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El Congreso sancionó ayer la prórroga hasta fin del año próximo de la Ley de Emergencia Económica (en Diputados) y aprobó el Presupuesto 2006 (en el Senado), dos leyes neurálgicas para la administración económica que confieren al Poder Ejecutivo potestades de envergadura similar a los superpoderes muy cuestionados en las sucesivas administraciones. En virtud de estas recientes normas –la primera consagrada por Diputados y la segunda por el Senado–, tanto el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, como la ministra de Economía, Felisa Miceli, y su par de Planificación, Julio De Vido, gozarán de una libertad importante para disponer de los recursos de la Nación, renegociar contratos con las privatizadas y hasta limitar cualquier viraje drástico en la política social.
La extensión de la Emergencia Económica se planteó en principio como un recurso imprescindible para que el Ejecutivo pudiera seguir la demorada renegociación de contratos con las privatizadas. Pero la realidad es que el añadido del polémico artículo primero –que faculta al PE nacional a adoptar “las medidas necesarias tendientes a lograr una salida ordenada de la situación de emergencia pública”– amplió mucho aquel cometido original.
Para el senador justicialista Jorge Capitanich, una razón central para extender esa emergencia pública es sostener un argumento defensivo ante un virtual embate judicial de los bonistas que quedaron fuera del canje. Justamente, invocar una circunstancia grave y excepcional podría habilitar a la Argentina a modificar unilateralmente cualquier contrato celebrado con un inversor extranjero, según cierta jurisprudencia internacional.
Lo cierto es que aquella prórroga avanza sobre otras cuestiones, algunas que hoy no pueden precisarse debido a la ambigüedad de aquel artículo primero. De lo que no hay dudas es de que continúa el permiso para hacer contrataciones directas en el área de Salud y que se prorroga la vigencia del Plan Jefas y Jefes de Hogar tal como existe hoy, ciñendo el margen para reformular la política asistencial.
La flamante ley de Presupuesto, avalada con 39 votos contra 13 en la Cámara alta, plantea de hecho una cuestión similar, ya que confiere tantas o más potestades especiales que la prórroga de la emergencia, idea que está abonada por el pronóstico excesivamente modesto de crecimiento. Según la proyección consignada en el texto que se votó ayer, durante el próximo ejercicio el PBI aumentaría un 4 por ciento, número bastante más acotado que el 6 o 6,5 por ciento que prevén las estimaciones privadas. Sobre aquella pauta más modesta se calculan ingresos del Estado más bajos de los que efectivamente se conseguirán. Consecuencia: el Poder Ejecutivo podrá entonces disponer de aquellos excedentes a su arbitrio, tal como hizo en ejercicios anteriores.
Cuando semanas atrás en el Parlamento comenzó a discutirse esta cuestión a instancia de opositores y algunos oficialistas, el Ejecutivo se autolimitó, añadiendo un artículo que ratificó la elemental obligación de ajustarse a la ley de Administración Financiera. Entre otros límites, esta norma impide asignar a una jurisdicción el dinero que se originó en otra. También anunció la voluntad de crear un fondo anticíclico al que se destinaría el superávit fiscal.
Economía hizo saber que ese fondo será utilizado básicamente para cancelar deuda, en parte a través de la reposición de las reservas que ahora se emplearán para pagarle de una sola vez al Fondo Monetario Internacional. Por una determinación ajena a la voluntad del Congreso, la parte de los 5000 millones de pesos del Presupuesto reservada a cumplir con los organismos multilaterales, y que ya no se destinarán a honrar las obligaciones con el FMI, será empleada con aquel fin, tal como se informó desde el área comandada por Felisa Miceli.
Desde la oposición se reprochó cómo el Ejecutivo invadió potestades propias del Congreso a través de la administración libre de aquellos excedentes. Tal como recuerdan los legisladores radicales, Gerardo Morales entre ellos, hasta el 5 de diciembre se dictaron 72 decisiones administrativas por las cuales el Ejecutivo dispuso de 5161 millones de pesos, monto similar al que administró mediante decretos. Tan importante como esto son los fondos fiduciarios, un recurso superior a los 4000 millones que, aunque es recaudado con un fin, puede fácilmente ser destinado a otro.
El pronóstico inflacionario también da consistencia a la imputación opositora de que se trata de un presupuesto “virtual”, en este caso por subestimación: en la ley sancionada ayer se habla de un aumento de precios promedio para 2006 del 8,9 por ciento, cuando las estimaciones privadas no bajan del 11, y sin considerar el probable aumento de tarifas de servicios públicos.