de Patti, aun cuando su candidatura no hubiese sigo impugnada en el momento en que se presentó. Y esa aceptación del título, que es facultad de la Cámara, se hace justamente a través de un dictamen de la Comisión y luego por voto del plenario de Diputados.
Con estos elementos a la vista, todo indica que Servini le dirá al ex comisario que debe esperar la decisión de la Cámara, porque aún no fue excluido. El dictamen tiene un plazo límite de 90 días, tras lo cual se haría la votación. En caso de que no se apruebe el ingreso de Patti a la Cámara, el ex represor sí podrá pedir que la justicia intervenga. El debate judicial seguramente tendrá los siguientes argumentos:
- Si es necesario que Patti tenga una condena firme para ser excluido o si basta con que haya procesamientos e incluso causas, que aunque estén prescriptas, demuestren que cometió delitos de lesa humanidad.
- Si el concepto de idoneidad moral del que se habla en la Constitución –aunque referido únicamente a los miembros de las cámaras y a acciones posteriores a su asunción– tiene que pesar o no en este caso.
- Si el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional, exige como elemento a tener en cuenta una condena judicial o si deja espacio para vetar el acceso a una banca a una persona que está siendo procesada.
Si la Cámara de Diputados –tal vez con los votos del FPV y el ARI– no permite en febrero o marzo que Patti asuma, se iniciará a pleno el camino en la justicia. No será fácil para el ex comisario y menos todavía rápido. De una u otra manera, el fallo de Servini de Cubría seguramente será apelado, por lo que el caso pasará a la Cámara Nacional Electoral. Y como ocurrió con Bussi, tal vez las cosas vuelvan a terminar en la Corte Suprema, esta vez compuesta por miembros distintos.