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Con la sentencia cada vez más cerca en el juicio por los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán –se conocería el 2 de enero–, los movimientos piqueteros hicieron actos para conmemorar los dos años y medio de la masacre de Avellaneda bajo el pedido de juicio y castigo para los responsables políticos. Las agrupaciones y los familiares de las víctimas vienen planteando este reclamo desde el comienzo de las investigaciones, a las que calificaron de insuficientes, ya que consideran que sólo avanzaron sobre los autores materiales de los dos homicidios. Los abogados de la querella, sin embargo, son más optimistas y confían en que la sentencia que se espera escuchar en Lomas de Zamora los próximos días deje abierta una puerta para que se siga investigando sobre la cadena de responsabilidades que funcionó ese día en el Puente Pueyrredón.
Todos parecen coincidir en que el panorama que les espera a Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, principales acusados en la causa, es menos que alentador. La fiscalía les pidió cadena perpetua por coautoría de las muertes y siete intentos de homicidio. Además hay otros cinco policías acusados de encubrimiento, a los que se les pidió una pena de tres y cuatro años de cárcel. Según evalúan los abogados querellantes, el material periodístico que constituyó la principal prueba en el juicio y algunas del centenar de testimonios que se escuchó a lo largo de estos siete meses, corroboraron que ese día se usaron balas de plomo contra los manifestantes y demostraron que la policía actuó corporativamente bajo la responsabilidad de varios funcionarios, aunque ese capítulo todavía queda pendiente.
Para Claudio Pandolfi, uno de los abogados de las víctimas, son varios los elementos que aportó el juicio para avanzar sobre las responsabilidades políticas de la represión. Entre ellos destaca el fallo del mismo Tribunal 7 cuando decidió suspender la citación de Eduardo Duhalde, Juan José Alvarez, Carlos Ruckauf y Felipe Solá, en tanto están imputados en otras dos causas vinculadas a la masacre. “Con ese pronunciamiento, el Tribunal está afirmando que no son testigos sino acusados, lo que implica necesariamente que deben ser investigados”, explicó a Página/12. También fueron de valor algunos de los testimonios, como el del ex jefe de la SIDE Carlos Soria, quien ratificó ante el Tribunal que días previos a la tragedia circuló en Casa Rosada un informe alertando sobre un presunto plan para derrocar al gobierno de Duhalde. Lo más importante es que esa declaración, al igual que la del ex secretario de Seguridad Juan Pablo Cafiero, dejó en claro que había una decisión política de terminar con la protesta social.
Con menos optimismo, dirigentes piqueteros y familiares de las víctimas calificaron al juicio como una “cortina de impunidad”. “Acá hay un encubrimiento, un asesinato político. El Tribunal quiso evitar todo el tiempo que se siga investigando. Fanchiotti es tan responsable como todos los que estaban con él, pero no creo que se pueda avanzar sobre ellos. Para ello, en primer lugar, nunca se tendrían que haber desmembrado en otra causa”, opinó a este diario Vanina Kosteki, la hermana de Maximiliano. “Juicio y castigo a los responsables políticos” fue, pues, la consigna con la que las agrupaciones marcharon ayer al cumplirse dos años y medio de los asesinatos.
Por la mañana, el MTD Aníbal Verón y el Polo Obrero se concentraron en la estación Avellaneda donde murió Santillán. “Evidentemente hay una tendencia dentro de la Justicia con todas las investigaciones sobre los muertos del campo popular. El asesinato de Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, los muertos del 20 de diciembre... no hay un solo representante del poder político sentado por esas muertes”, manifestó Juan Cruz Daffunchio del MTD. Bajo la mirada de los quinientos efectivos de Gendarmería, la Federal, Prefectura y la Bonaerense, hacia el mediodía se movilizó al lugar el Frente Popular Darío Santillán. Tal como acordaron hace unos meses, no se cortó ningún carril del Puente Pueyrredón, con lo que el tránsito puso circular normalmente. Ante la inminencia del fallo, las organizaciones ya anunciaron un acampe frente a los tribunales de Lomas. El MTD Aníbal Verón además tiene prevista una marcha que saldrá desde la estación de Banfield. Si bien aún no se confirmó la fecha en que se dará a conocer la sentencia, se prevé que será a comienzos de la semana que viene, cuando se cumplan los cinco días desde la última audiencia.

Informe: Carolina Keve.