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La Justicia federal de Chaco ordenó la excarcelación del comisario retirado Lucio Caballero, segundo jefe de la Brigada de Investigaciones de Resistencia durante la última dictadura. Caballero había sido detenido y excarcelado irregularmente en 2002, pero a fines de septiembre pasado la Cámara Federal de esa provincia anuló la decisión de primera instancia y ordenó nuevamente su detención con otros siete represores acusados por la aplicación de tormentos agravados sobre once ex detenidos políticos antes del golpe de Estado de 1976. A casi dos meses de esa decisión, un juez de primera instancia –juez ad hoc– acaba de disponer nuevamente la excarcelación al considerar que no existe peligro de fuga. La decisión puede ser apelada en los próximos días por la fiscalía federal y la querella que no descartan la posibilidad de que la resolución de Caballero abra las puertas de salida al resto de los detenidos.
La llamada causa Caballero se inició en 2002 como derivación de los Juicios por la Verdad en Resistencia. Con la suma de testimonios, en julio de ese año el fiscal federal Jorge Auat solicitó la detención de Caballero y de otros seis represores por una causa cuyos hechos se originaron antes del golpe de Estado, pero derivaron, tiempo después, en el fusilamiento de los presos políticos del 13 de diciembre del 1976 en la masacre de Margarita Belén. Las causas tramitan separadas. Caballero quedó detenido en ese momento bajo los cargos de “tormentos agravados”, aunque luego consiguió la primera excarcelación cuando el entonces juez ad hoc de primera instancia, con una resolución insólita, decidió mantener el procesamiento sin prisión preventiva.
Todo el proceso quedó en suspenso hasta fin de septiembre de 2005. Recién entonces la Cámara Federal de Resistencia dictó la nulidad de la medida y ordenó nuevamente la detención de Caballero y de otros siete imputados, uno de ellos ahora fallecido. Desde entonces Caballero estuvo detenido con prisión domiciliaria; recientemente sus abogados presentaron un nuevo pedido de excarcelación y consiguieron otro fallo a favor, esta vez del nuevo juez ad hoc Ricardo San Martín. Ayer, el juzgado notificó la medida a la fiscalía federal que ahora evalúa la decisión y estudia la posibilidad de apelarla. Lo mismo sucedería con los querellantes.
El caso Caballero y la primera liberación de los detenidos provocaron varios efectos colaterales en la causa. En la resolución de septiembre la Cámara Federal ordenó con la nulidad, una investigación sobre dos fiscales de la ciudad acusados de haber participado de torturas durante la última dictadura militar. Son Carlos Flores Leyes y Roberto Mazzoni que también están involucrados en la causa por la masacre de Margarita Belén. Varios sobrevivientes denunciaron su presencia en los centros clandestinos de detención que funcionaron en el Chaco. Aunque no están acusados como partícipes, testimonios indican que habrían asistido a sesiones de tormentos y operativos de secuestros. Flores Leyes fue secretario del juzgado federal de Resistencia y Mazzoni, fiscal. Ambos son sometidos a una investigación en la Procuración General de la Nación por los mismos delitos, lo mismo sucede con dos ex integrantes de la Cámara Federal en el Consejo de la Magistratura.
La causa Caballero cuenta con un expediente conexo promovido por Auat por desaparición forzada de personas contra otros 39 policías. En la causa están imputados, además, el ex jefe de la policía del Chaco Wenceslao Ceniquel –también imputado por Margarita Belén–; el suboficial Ganino Manader, oficial José María Cardozo, el ex oficial Ramón Gandola, el ex cabo José Francisco Valiente, el ex oficial de la SIDE Horacio Valussi y Caballero.